Personal de Negociado de Ciencias Forenses exigió al gobierno que mejore sus condiciones laborales, salariales y la falta de recursos disponibles durante una manifestación que llevaron a cabo al mediodía de hoy, jueves, frente a esas instalaciones en Río Piedras. 

Los trabajadores, representados por Jesús Ayala presidente de la Local 2099 del gremio Servidores Públicos Unidos de Puerto Rico, solicitaron por segunda ocasión una reunión con la gobernadora Wanda Vázquez Garced para discutir los problemas que enfrentan que ponen en riesgo la continuidad de los servicios que prestan por la falta de personal, así como las acreditaciones y el esclarecimiento de casos. 

Ayala utilizó como ejemplo de la crisis por la que atraviesa el NCF el retraso por años en los “rape kits” que aunque se podrían realizarlos en su sede ya que cuentan con el equipo, carecen de los especialistas para analizarlos debido al gran éxodo de personal de los pasados años. 

El líder gremial sostuvo que del 2018 al 2019 ha habido un éxodo de más 25 empleados por cada área del laboratorio y así se lo demostraron al secretario del Departamento de Seguridad Pública (DSP) Elmer Román, quien considera que solo les ha hecho promesas y no ha tomado ninguna acción a su favor. 

También le solicitaron a Román la creación de un comité con el fin de acudir a la Junta de Supervisión Fiscal para acordar un presupuesto que les permita los aumentos salariales, asegurarle a otro grupo la permanencia en sus puestos e igualmente un mejor salario y beneficios. 

Por su parte, Benjamín Borges, presidente del Concilio 95 de la SPU, propuso que se le devuelva la autonomía fiscal al NCF y sea separado del Departamento de Seguridad Pública (DSP), porque has desviado el presupuesto al Negociado de la Policía.

“Desde que se aprobó el plan de reorganización que creó el Departamento de Seguridad Pública, Servidores Públicos Unidos advirtió que esto iba a suceder, que lo que era en aquel momento el Instituto de Ciencias Forenses se iba a quedar corto de presupuesto porque el Departamento de Seguridad Pública se iba a tragar ese presupuesto, se iba a asignar a la Policía que suele ser más visible para el pueblo. Estos compañeros aquí que son los que permite que la Policía pueda poner detrás de las rejas a los criminales esos trabajadores se estanca y se pierde la oportunidad de que ese trabajo se pueda realizar por la pérdida de recursos”, argumentó Borges, al tiempo que advirtió a Román que deje de querer verse como el jefe de la Policía. 

Opinó Borges que Román ha demostrado que lo que tiene es un compromiso con su “cash flow”, al preguntarle si lo creía cualificado para representar sus intereses aun cuando ha confesado públicamente que está evaluando una oferta de empleo en el gobierno federal. 

A su vez, se expresaron esperanzados en la reunión pautada para el 13 de noviembre con la recién nombrada comisionada, la patóloga María Conte Miller, quien ya lo había dirigido bajo la administración del exgobernador Luis Fortuño Burset desde el 2009 al 2012.

Cuando Conte Miller dirigió el Negociado había 500 empleados, entre ellos químicos, serólogos, balísticos, de evidencia digital y transcriptores forenses, documentos dudosos, sustancias controladas, entre otros, de los cuales quedan 210.

Los manifestantes se reservaron el derecho de llevar a cabo un paro de labores para hacer valer sus reclamos, entre ellos el pago de horas extra, aumentos salariales, que se les restituyan los 30 días de la licencia de vacaciones y la licencia por accidente laboral.

Asimismo, Aixa Estrada, la vicepresidenta, recordó que en promedio los sueldos empiezan cobrando $1,433 mensuales, exigiendo el mismo trato igual que se les ha dado a los patólogos y a los peritos. 

“Necesitamos también mantenimiento de equipo, necesitamos que nos hagan una reclasificación de puestos para todas las áreas y no solamente para patólogos porque aquí es importante desde el empleado de mantenimiento, las secretarias y todos hasta los patólogos. El negociado no corre con patólogos solamente aquí es una cadena y todas las áreas son importantes”.

Por su parte, Conte Miller, quien llegó repentinamente a la línea de piquete, les expresó sus intenciones de cabildear para que se asigne el presupuesto necesario para cubrir sus necesidades, sin embargo, aclaró que no le podía ofrecer falsas expectativas porque hay decisiones que no están en su control.

“Esta lucha para mí no es extraña, al contrario, yo la abrazo y la apruebo…Yo sé, yo lo he vivido, yo soy perito, yo quiero que la gente trabaje en condiciones laborables agradables para que podamos seguir haciendo esta labor tan importante que tenemos”, dijo Conte Miller, al hacer un compromiso para demostrar con datos objetivos la situación por la que atraviesan.

Conte Miller reconoció que le ha dado prioridad al proceso de completar las autopsias de los cuerpos acumulados en vagones, pero que a partir de la semana próxima comenzará a trabajar en el mejoramiento del sistema.

Sobre la salida del NCF del DSP pidió tiempo para evaluarlo “para que engrane y prospere”.