La Comisión de lo Jurídico de la Cámara de Representantes comenzó a evaluar hoy en vistas públicas los proyectos anticorrupción que radicó por petición el grupo Somos Más con la firma de la pluralidad de legisladores representados en la Legislatura.

El Proyecto Dignidad fue el único de los cinco partidos representados en la Asamblea Legislativa que no suscribió las cuatro propuestas legislativas. Sin embargo, en la vista pública, la representante Lissie Burgos del PD se manifestó a favor de las medidas.

“Estos cuatro proyectos no resuelven la corrupción, que como todos sabemos, es el principal malestar que los puertorriqueños expresan cuando les preguntan sobre la situación del País, pero atienden puntualmente unas áreas esenciales y abren una discusión seria que debemos tener como País en este renglón, fuera de cualquier otra consideración que pueda haber sobre la mesa”, indicó Johnny F. Rullán Schimdt, portavoz del grupo de cambio social y político, integrado por jóvenes profesionales voluntarios.

“Cada día que pasa, gran parte del pueblo, la gente de a pie, sigue perdiendo la esperanza en las instituciones públicas, algo que es totalmente inaceptable”, argumentó Rullán Schimdt al enumerar las cuatro piezas de ley.

Una de las medidas busca prohibir el dinero en efectivo en las campañas políticas, otro buscar crea un “Hatch Act” criollo para prohibir que empleados y contratistas de agencias públicas lleven a cabo gestiones políticas en horas laborales y otro de los proyectos, prohíbe el atornillamiento de empleados de confianza en puestos de carrera. La medida restante enmienda la Ley de Reclamaciones Fraudulentas para facilitar que cualquier persona que tenga evidencia de fraude con fondos públicas pueda ir directamente a un tribunal para recuperar el dinero a nombre del pueblo de Puerto Rico.

“Nuestra organización acaba de cumplir un año en enero del 2022. Sabemos que nuestros problemas son complejos y requieren mucho tiempo, esfuerzo, voluntad, compromiso y disciplina para comenzar a ver resultados positivos. A nosotros nos toca enfrentar estos desafíos que nos hemos encontrado en el camino, porque no hay más nadie, nos toca a nosotros y no hay espacio para que la actitud sea mirar hacia otro lado”, sostuvo el psicólogo de profesión.

Dijo que el grupo de voluntarios tenía tres opciones: “nos manteníamos en el lamento borincano diario de estar quejándonos de lo que pasa constantemente en Puerto Rico; tirar la toalla y montarnos en un avión o quedarnos, pero hacer algo y formar parte de la solución”.

Rullán Schmidt agradeció a los legisladores de los cuatro partidos que se unieron como coautores a las cuatro piezas legislativas y les pidió que las medidas continúen el trámite legislativo de manera que se puedan convertir en leyes que contribuyan a combatir la corrupción.

“El pueblo exige consensos para resolver los problemas más apremiantes que enfrentamos y ya lo está manifestando de diversas maneras”, agregó el líder del grupo novel creado hace un año en demanda de un gobierno limpio y de una democracia más participativa.

“Yo le veo mucho futuro (a los proyectos de ley). No tengo duda que se van a aprobar, no sé si los cuatro el mes que viene. Tengo la expectativa de que se van a aprobar en esta sesión”, dijo el presidente de la Comisión de lo Jurídico, Orlando Aponte Rosario, quien dirigió la vista pública en el Capitolio.

El legislador indicó que, “solo resta aclarar algunas preocupaciones genuinas de algunos sectores y señalamientos técnicos que no van a la sustancia” de las propuestas legislativas. Mencionó en específico el Proyecto 1012 que prohíbe cualquier donativo en efectivo en las campañas políticas. “Aunque parece loable, puede afectar los derechos de grupos minoritarios, de personas que quieren hacer donativos, pero no tienen acceso a internet, que viven en comunidades remotas o no tienen el conocimiento para manejar aplicaciones como Pay Pal y otras plataformas”, sostuvo Aponte Rosario.

“Ellos aceptaron que el proyecto no está escrito en piedra y que se puede salvaguardar poniéndole topes a los donativos en efectivo”, agregó el legislador popular.

En cuanto al proyecto que busca prohibir la participación de funcionarios públicos en actividades proselitistas en horas laborables, la Comisión pidió a Somos Más que les precise información en un plazo de cinco días en torno a si la legislación federal aplica a la rama legislativa.

Aponte Rosario dijo que la Comisión pidió un memorial explicativo de las medidas al Departamento de Justicia, pero no lo ha enviado. No descartó hacer otras vistas públicas si algún grupo lo solicitara.