El tema del aborto seguirá vivo en la segunda sesión ordinaria de la Legislatura, pero no necesariamente con el polémico Proyecto del Senado 693, sino a través de nuevas medidas que fueron radicadas tras la decisión de la Corte Suprema de Estados Unidos que anuló la sentencia conocida como Roe versus Wade que desde 1973 garantizaba el derecho a la terminación de un embarazo y deja en manos de los estados determinar su legalidad.

Sin embargo, una de las nuevas medidas que causó rechazo e indignación de activistas de derechos humanos, duró muy poco en la palestra legislativa, pues su autora, la representante a la Cámara, Lisie Burgos Muñiz, del Proyecto Dignidad, la retiró el mismo día que la radicó. La medida, Proyecto de la Cámara 1497, radicada ayer sábado 25 de junio, último día de la primera sesión ordinaria, buscaba enmendar varios artículos del Código Penal de Puerto Rico para castigar con 99 años de prisión el aborto “cometido por la mujer o consentido por ella”. La pieza de ley también proponía una pena de tres a ocho años de cárcel a las mujeres que procuraran terminar su embarazo ingiriendo alguna droga o sustancia y de 99 años de prisión si el feto moría.

“En el aborto quien sale perdiendo es la mujer. Los beneficiados son la industria abortista, los hombres agresores e irresponsables que no se quieren hacer cargo de la criatura que engendran y los pedófilos que quedan impunes”, expresó Burgos Muñiz en un comunicado de prensa que circuló su oficina antes del retiro de la pieza legislativa.

Sobre el tapete en el Capitolio están dos nuevos proyectos multipartitas, uno radicado en el Senado y otro en la Cámara el pasado 24 de junio, por varios legisladoras y legisladores del Partido Popular Democrático (PPD), Movimiento Victoria Ciudadana (MVC), Partido Independentista Puertorriqueño (PIP) y el senador independiente José Vargas Vidot. Ambas medidas, al amparo de la Constitución de Puerto Rico buscan establecer como política pública el derecho de una mujer a decidir continuar con un embarazo, dar a luz o terminarlo para preservar su salud física o emocional.

“Finalizada esta sesión legislativa habrá que dar múltiples lecturas a la determinación del Tribunal Supremo y sus opiniones para tener claro en Puerto Rico cuál será el marco regulatorio de ser necesario. Hoy todavía en Puerto Rico hay reglamentos y jurisprudencia local que atiende este tema y la opinión del Supremo no es una orden a los estados y territorios ordenando fabricar una ley. Lo que está dictaminando es, les toca a ustedes”, dijo el portavoz de la mayoría popular en la Cámara de Representantes, Ángel Matos García.

“Que el Ejecutivo también se siente y legisle porque el gobernador Pedro Pierluisi cómodamente se lavó las manos diciendo: ‘aquí la Asamblea Legislativa está bregando’, pero el Primer Ejecutivo también fue secretario de Justicia, que no le olvide… Aquí la controversia no es coger los reglamentos del Departamento de Salud y ahora hacer una ley, eso no va a tener ningún problema, aquí la discusión se va a centrar en quiénes se pueden practicar un aborto y en qué momento. Pueden ser mujeres con un problema de salud o una mujer que simplemente no lo quiere tener… y todo esto va a la intimidad”, sostuvo el legislador.

Dijo que el PS 693 “aunque tenga una intención, entre comillas legítima, su discusión, su trámite y sus enmiendas adicionales no lo hacen viable, no es una criatura viable una vez ha salido del Senado”.

Otra medida, del representante Matos García, que buscaba crear el marco legal para la maternidad subrogada se quedó en el Senado. La pieza legislativa, Proyecto de la Cámara 577 había sido aprobado en Cámara en junio de 2021, pero la Comisión de Vida y Familia del Senado no completó el trámite, dijo el legislador popular.

“En el proyecto de subrogación gestacional no se presentó el informe con las enmiendas en el Senado. No se llevó a votación, no salió de la Comisión. Continuaré luchando para que en Puerto Rico se tenga un ordenamiento jurídico para tener una ley de subrogación gestacional tan necesaria en la Isla, ante no tan solo la ausencia de leyes, sino con tantos casos diversos en los tribunales”, sostuvo.

Sobre el balance de medidas aprobadas al cierre de los trabajos legislativos, el Portavoz del PPD dijo que la resolución que asigna el presupuesto de gastos del gobierno para el próximo año fiscal que entra en vigor el próximo primero de julio y que sufrió enmiendas en el Senado, se encuentra en comité de conferencia de ambos cuerpos legislativos.

Otras medidas fiscales, que a última hora sufrieron cambios en el cruce de proyectos en ambos cuerpos legislativos también se espera que mañana lunes sean remitidas a comités de conferencia o algunas podrían haberse quedado guindando el sábado al vencer el término para la aprobación de medidas. En estos últimos días, antes del miércoles 30 de junio a la medianoche, las cámaras legislativas solo podrán aprobar aquellas medidas que quedaron vivas en comités de conferencias.

Entre estas medidas figuran el Proyecto de la Cámara1367,que propone un sustituto al impuesto a las empresas foráneas; el Proyecto de la Cámara 1387, que asigna $165 millones de la Corporación del Fondo del Seguro del Estado para mitigar los aumentos a la luz y el agua; el Proyecto de la Cámara 1119, aprobado en Senado sin enmiendas y que dispone que el 60% de los ingresos de las licencias de las tragamonedas irían al Fideicomiso de Retiro de los Policías y el Proyecto de la Cámara 459 eleva el salario base a oficiales correccionales a $2,350 aprobado en Cámara con enmiendas.

También, el Proyecto de la Cámara 1133 que aumenta el salario base de meseros y meseros, para llevarlo a un 50% con el salario mínimo estatal fue aprobado en ambas cámaras legislativas, pero podría requerir acuerdos en el trámite final.

Sobre la mesa, quedaron en la Cámara, otros proyectos del Senado, como el Proyecto 909 de enmiendas al Código Electoral que se aprobó el viernes y que la Cámara no atendió.

Otra medida que se queda pendiente para la próxima sesión ordinaria es el PC1309 que busca establecer que en la Organización de Mercadeo de Destino o mejor conocido como el DMO, ningún director, oficial, empleado o persona alguna, podrá recibir por concepto de salarios y compensaciones un ingreso mayor a $200,000 (doscientos mil dólares) anuales. La medida se aprobó en la Cámara con 42 votos a favor y cuatro en contra.

“Manana habrá panorama más claro de lo que está para conferencia y lo que se quedó”, sostuvo Matos Garcia. Mañana lunes la Cámara sesiona a la 1:00 de la tarde y el Senado, a las 3:00 de la tarde.

El presidente del Senado y presidente del PPD, José Luis Dalmau Santiago, culpó al vice presidente de la Cámara, José “Cony” Varela Fernández de no actuar sobre el Proyecto 909, de enmiendas al Código Electoral.

Dalmau Santiago dijo que “la negativa del representante Varela” de atender el Código Electoral, provocará el inicio acelerado de cierre de Juntas de Inscripción Permanente, lo que alterará los servicios a los electores y el traslado involuntario de empleados de la Comisión Estatal de Elecciones (CEE).

Según el líder legislativo esta semana y prospectivamente, comenzarán los cierres, en una primera fase, de 11 Juntas de Inscripción Permanente que incluyen los municipios de: Ceiba, Humacao, Naguabo, Patillas, Las Piedras, San Sebastián, Coamo, Barranquitas, Corozal, Toa Alta y la Junta de Inscripción regional del distrito de Carolina que trasladará sus servicios a la sede de la CEE en San Juan.

”Si la Cámara de Representantes le hubiera dado paso a las enmiendas al Código Electoral que el Senado aprobó, tendríamos los procedimientos establecidos para activar lo que se conoce como las Juntas de Inscripción Temporera (JIT), lo que hubiese permitido el mantenimiento de centros de servicios a los electores en los 78 municipios, a partir de agosto. Al negarse a aprobar la medida, ahora comienza el proceso de cierre de Juntas de Inscripción que inician el 1 de julio; es decir, el próximo viernes”, expresó el Presidente del PPD.

Reclamó en declaraciones escritas, que las propuestas de enmiendas incluían: nuevos términos y regulaciones sobre el voto adelantado, garantías procesales sobre el nuevo registro electrónico, corregir el proceso de selección del Presidente de la CEE, la adopción de reglamentos y manuales un año antes de las elecciones y procedimientos para evitar las largas filas en la votación.

”La decisión del representante Conny Varela, de no atender este proyecto ya ha creado un clima de incertidumbre laboral en la CEE y ha acelerado el cierre de las Juntas de Inscripción Permanentes en los 78 municipios contrario a lo solicitado por todos los alcaldes y alcaldesas de Puerto Rico. Igualmente, ante este escenario, muchos empleados se verán forzados a trasladarse a lugares distantes de sus hogares y los electores igualmente se verán obligados a hacer sus trámites en municipios diferentes al suyo”, dijo Dalmau Santiago.