Un centro de salud se construye en Hato Rey para atender las necesidades relacionadas con la salud física y mental de alrededor de 80,000 militares jubilados de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos en Puerto Rico.

El Programa Domiciliario y Centro Psicosocial Ambulatorio de Asuntos del Veterano (VA, en inglés) comenzó a levantar en julio de 2021 el San Juan Psychosocial Rehabilitation and Recovery Center (SJPRR), que albergará dos componentes esenciales en el modelo de recuperación de la atención continua para los veteranos, tales como un programa residencial de rehabilitación y tratamiento, y un centro residencial de rehabilitación psicosocial.

El desarrollador Jacobo Ortiz Blanes explicó a Primera Hora que el programa brindará servicios, como talleres de nutrición, conferencias de bienestar emocional y asesorías psicológicas en un solo lugar. Indicó que hoy en día la Clínica de Veteranos los ofrece, pero “todos regados por diferentes partes”.

“El Departamento de Veteranos está haciendo un cambio donde está integrando todos estos servicios de una manera holística en un solo sitio, en todos los estados, para que los veteranos tengan un mejor cuidado en esa parte psicosocial”, indicó el también presidente de Las Brisas Property Management, al tiempo que expuso que los primeros dos pisos del establecimiento se encargarán exclusivamente de esa iniciativa.

“Después de una guerra, los trastornos que muchos de ellos cargan es una cosa bien dura y (en este centro) ayudan no sólo al veterano, sino también a su familia a trabajar con ellos”, destacó.

Por otro lado, el centro residencial de rehabilitación psicosocial será unos de los nuevos servicios que tendrá esta facilidad, que consistirá 40 habitaciones y estará enfocado en promover el desarrollo de nuevas habilidades y actitudes necesarias para que los veteranos puedan vivir una vida independiente.

Estos servicios interdisciplinarios serán individualizados para cada residente, con énfasis en tratar problemas de salud física y mental, así como en la capacitación de habilidades para vivir en comunidad, y la oportunidad de incorporarse al día a día. Igualmente, los tratamientos incluyen a su círculo familiar para educarles sobre cómo integrarse con éxito a la vida del exmilitar.

“El servicio domiciliario no existe en la Isla”, expuso. “Administración de Veteranos entiende que hay mil veteranos al año que necesitan de estos servicios, que ellos solo pueden mandar a cien a Estados Unidos y es complicado. Así que hay unos 900 al año que se quedan sin recibir ese servicio”.

“Hay una barrera de idioma entre muchos de ellos, algunos no tienen las destrezas físicas para poder viajar a otras jurisdicciones para dar estos servicios”, destacó.

Igualmente, el programa tendrá también intervenciones de desarrollo de habilidades, basadas en la comunidad, orientadas a la recuperación y apoyos para veteranos con enfermedades de salud mental y uso problemático de sustancias. Dichos tratamientos se proveerían de tres a cinco semanas.

Según Ortiz Blanes, la construcción del centro de salud proviene de una inversión de $50 millones en fondos autorizados por el Congreso de los Estados Unidos para atender a militares que fueron movilizados a zonas de guerra y contribuciones privadas que identifica la compañía desarrolladora.

El desarrollador manifestó que Veteranos acude al sector privado para la construcción de la instalación, según sus especificaciones, “y ellos las operan cuando termine”.

Acceso a otros servicios

Jorge Pedroza, presidente del capítulo local de Vietnam Veterans of America, indicó a este medio que el desarrollo del Programa Domiciliario y Centro Psicosocial Ambulatorio es una “victoria para la clase veterana”, debido a que esta población contará con acceso a servicios de salud que eran exclusivos en los Estados Unidos.

“Nosotros llevábamos sobre 10 años esperando de que esto se diera, y por fin lo logramos”, indicó. “El veterano, cuando sirve a las Fuerzas Armadas, no sale de Florida, ni de Georgia, ni de Alabama, muchos salen de Puerto Rico, y le toca al estado de Puerto Rico atender esos veteranos cuando regresan y contar con todas las facilidades. Puerto Rico tiene que estar a la par con los demás. De no ser así, hay cierto tipo de discrimen en contra nuestra, y hemos vivido discrimen desde que muchos de nosotros regresamos de Vietnam”, aseguró Pedroza.

Igualmente, indicó que el programa no solo ayudará a la comunidad militar, sino que también generará un estimado de 750 empleos directos e indirectos; y durante la operación, la plantilla laboral se estima en unos 125 trabajadores.

“Ahora que tenemos esto, muchos de los veteranos que estaban en fila, esperando a ir a los Estados Unidos a recibir estos tratamientos, no van a tener que hacerlo porque van a tener las facilidades aquí mismo y estarán de la mano de sus familiares”, explicó. “Esto es una ganancia grande, esto ayudará a la nueva generación de veteranos, aquellos que fueron movilizados a otras zonas de guerra. Ahora los podremos tratar aquí en Puerto Rico. No podemos dar para atrás ahora”.

Hay oposición

No obstante, el proyecto ha enfrentado sus limitaciones.

En septiembre de 2021, el Hospital Español Auxilio Mutuo (HEAM) radicó una petición de mandamus y un entredicho preliminar para que la Oficina de Gerencia y Permiso (OGPe) y el municipio de San Juan ordenaran la paralización indefinida de la construcción del SJPRR y, posteriormente, su demolición en la alternativa que se estuviera realizando alguna obra sin un permiso ni una consulta de ubicación válidamente expedidos tras obtenerlos usando información falsa.

La facilidad hospitalaria argumentó en su petición que la instalación en desarrollo afectará sus finanzas “pues se estarán atendiendo pacientes que, de ordinario se podrían atender y recibir tratamiento en el HEAM”. Igualmente, el recurso legal expone que el SJPRR tendría repercusiones en el tránsito del área y en la seguridad de la comunidad que visita el establecimiento diariamente dado que el programa atenderá “personas que sufren de enfermedades mentales serias y persistentes”.

“El HEAM tiene que velar por la seguridad física de sus empleados, facultativos, pacientes, y la gente que visitas sus instalaciones a diario”, reza el documento.

“En específico, la instalación que propone SJP, con el uso al que se desea destinar - de aplicar el Reglamento Conjunto de 2020 o 2019 - requiere una separación de no menos de 50 metros en cada uno de sus lindes”, especificó.

“Dada la proximidad del HEAM a las instalaciones propuestas, es importantísimo que este parámetro de diseño sea observado, para prevenir que personas con enfermedades mentales severas que se estarán alojando allí, los cuales desconocemos si pueden o no ser violentos, se escapen y puedan representar un riesgo para la población que sirve del HEAM”, agregó.

Aunque la petición de HEAM fue desestimada por el juez Alfonso Martínez Piovanetti por haberse tornado académica tras un caso consolidado del Tribunal de Apelaciones emitir una sentencia en julio de 2021 que dejó sin efecto los Reglamentos en Conjunto vigentes, Ortiz Blanes catalogó la acción que tomó el hospital como “una injusticia, algo irresponsable”.

“Esta población [de veteranos] no compite con la población de clientes del Auxilio Mutuo. Esta gente va a Veterano y no paga. Esto no compite con ellos, pero ellos tienen, y cuando digo ellos, hablo sobre la Junta de Síndicos de Auxilio Mutuo, se estén oponiendo a una clínica de salud para veteranos”, expresó.

“Yo encuentro que esto es un acto indignante e inhumano, porque ellos son, sobre todo, una entidad de salud ‘non-profit’. Esto es una entidad que ha recibido, en los últimos dos años, en fondos de COVID, $88 millones del gobierno federal. De Medicaid, esta gente recibe sobre $100 millones al año. En fondos federales, ellos reciben por atender a las personas que usan Medicaid y Medicare allí. Para mí, que la junta de síndicos de un hospital ‘non-profit’ se oponga a algo federal, es chocante”, destacó.

Igualmente, este indicó que las impugnaciones del Tribunal Apelativo sobre los Reglamentos Conjuntos de Permisos, ni el argumento que utilizó la organización sanitaria, “no tiene que ver nada con mi proyecto” dado que el mismo no se cataloga como un hospital psiquiátrico.

“Nuestro proyecto cumple con todos los reglamentos necesarios, el del 19, el del 20, el del 2010. Cumple con todos porque nos preparamos para eso, porque sabíamos que había unos truenos y no queríamos que nada nos atravesara”, indicó.

No obstante, el desarrollador señaló que aún reina incertidumbre sobre cuál reglamento sigue vigente, pues en enero de 2022, la Junta de Planificación decretó una resolución donde señala que el Reglamento Conjunto de 2020 sigue vigente hasta que el Tribunal Supremo de Puerto Rico emita una sentencia final sobre dos casos que aún siguen vivos sobre la legislación que emite la OGPe.

“Ahora mismo, hay una incertidumbre entre cuál es el reglamento. El Gobierno dice que es el reglamento del 2020, el apelativo dice que no, que es del 2010, en el cual yo califico también, pero, a pesar de eso, nos pararon”, indicó, al tiempo que sostuvo que el pleito legal paralizó parcialmente el financiamiento privado que tenía el programa.

Sin embargo, Ortiz Blanes sostuvo que el proyecto reinició sus operaciones de construcción en marzo, y se espera que esté finalizado en junio de 2023.

“Nosotros hemos estado peleando como gato boca arriba para que los derechos de los veteranos se honren y se cumpla lo que la encomienda que nos dieron, a pesar de todos estos escollos, y ha sido bien difícil”, expresó.

Reacciona Auxilio Mutuo

En declaraciones escritas, el Hospital Español Auxilio Mutuo reaccionó a Primera Hora sobre la controversia de la construcción del San Juan Psychosocial Rehabilitation and Recovery Center y la institución señaló como “incorrecta” las aseveraciones que realizó Jacobo Ortiz Blanes.

“El Hospital Español Auxilio Mutuo, institución sin fines de lucro y con más de 138 años sirviendo a la comunidad, mantiene una estrecha relación con el Hospital de Veteranos, y presta servicios especializados a dicha población de pacientes, cuando dicho hospital no puede ofrecerlos. El Auxilio Mutuo está orgulloso de servir a los veteranos con el mismo afán que ofrece servicios y cuidados de salud a todos sus pacientes”, indicó.

Por otro lado, el centro de salud señaló que el proyecto en cuestión “no es de la Administración de Veteranos, sino de un desarrollador privado”.

“Al comprar esta parcela del extinto Banco Gubernamental de Fomento (BGF), a través de una solicitud de propuestas (Request for Proposal), el desarrollador representó, y fue una condición esencial para la venta, que la misma fuera utilizada para residencias de estudiantes y otros, y para un estacionamiento para el Monte Mall, el supermercado Pueblo y el Tribunal de Primera Instancia, lo cual era consistente con el plan del Gobierno para la zona. Sin embargo, el desarrollador incumplió y violó dicha representación”, expresó.

Por otro lado, Auxilio Mutuo indicó que el desarrollo propuesto no cumple con aspectos críticos de la reglamentación vigente, por lo cual presentaron anteriormente una oposición a una consulta de ubicación presentada por dicho desarrollador.

“Ante los reclamos del Auxilio Mutuo, el Tribunal de Apelaciones, en varias ocasiones, ha anulado la Consulta de Ubicación y/o el Permiso de Construcción. El Tribunal de Apelaciones ha señalado, en más de una ocasión, que no se han seguido los procesos y las leyes y reglamentos aplicables”, sostuvo.

“El Hospital Español Auxilio Mutuo, como cualquier ciudadano, tiene el derecho de velar que se cumpla la ley y que los procesos administrativos se lleven a cabo conforme al derecho aplicable”, agregó.

No obstante, Primera Hora obtuvo acceso a una carta que emitió el Departamento de Asuntos del Veterano en enero de 2021 donde la agencia federal confirma su compromiso de asumir el arrendamiento de la instalación “una vez se construyan las instalaciones”.

Igualmente, el documento reconoce la existencia de unos fondos asignados por el Congreso de los Estados Unidos para atender los dos programas que estarán operando en la facilidad.

“Es importante mencionar que el nivel de atención que se prestará en el centro se considera independiente con el objetivo de ayudar a los veteranos a reincorporarse a la comunidad, por lo que certificamos que el Departamento de Asuntos del Veterano no tiene intención de tratar o prestar servicios a los veteranos que sufren demencia en este centro”, aclaró.

Responde la comisionada residente

Por su parte, la comisionada residente Jenniffer González catalogó como “meritorio” que se le haga justicia a la comunidad veterana en la Isla completando la construcción del centro psicosocial.

“Este es ciertamente uno de los proyectos más trascendentales que hemos anunciado, recientemente, en beneficio de la población de veteranos para ampliar y mejorar los servicios que se ofrecen a ellos que lo dieron todo por defender y salvaguardar nuestras libertades”, expresó en declaraciones escritas.

Además, la comisionada residente llamó a realizar “todo lo que la ley y reglamentos correspondientes permita para que estas instalaciones comiencen a ofrecer estos servicios lo más pronto posible”.

“La salud mental es un asunto serio para el que no hay suficientes instituciones en la isla para atenderlo. Los veteranos de Puerto Rico y las Islas Vírgenes merecen un lugar para sanar sus heridas mentales después de su servicio a nuestra nación. Esta clínica de salud mental sería la única para nuestros veteranos en el Caribe americano”, señaló.