La investigación interna del Departamento de la Familia relacionada a la intervención de una trabajadora social en el hogar de la infante de un año que murió en diciembre, en Aibonito, por un aparente patrón de abuso sexual y físico por parte de su padrastro, y que fue presuntamente denunciada por vecinos de la víctima, se encuentra en su etapa final, destacó la secretaria de la agencia Ciení Rodríguez Troche.

“La investigación, básicamente, está en una fase final. Ciertamente, tengo que ser muy cautelosa con los comentarios porque también toda esta investigación es parte del proceso criminal”, acotó Rodríguez respecto al caso judicial que enfrentan Yaniré Roque y Jovanie Aponte, madre y padrastro, respectivamente, de la pequeña Kaylianis Isabel.

A finales del año pasado, la secretaria de Familia anunció que una trabajadora social -cuyo nombre no se reveló- fue separada de todos los casos que tenía asignados, mientras se llevaba a cabo la pesquisa interna. Rodríguez Troche destacó que se llevaban tres investigaciones paralelas: la social, la criminal y una administrativa.

La secretaria había aclarado que con la acción de separar a la trabajadora social de otros casos no se estaba adjudicando a la agencia de alguna responsabilidad y más bien era una medida cautelar en lo que se levantaba la data y se revisaba el expediente del caso, del cual se desprende que había un plan de acción. La titular de la agencia se refiere a un plan de servicios que activó Familia relacionada a cuatro referidos que se recibieron previo al asesinato de la niña, en febrero de 2023, y que tenían que ver con otra pareja que tenía la madre de la menor y que ya no figuraba en el núcleo familiar desde junio del año pasado.

La progenitora también era investigada pues otro de los hermanitos de la infante fallecida se escapó un día de su casa y fue hallado caminando solo en la calle. La agencia corroboró que, referente a estos referidos, la trabajadora social visitó la casa de la menor en 13 ocasiones.

Sin embargo, una vez trasciende la muerte de la bebé vecinos del complejo de vivienda Proyecto Villa Rosa, en Aibonito, sostuvieron públicamente que habían llamado al Departamento de la Familia para alertar sobre situaciones de maltrato en la casa de la pareja. Ante las denuncias, Rodríguez Troche instó a la ciudadanía a aportar información que sirviera de evidencia en el caso al correo electrónico confidencia@familia.pr.gov.

“Nosotros ante las alegaciones de que hubo estas verbalizaciones o por lo menos llamadas a la línea, se hizo todo un análisis de las llamadas que entraron a la línea con referidos. Esos referidos fueron previos a otra situación y, ciertamente, habían sido atendidos. Y por eso es que mamá estaba recibiendo un plan de servicios en ese momento, pero estaba encaminado a un caso de violencia doméstica. Así que obviamente, sobre el caso y la persona en referencia que comete estos actos tan atroces, sobre ese particular, no hubo ningún caso que entrara a la línea”, acotó la titular.

“Respecto al correo electrónico no recibimos ninguna querella relaciondaa a este caso. Sí hubo (denuncias) relacionadas a otros casos y otros asuntos que estaban pendientes. Pero sobre el caso (Kaylianis) no recibimos un solo llamado o referido”, insistió.

Los hechos de este caso se remontan al pasado 18 de diciembre cuando la bebita fue llevada al Hospital Menonita en Aibonito con varios golpes. La niña estaba bajo el cuidado de la pareja de su madre, quien alegó que la nena se había caído de la cama.

No obstante, según confirmó la teniente Blanca Pérez, del Centro de Investigaciones Criminales de Aibonito, médicos que atendieron a la pequeña confirmaron que los golpes que presentaba no eran compatibles con una caída.

Según precisó, la menor presentaba golpes en la cabeza, sangrado en la oreja y deformación en sus partes íntimas, lo que es compatible con una agresión sexual.

Posteriormente, Aponte admitió, según la Policía, haber abusado sexualmente de la menor. Contra este, y la madre de la niña, se radicaron cargos con una fianza de $6 millones y $4 millones, respectivamente. Al no prestarlas, ambos fueron ingresados a prisión. Actualmente, el caso se encuentra en etapa de vista preliminar.