El PIP pide investigar proceso de instalación y permisos de antena en Guayanilla
Legisladores presentan resoluciones tras denuncias de ciudadanos sobre posibles violaciones a la ley.
Nota de archivo: esta historia fue publicada hace más de 1 año.
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La senadora María de Lourdes Santiago Negrón y el representante Denis Márquez Lebrón, líderes del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP) en la Asamblea Legislativa, sometieron este martes unas resoluciones para ordenar una investigación sobre el proceso de instalación y permisos de una torre de telecomunicaciones en la carretera PR-335, kilómetro 10.5, en el barrio Indios de Guayanilla.
En días recientes, vecinos y activistas detuvieron maquinaria de la compañía ELITE TOWERS LLC, la cual pretende construir la torre de 130 pies de alto, colindante con varias residencias.
La Resolución del Senado 769 y la Resolución de la Cámara 978 establecen que vecinos del área y líderes comunitarios “han expresado su oposición al establecimiento de dicha torre de telecomunicaciones porque pone en peligro la seguridad y la salud de residentes colindantes, y de las familias que utilizan la cancha bajo techo Aleida Ramírez González”.
Además, según los líderes comunitarios, hay residentes dentro del radio de 100 metros medidos desde la torre de telecomunicaciones, que no fueron notificados por el proponente durante el proceso de permisología.
Por su parte, Jimmy Borrero Costas, líder del PIP de Peñuelas, participó de la protesta en apoyo a los residentes que se oponen a la construcción de la torre de telecomunicaciones.
“Con la ayuda de los residentes del barrio Indios de Guayanilla y los compañeros del Campamento en contra de las cenizas, logramos parar la construcción de esta antena de comunicaciones que quieren instalar. Solo el pueblo salva al pueblo. La lucha continua”, dijo Borrero en sus redes sociales.
Borrero también informó que el dueño de los terrenos donde pretenden construir la torre de telecomunicaciones, sometió una querella en contra de uno de los líderes de la comunidad.
Durante años, se han multiplicado las comunidades que han denunciado irregularidades en la otorgación de permisos a la construcción de las torres de telecomunicaciones, y que reclaman que se apruebe una nueva ley que proteja a las personas y propiedades.
“Existe una forma de crear un justo balance entre la protección y seguridad de las personas, y la necesidad de estructuras de telecomunicaciones. En el Senado está el PS 319 y en la Cámara el PC663, que busca establecer una nueva ley de telecomunicaciones que atiende de una manera responsable este asunto”, comentó Víctor Alvarado Guzmán, Secretario de Asuntos Ambientales del PIP.
El líder ambiental añadió que es “lamentablemente, que los dirigentes del PPD en la Asamblea Legislativa no les interese lo que pase en nuestras comunidades. Así como en el cuatrienio pasado no les importó a los líderes del PNP. En eso también son iguales. Mientras, desde el PIP seguiremos apoyando las luchas de las comunidades por proteger nuestras familias y al ambiente”.