En reclamo de un aumento presupuestario y en solidaridad de los demás funcionarios públicos que se manifestarán este miércoles frente a La Fortaleza para exigir mejores condiciones laborales, los empleados del Instituto de Ciencias Forenses (ICF) realizarán este mediodía un piquete frente a la sede de la agencia, en Río Piedras.

El presidente de la Unión de Empleados del ICF, Carlos Vélez Miranda, explicó que no pueden unirse a la convocatoria que se lanzó para marchar hacia La Fortaleza, ya que les aplica la Ley 45 de Sindicación de Empleados Públicos. Esta regulación, firmada bajo la administración de Pedro Rosselló, les prohíbe realizar manifestaciones o huelga en horario laboral.

Por tal razón, los empleados del Instituto utilizarán su hora de almuerzo para exigir que se asignen los fondos para el aumento salarial y para reclutar otros 25 profesionales que necesitan.

Además, “con este ‘Forense flu’, estamos llevando el mensaje que apoyamos compañeros servidores públicos”, dijo el líder sindical.

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En entrevista con Primera Hora, Vélez Miranda detalló que por los pasados meses “hemos tocado puertas con reuniones con la Junta de Control Fiscal y el gobernador (Pedro Pierluisi)”. Sostuvo que el reclamo que hacen es de una asignación adicional al presupuesto de $3 millones. Esto llevaría al ICF a tener disponibles unos $20 millones anuales.

Con este dinero adicional, dijo el líder sindical, se le daría un aumento de $1,000 a los 270 empleados del ICF y se reclutarían los 25 expertos adicionales que requiere la agencia para operar. Estos serían forenses, secretaria forense, balístico, entrevistadores forenses, investigadores forenses, patología y recibo de evidencia.

Indicó que, con esta aumento de personal y la mejora salarial, “se evitaría el éxodo de los peritos que tenemos ahora mismo”.

Más, sin embargo, Vélez Miranda alegó que “nuestro reclamo ha sido ignorado. No nos han contestado. No han dicho ni un sí ni un no”. Esto, a pesar de que la unión ha ido acompañada con la directora del ICF, María Conte, a realizar este reclamo.

“Nosotros llevamos 15 años sin ningún tipo de aumento salarial y, con la Ley 26 de 2017, enmendaron los beneficios marginales. Cortaron horas extras, vacaciones y licencia de enfermedad. Prácticamente, nos han quitado beneficios y no nos han dado aumento salarial, cuando el ICF es el único laboratorio forense del Caribe y no le están dando la importancia que merece”, manifestó.

En esencia, el líder sindical expresó que los empleados de la agencia se sienten que no son valorizados. Estos sentimientos han llevado a muchos a aceptar ofertas en los Estados Unidos, donde suelen ganar el triple del salario que devengan en la Isla, alegó.

A modo de ejemplo, señaló que un investigador forense, que requiere un bachillerato y un año de academia, devenga $2,012 mensuales, para un total de $24,144 anuales. En estados como Texas, el salario inicial es de $77,000 anuales, señaló.

Comentó, además, que una oficinista de sala, quien recibe los cadáveres en el ICF, devenga $1,400 mensuales y que la secretaria forense, que es quien transcribe el informe que se le somete al Departamento de Justicia para llevar casos criminales ante los tribunales, está en $1,350 mensuales.

“Los sueldos son súper bajos. La última reclasificación fue en el 2007 y de ahí para acá no hemos recibido ni un solo aumento salarial”, recordó Vélez Miranda, al clamar ser escuchados por el gobierno.

El líder sindical precisó que, si con esta manifestación no consiguen una respuesta, “no podemos descartar nada”.