Varias comunidades afectadas por derrumbes, erosión y desprendimiento de terreno en Ponce aún esperan una respuesta por parte de las autoridades gubernamentales, a pesar del peligro en que viven muchos residentes con hogares y accesos inseguros.

Ante la dilación de las agencias concernientes, la Comisión para el Desarrollo y la Fiscalización de Fondos Públicos de la Región Suroeste de la Cámara de Representantes, convocó a una vista interagencial para conocer en qué estatus se encuentran los procesos.

El encuentro, realizado el viernes en el salón de actos de la Legislatura Municipal de Ponce, se transformó en una mesa de trabajo de la que participó la Oficina de Recuperación, Reconstrucción y Resiliencia (COR3), así como el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA), el Departamento de la Vivienda Estatal y el Departamento de Seguridad Pública.

Además, acudieron funcionarios del Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP), Autoridad de Carreteras y Transportación (ACT), Guardia Nacional, LUMA Energy y el Municipio de Ponce, quienes respondieron a preguntas del presidente de la comisión cameral Ángel Fourquet Cordero y el representante Domingo Torres.

Allí se descubrió que el problema radica en la falta de comunicación entre las partes y es lo que mantiene en el limbo la ayuda a vecinos del sector El Seto del barrio Montes Llanos, comunidad Tiburones y algunas áreas de las urbanizaciones Jardines del Caribe y Las Delicias.

Fourquet dijo que “a mi entender se perdieron unas oportunidades que no solo resuelve lo que tenemos ahora, sino mejorar nuestra respuesta en el futuro. El DRNA fue tímido en un momento dado de asumir esa responsabilidad, especialmente, con los eventos del río Inabón y el río Canas en Las Delicias”.

Asimismo, detalló que “en el caso de la calle 58 de Jardines del Caribe son 26 residencias afectadas. En El Seto son más de 20 familias y en Las Delicias, no tenemos un número particular porque estamos estudiando cual es el efecto que tendrá esa erosión”.

“Esto lleva tiempo bajo la consideración del gobierno, especialmente lo que comprende Las Delicias y Jardines del Caribe. Lo que pude ver es que no hubo movimiento, no hubo tracto, no hubo seguimiento”, lamentó.

Sin embargo, la secretaria del DRNA, Anaís Rodríguez Vega, reveló que en el caso de Jardines del Caribe, según el informe ejecutado por la geóloga Ruth Vélez Rosado, los residentes extendieron sus construcciones a un área llamada “franja verde”.

Es decir que, erigieron estructuras fuera del límite permitido.

“Creo que reafirma lo que venimos diciendo; cada vez que emitimos permisos, cada vez que emitimos endosos, es importante que las personas respeten los límites de sus propiedades, respeten los límites de las franjas verdes, respeten los cuerpos de agua, respeten cada uno de nuestros recursos naturales para que, prospectivamente y, en un futuro, evitar que haya daños en la propiedad y haga algún efecto a la vida humana”, sentenció.

En cuanto al problema de inundaciones que sufren las comunidades aledañas a la PR-1, cerca del aeropuerto Mercedita, Rodríguez Vega destacó que, “en el río Inabón, tras la declaración de emergencia (por el huracán Fiona), hubo coordinación con la Guardia Nacional para que se empezaran los procesos de limpieza”.

Igualmente, reveló que en el cuerpo de agua se encontraron “escombros de sedimentación, escombros de casas que fueron arrojadas allí, material vegetativo y que pueda estar impidiendo o desviando el cuerpo de agua para que pueda haber un mayor flujo y que se inunden las propiedades con menor frecuencia”.

“Es importante aclarar que el DRNA necesita solicitar al Cuerpo de Ingenieros, la permisología para entrar en los cuerpos de agua. No se nos autoriza la limpieza completa de los cuerpos de agua, sino por pedazos y es lo que venimos trabajando, no solamente en esta área sino alrededor de la isla, trabajos que por décadas no se habían realizado”, expuso.

Asimismo, la titular del DRNA reveló que, según el análisis de la geóloga, tanto en Las Delicias como en Jardines del Caribe, “no hay un riesgo inminente que requiera que se reubiquen de manera inmediata”.

“Hay que hacer un trabajo de mitigación, pero las estructuras no están en peligro inminente, como en el otro caso (El Seto), que hubo una recomendación de desalojo inmediato porque la estructura, su entrada y su salida está comprometida”, admitió.

A esos efectos, el administrador de la Ciudad, Francisco Rodríguez, resaltó que, en el caso de El Seto, “las propiedades no se han visto afectadas sino la carretera principal y unas áreas aledañas, pero no las propiedades”.

“Hemos estado visitando con FEMA, hemos logrado una obligación de $42,000 para un estudio para ser más específicos sobre los daños y cómo se puede reparar. FEMA ha hecho un estimado aproximado de $2 millones para la reparación, si es viable”, señaló.

No obstante, Rodríguez admitió que “existe una preocupación y es que los propios residentes han colocado material para poder tener acceso a las propiedades; han rellenado los espacios”.

“Eso nos crea una preocupación, porque ese material y el posible movimiento de vehículos pueda afectar el área y agravar el problema. Nosotros podemos entender la preocupación y el desespero, porque son sus residencias, pero que seamos un poco prudentes para buscar una solución”, apuntó.

Igualmente, el funcionario municipal manifestó que los residentes en este sector prefieren permanecer en sus hogares, a pesar de la situación.

Mientras que el secretario del Departamento de la Vivienda, William Rodríguez, habló sobre la posible reubicación de algunos sectores. No obstante, insistió en que debe ser un movimiento voluntario.

Esto al responder qué pasará con las personas que no cualifiquen para los fondos CDBG que fluctúan entre $160,000 a $200,000 dólares.

“Lo que procede en estos casos es reubicar familias. Siempre los casos de las familias con personas de la tercera edad son los casos que trabajamos con más delicadeza, buscamos alternativas. En el sur tenemos a Ponce NHS que nos ayuda en todo este proceso para poder lograr la reubicación”, sostuvo.

“Una vez culminemos el impacto en cada comunidad, vamos a ver lo que no cualificaron y los que no quisieron participar del programa y ver cuál va a ser el acercamiento con cada uno de los casos. Y ver bajo (qué) otro programa podemos ayudar a las familias que no cualifiquen bajo los fondos CDBG”, acotó.

No obstante, admitió que, luego de los terremotos y los huracanes, la disponibilidad de vivienda en el sur es limitada.

“Para ello implementamos un programa, bajo este mismo programa de vivienda unifamiliar, donde corrimos un proceso competitivo que lo vamos a adjudicar en julio donde la intención original era crear 3,000 unidades de vivienda nuevas en Puerto Rico para poder servir de opción para reubicar a estas familias”, reveló.

Finalmente, el representante Fourquet Cordero denunció que, el gobierno estatal pretende desviar $60 millones en fondos federales que fueron asignados para solucionar la situación del río Inabón y, “llevárselos para trabajar (el río) Luchetti de Yauco”.

Durante la vista interagencial “se comprometieron a contestarnos a dónde están esos fondos, porque a pesar de que son para el Inabón, se los querían llevar todos para el Luchetti en Yauco y dejar desprovisto acá”.

“Aquí se afectan (las comunidades) Tiburones, Buyones, parte de Calzada, la PR-1, el aeropuerto. También hay una escuela y comunidad en el Cotto Laurel, una estructura de la AAA que está expuesta y nos crea un problema también, crítico. El alcalde ha hecho la gestión de convocar a todo el mundo. Pero queremos ver la acción”, concluyó.

Cabe destacar que la comisión cameral dio 10 días a las agencias para responder por escrito sus respectivos planes de acción para encaminar la ayuda a estas comunidades.