El doctor Francisco Cortés pudiera estar disfrutando de su retiro en una playa o tal vez jugando con los nietos.

Sin embargo, este miércoles, cuando miles de servidores públicos han tomado las calles para reclamar un mejor salario, el patólogo acompañó a sus compañeros de labores en la manifestación que realizaron frente al Instituto de Ciencias Forenses (ICF).

Cortés lleva 37 años trabajando en la agencia. Sus planes de retiro fueron frustrados por la falta de personal.

Fue en el 2013 el año en que se retiró. No le duró mucho. En el 2014 ya estaba de vuelta en la agencia.

“Hacía falta personal aquí”, dijo, cuando se le preguntó la razón principal para regresar a la agencia.

Ocho años ya han pasado desde ese frustrado retiro. Ahora, piensa en cuándo le llagará la oportunidad de disfrutar de su vejez.

“Son cosas que me ha tomado horas y horas de pensamiento y de revisión. Yo tengo que retirarme eventualmente, porque no voy a estar aquí a los 70 y pico de años llevando acabo autopsias. Pero, sí estoy esperando que venga gente nueva para irme de acá”, explicó.

Tanto los empleados de Ciencias Forenses como su directora, María Conte, esperan por que el gobernador Pedro Pierluisi y la Junta de Supervisión Fiscal les concedan una partida recurrente de $3 millones en el presupuesto para lograr aumentarle el salario de los empleados y reclutar ese personal que les hace falta.

Cortés no sabe exactamente cuándo le llegará el día de su retiro. Por ello, se unió al reclamo de sus compañeros y pidió voluntad de parte del gobernador para resolver la situación del ICF.

Carmen Suliveras Ortiz es otra empleada del ICF que muy bien pudiera estar retirada. Lleva 33 años como examinadora de armas de fuego, un área en la que dijo necesitan más personal y que “la carga de trabajo bastante amplia”.

Sin embargo, contó que no ha sido fácil conseguir personal para el área.

“Cada vez que nosotros tenemos un grupo de empleados que estamos adiestrando se van, porque el ingreso, el sueldo, que se le ofrece no es competitivo”, afirmó.

Para sostenerse, Suliveras Ortiz tiene dos trabajos. Su segundo empleo es como profesora en una universidad privada. Por ello, no dudó en revelar la indignación que tiene contra el gobernador Pedro Pierluisi por haber dicho que el empleado público “no está obligado a permanecer en esa posición”.

Lo primero que le hizo saber la mujer al mandatario es que llevar 33 años de su vida en una agencia y ganar $3,000 mensuales “es indigno, cuando yo voy a Estados Unidos y me puedo ganar el triple de eso o quizás estar en plaza de supervisión por la experiencia”.

“Nosotros aquí en Forenses estamos bien indignados con el señor Pierluisi, porque no le quiero llamar ni nuestro gobernador, porque perdió el respeto cuando dijo que las personas que quieran se pueden ir de las posiciones. Nosotros sí tenemos vocación de servicio. Quizás él no la tiene, pero nosotros sí tenemos vocación de servicio. Imagínese si hay vocación de servicio para estar 33 años todavía trabajando aquí y tengo un segundo empleo, para que él lo sepa”, estipuló.

La investigadora forense Enid Feliciano González también mostró su indignación por las expresiones de Pierluisi.

“Él conoce nuestro trabajo, porque él fue en un momento dado secretario de Justicia. ¿Cómo es posible que él se atreva a decir que servidores públicos comprometidos con el país, si tiene la opción, que se vayan? Y, ¿quién va a realizar nuestro trabajo? Definitivamente, no es indignación, es más que indignación. Da tristeza que un gobernador se exprese de esa manera de servidores públicos comprometidos con este país”, afirmó.