El adolescente que sobrevivió tras ser apuñalado y arrojado desde un puente por individuos que asesinaron a sus padres, así como a su abuela materna y a su hermano de 15 años, permanece bajo la custodia provisional del Departamento de la Familia, aunque viviendo con una tía en Puerto Rico.

Así lo confirmó la titular de esa agencia estatal, Idalia Colón, quien adelantó que próximamente se llevará a cabo una vista judicial para evaluar la ubicación definitiva del niño.

En esa audiencia se considerará la posibilidad de que el menor pueda ir a vivir con un hermano mayor, quien reside fuera de Puerto Rico, pero actualmente se encuentra ofreciéndole apoyo, explicó Colón en entrevista con este medio.

Ese hermano y su esposa han participado activamente de orientaciones con el Departamento de la Familia para facilitar la ubicación del adolescente, señaló la funcionaria.

El Departamento de la Familia debe presentar recomendaciones que se tomarán en consideración en la citada vista.

La agencia deberá tomar en consideración el ambiente en el que reside esta familia, la cercanía de escuelas en el hogar de su hermano mayor y la posibilidad de que el niño pueda tener un seguro médico. Además, se considerará la opinión del menor, antes de una determinación final, explicó Colón.

“Hemos sugerido que él vaya por un tiempo (a vivir con esos familiares) para que pueda experimentar, a ver si se siente cómodo”, manifestó la funcionaria. “Entendemos que él tiene la capacidad de decidir dónde y con quién quiere estar”, agregó la veterana trabajadora social.

Aunque esa podría ser una opción para el menor, Colón aclaró que la agencia no descarta que otros familiares, incluyendo a sus parientes de Perú, puedan optar por su custodia, "sin que eso signifique cortar la relación con la otra parte de la familia”.

Donativos en entredicho

Por otro lado, Colón sostuvo que la solicitud de donaciones que hizo la American Military Academy para ayudar al menor sobreviviente de la matanza, ocurrida el 18 de noviembre en Guaynabo, fue un acto voluntario del colegio, por lo que la agencia a su cargo no tenía conocimiento de la iniciativa.

Fue la superintendente de la citada escuela militar, Michelle Alfaro, quien informó a través de redes sociales sobre la solicitud de cooperación “para resolver el problema inmediato de transición, ya que demorará el tener acceso a las cuentas y seguros que le pertenecen a él”, según escribió textualmente mientras se solicitaron donativos en tarjetas de regalo para el alumno.

Colón aseguró que el Departamento de la Familia le ha provisto al adolescente recursos de psicólogos, apoyo de un trabajador social y atención médica. Además, sostuvo que tanto la tía que lo tiene bajo su cuidado, como un hermano mayor por parte de padre, se encargan de proveerle los artículos de primera necesidad que el menor requiera.

“Si hay necesidad de comprar algo, pueden hacer esa gestión con nosotros”, puntualizó la Secretaria de la Familia

Pendiente de juicio

Por los asesinatos de los padres del adolescente, así como de su hermano de 15 años y de su abuela materna fueron acusados Christopher Sánchez Asencio y José Bosch, quienes permanecen sumariados en prisión en espera de juicio.

Según la pesquisa de la Policía, Sánchez Asencio y Bosch irrumpieron en la casa del militar retirado Miguel Ortiz Díaz, de 66 años, y lo ultimaron a tiros. En la residencia, ubicada en la urbanización Los Frailes, en Guaynabo, también asesinaron a Carmita Uceda Ciriaco, la esposa del hombre que por años fue maestro en la American Military Academy. Además, mataron a Clementina Ciriaco López, suegra de Ortiz Díaz.

Después del triple crimen, secuestraron a los hijos del matrimonio, de 15 y 13 años. Posteriormente asesinaron al mayor de los adolescentes e intentaron matar al menor, que sobrevivió milagrosamente.

La Policía maneja información en el sentido de que Sánchez Asencio estaba molesto con Ortiz Díaz porque procuraba que el joven y su madre desalojaran la residencia de su propiedad que le alquiló en la urbanización Versalles en Bayamón. Trascendió que se había iniciado un trámite judicial de desahucio.