La implementación de la ley que prohíbe el plástico de un solo uso quedó detenida hasta, al menos, el próximo 1 de julio, luego de que el Departamento de Asuntos del Consumidor (DACO) y el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA) determinaran por orden administrativa dejar sin efecto la interpretación que se realizó para orientar a los comerciantes sobre las alternativas ecoamigables que tenían disponibles para sustituir el plástico.

La orden administrativa emitida ayer, lunes, establece que “se deja sin efecto la interpretación, la cual buscaba aclarar los procedimientos de supervisión y fiscalización de los establecimientos comerciales, según definidos por la propia reglamentación, respecto a la prohibición del uso y venta de plástico de un solo uso en Puerto Rico, al igual que promover la implementación y cabal cumplimiento con la Ley 51”.

Esta decisión se tomó porque este martes se cumplía el término que dio el Tribunal Apelativo para que el gobierno fijara una postura sobre esta controvertible interpretación de la ley, la cual llevó a la Asociación de Restaurantes (ASORE) a radicar un recurso administrativo contra las agencias en dicho foro judicial.

“Hemos tomado esta decisión en conjunto, para evitar que el pleito ante el Tribunal de Apelaciones continúe”, aceptó la designada secretaria del DACO, Natalia Catoni en declaraciones escritas.

Esta medida les dará tiempo a las agencias de retomar el esfuerzo educativo sobre la prohibición del plástico de un solo uso. Además, deja a los comerciantes sin una interpretación en la que se exponga qué materiales pueden o no utilizar para cumplir con la ley que prohíbe el plástico de un solo uso.

Pero, el problema es mucho mayor. La secretaria del DACO aceptó que su agencia no tiene capacidad para fiscalizar a los restaurantes y otros comercios para evitar que continúen utilizando el plástico de un solo uso.

Ante esta acción, el presidente de ASORE, Carlos Budet, indicó que “la decisión del DACO y el DRNA de dejar sin efecto la interpretación administrativa 2024-001 del reglamento relacionado con la ley de plásticos de un solo uso reafirma la importancia de que cualquier regulación sea justa, transparente y viable. Los procesos regulatorios deben trabajarse en conjunto por el bien de todas las partes. Esta acción protege a la industria de restaurantes de cumplir con requisitos que no contaron con el debido proceso en su desarrollo. Es importante aclarar que la derogación es a la interpretación y no al reglamento como tal. En ASORE seguiremos trabajando en defensa de nuestra industria, promoviendo soluciones balanceadas y equitativas que beneficien a todos los sectores de nuestra sociedad”.

La semana pasada, el director de ASORE, Gadiel Lebrón, denunció a este diario que el cambiar los platos, vasos, utensilios y sorbetos a material ecoamigable ha provocado un incremento en los gastos de operación de los restaurantes que se ha pasado a los consumidores.

“Hay escasez de productos, por un lado, y los que hay casi cuatriplican los costos. Ese es el problema que estamos enfrentando”, denunció, al tiempo en que comentó que ya los suplidores no ofrecen plásticos como alternativa a comprar.

Pleito de ASORE

Según el récord judicial, el pasado 6 de diciembre el Tribunal de Apelaciones, ante una petición de Revisión Administrativa que realizó ASORE, detuvo temporalmente la aplicación de la Interpretación Oficial 2024-01. Este documento lo hizo el DACO y el DRNA el 8 de noviembre de 2024 para aclarar la reglamentación que se creó ante la aprobación de la ley que prohíbe de los plásticos de un solo uso.

La interpretación detalla que la misma se realizó por las consultas que se recibían sobre dudas que se tenían para cumplir con el Reglamento 9570 del 28 de junio de 2024 que se aprobó para cumplir con la ley que impuso la prohibición.

Entre los problemas que se tenían se encontraba cuál era la definición de reutilizable y de compostable, cuáles eran los productos que se podían utilizar o vender en panaderías, supermercados y otros comercios, clarificar si se podían utilizar materiales denominados como PETE, PLA y PHA, así como precisar si la venta o utilización de tapas para vasos o tazas estaba también prohibido.

La interpretación, por ejemplo, afirmaba que la comida preparada no puede ser envasada en plástico, pero aquellos que sean “alimentos elaborados” en Puerto Rico u otros estados para la venta sí pueden continuar siendo empacados en plástico. Mientras, rechazó el uso de tapas plásticas para sellar las bebidas.

Al ASORE impugnar algunas de estas interpretaciones que se dieron y al tribunal paralizar su cumplimiento, el pasado secretario de DACO, Francisco González de la Matta, determinó posponer el inicio de la imposición de multas por utilizar plástico de un solo uso del pasado 31 de diciembre hasta el 1 de julio.

Catoni, quien se topó con esta controversia en medio del cambio de gobierno, expuso que la determinación de dejar sin efecto la interpretación lo que hace es allanar “el camino para un manejo más efectivo y justo de la Ley 51-2022. Queremos garantizar una transición justa y efectiva hacia el cumplimiento de la Ley 51-2022. Nuestra prioridad es ofrecer el apoyo necesario a los comerciantes y a los consumidores para asegurar que entiendan y adopten las disposiciones de la ley”.

Por su parte, el designado secretario del DRNA, Waldemar Quiles, expuso que “nuestro norte es que los consumidores y comerciantes comprendan todos los protocolos de la Ley 51-2022 y puedan hacer la transición necesaria para ajustarse a sus disposiciones. Hemos estado en conversaciones con la secretaria del DACO durante la pasada semana evaluando las inquietudes de los ciudadanos. Entendemos que esta Orden Administrativa es un mecanismo hacia la implementación efectiva de la antes mencionada ley”.

Cabe destacar que, en el comunicado conjunto que se emitió para informar la decisión, se aludió a que “con esta acción, la administración de la gobernadora Jenniffer González, reafirma su compromiso con el desarrollo sustentable y la protección del medio ambiente, al tiempo que asegura un manejo responsable y justo de las políticas públicas”.

Sin poder para fiscalizar

Por otro lado, en una entrevista concedida por la secretaria del DACO a la emisora Magic 97.3, Catoni explicó que quedaría vigente por el momento la fecha del 1 de julio como la que se comenzarían a multar a aquellos comerciantes que utilicen vasos, tapas, platos, cubiertos o sorbetos de plásticos a sus comensales.

Hasta el momento, la ley expone que pueden utilizar material reutilizable, compostable o reciclable como alternativa. Faltaría que se emita una guía que precise qué se clasificaría como tal bajo esos estándares.

Ante tal situación, Catoni aceptó en la entrevista radial que la ley no es clara y que es difícil de implementar. Habló de la posibilidad de que se requieran enmiendas para ponerla en vigor desde el 1 de julio como es debido. Esto implicaría que se inicie a fiscalización y las multas a los comerciantes.

De acuerdo con la ley, las multas van desde $500 hasta $5,000 por violación.

Catoni aceptó que, por lo pronto, los comerciantes pudiesen continuar con el uso de cubiertos y utensilios de plástico o ‘foam’, aunque insistió en que no sería recomendable. Esto se debe a que, aunque no se pueda multar por seguir utilizándolos, hay una ley que los prohíbe.

“Volvemos para atrás. Vamos a enfocarnos en la parte de orientar al comercio y al consumidor de lo que implica la ley. De ahí sí les puedo decir que estamos ya en comunicación con la Legislatura para saber cómo se puede trabajar la ley. ¿Por qué? Yo he sido bien clara. Yo fiscalizar el mandato de la ley, se me hace bien difícil. No solamente por la cantidad de violaciones que pueden ocurrir y la cantidad de comercios que lo hacen es gigante. Y la otra parte es la falta de ‘expertise’. Es inmanejable”, opinó la nominada al DACO.

Aceptó que con toda la controversia que ha tenido esta ley, la Legislatura pudiesen optar hasta por derogar la ley que prohíbe el plástico de un solo uso.

“La prerrogativa que tenga la Cámara y el Senado de cambiar la ley y a qué nivel lo van a cambiar, eso se lo voy a dejar a ellos. Voy a colaborar y estoy disponible en eso. La realidad es que el reglamento que sí queda vigente, bajo mi orden administrativa, yo no puedo, no tengo forma de fiscalizar. Y yo le he sido bien clara, no estamos hablando de que estemos en contra del reciclaje ni en contra de una política pública proambiente. El problema es que yo como agencia tengo que entender mis limitaciones, no solamente a nivel de entender lo que estoy fiscalizando, pero mi capacidad de fiscalizarlo, y no la tengo”, concluyó.