El senador independiente Eliezer Molina refirió este viernes a las autoridades federales los crímenes medioambientales cometidos en la reserva natural de La Parguera con la construcción ilegal de viviendas, incluida una que pertenece a los suegros de la gobernadora de la isla, Jenniffer González.

Molina, quien es también un conocido activista medioambiental, publicó las redes sociales su solicitud de intervención a los federales en este caso, acompañado del siguiente mensaje: “Pronto se les acabará el abuso gobernadora”.

El documento fue enviado a agencias de Estados Unidos como el Cuerpo de Ingenieros, la Agencia de Protección Ambiental (EPA, en inglés) y el Servicio Federal de Pesca y Vida Silvestre, así como al Comité de Recursos Naturales del Congreso y al fiscal federal para el distrito de Puerto Rico, Stephen Muldrow, entre otros.

En el asunto del documento, se lee “solicitud para una inmediata intervención para poner fin a los continuos crímenes medioambientales cometidos en la reserva natural de La Parguera”, que tiene uno de los manglares costeros más grandes de Puerto Rico.

El texto explica que entre 1930 y 1950 se permitió a los pescadores construir cinco pequeñas casetas en la zona pero, en la década de los 60, “esas estructuras se multiplicaron y expandieron ilegalmente”, siendo usadas por gente acaudalada para uso vacacional.

Cuando La Parguera fue designada reserva natural en 1979, se dio un plazo de 12 años para eliminar totalmente esas viviendas, pero las autoridades de Puerto Rico fallaron en hacer cumplir esa medida.

Con la toma de posesión del nuevo Gobierno este mes, el designado secretario del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA), Waldemar Quiles, publicó el pasado día 9 una orden administrativa que legaliza las mencionadas estructuras y que archiva esos casos.

La orden para establecer el cobro de derechos para el uso de terrenos y aguas de dominio público en La Parguera fue aprobada en el primer día en funciones del secretario, designado por González.

“Requiero su intervención en este asunto y pido una orden al DRNA para que complete la remoción de esas estructuras como estableció el memorando de 1979″, indicó el referido de Molina a los federales.

Según el texto, esto garantizará acceso de los ciudadanos a esa zona de domino público y el cumplimiento de las leyes y regulaciones ambientales tanto federales como locales.

Este asunto ha generado mucha controversia en Puerto Rico al pertenecer una de las casas a los suegros de la gobernadora, siendo calificado de “escándalo” por los partidos opositores.

Incluso el Senado de Puerto Rico, controlado por el Partido Nuevo Progresista (PNP) de González, aprobó ayer una petición de la oposición de información al DRNA sobre todos los trámites realizados en relación a la orden administrativa.