Si la semana pasada quedaron dudas en torno a cómo Puerto Rico pagará los compromisos que representa el Plan de Ajuste (PDA) del gobierno central, de ser confirmado, hoy casi una decena de opositores indicaron a la jueza Laura Taylor Swain que la propuesta en la mesa también contiene flancos de tipo legal que el tribunal no debe permitir.

A juzgar por las argumentaciones del bonista individual Peter C. Hein y de los abogados de la Asociación de Maestros de Puerto Rico (AMPR), la procesadora de leche Suiza Dairy, seis cooperativas de ahorro y crédito y otros acreedores, cuyos bienes fueron expropiados por el estado, el PDA que impulsa la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) se “extralimita” al intentar supeditar a la ley federal Promesa, decenas de leyes de Puerto Rico ya en vigor e incluso, futuras y busca rechazar obligaciones de naturaleza contractual en el caso de los beneficios de pensión acumulados.

Además, según los opositores, al recortar lo que el gobierno adeuda a quienes ha expropiado sus bienes, el PDA busca menoscabar el derecho de los acreedores a una justa compensación a la luz de la quinta cláusula de la Constitución de Estados Unidos y que aplica en los casos de dominio eminente por parte del estado.

Mientras, para conseguir el respaldo obtenido al PDA, los opositores criticaron a la JSF por liberar de responsabilidad y culpa a quienes habrían sido parte de la crisis fiscal de la isla y por establecer en el borrador de la orden de confirmación restricciones que no se encuentran en el PDA.

La JSF, por voz de sus principales representantes legales, Martin Bienenstock y Brian S. Rosen, ambos socios de Proskauer Rose LLP, rechazó cada uno de los alegatos en contra del PDA. Entre otras cosas, la JSF alegó que los objetores alegan derechos y acuerdos contractuales, donde no los hay y calificó como “imposible” que una reclamación por expropiación forzosa, cuando se trate de un interés público, no pueda modificarse cuando un emisor de deuda municipal no tiene dinero con qué pagarlas.

Los argumentos de índole legal en torno al alcance e implementación del PDA surgieron este lunes en el quinto día de las vistas de confirmación del PDA, proceso que continúa llevándose a cabo por la vía virtual y telefónica y que Swain ahora encabeza desde el Distrito Sur de Nueva York.

Swain dedicó el quinto día del proceso que daría pie a la primera reestructuración de deuda de un gobierno estatal en Estados Unidos a distintas controversias que se han ventilado a medida que el proceso de confirmación tomaba forma.

Si bien Bienenstock llegó a alegar que si el tribunal aceptaba alguna de las objeciones legales al PDA, este no podría confirmarse, ninguno de los asuntos pareció lo suficiente poderoso como para descarrilar el proceso. Ello, con todo y sobre seis horas de argumentaciones entre las partes.

Al final de la audiencia, de hecho, Swain instruyó a las partes para presentar sus argumentos finales el próximo 22 de noviembre.

Las leyes ocupadas por Promesa

Entre otras cosas, Swain quería obtener detalles acerca de cómo se implementará la doctrina de campo ocupado o “preemption” en el PDA del gobierno central.

El PDA contempla dejar sin efecto unas 40 leyes de Puerto Rico o partes de estas cuando estén relacionadas al pago de acreencias o el uso de fondos destinados al pago de la deuda.

La doctrina de campo ocupado, según el PDA, prevalecería sobre secciones de leyes vinculadas a corporaciones públicas como la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados, pero también la Universidad de Puerto Rico.

Sin embargo, cuando Bienenstock argumentó acerca de la necesidad de supeditar ciertas leyes de Puerto Rico a Promesa, el abogado reveló que los estatutos mencionados en el PDA no serían los únicos sujetos a Promesa. Esto, porque la doctrina también podría aplicar a leyes futuras u otras leyes que no fueron identificadas por la JSF durante el proceso de preparación del PDA.

La JSF indicó que el Artículo VI de la Constitución de Puerto Rico no estaría en lista de leyes ocupadas, pero en la práctica, su aplicabilidad queda sujeta a lo establecido en el PDA.

Veda a la Legislatura por 10 años

Precisamente, la decisión de la JSF de ocupar o restringir leyes futuras es la base para la objeción de la Unión Internacional de Empleados de Servicio (SEIU, en inglés) y la Unión Internacional de Empleados de Automóviles, Aeroespacio y Agricultura de América (UAW, en inglés).

Por vía de su abogado Peter DeChiara, del bufete Cohen, Weiss and Simon LLP, los sindicatos objetaron a Swain que la JSF busque restringir la facultad de la Legislatura de proveer cualquier beneficio adicional de pensiones a los trabajadores.

Según DeChiara, aunque el PDA no impide se otorguen otros beneficios a los trabajadores, en la orden de confirmación propuesta, la JSF busca coartar la facultad legislativa por espacio de 10 años.

“Teníamos que actuar en tiempo real”, dijo Bienenstock al plantear a Swain que la JSF necesita solicitar protecciones adicionales a la luz de las acciones de la Legislatura o el plan no sería confirmable.

“En un plan normal, lo último que se espera es que el deudor lo reciba y aumente (sus obligaciones), eso es un resultado muy inesperado, pero aquí hemos aprendido que eso puede pasar”, manifestó el abogado al agregar que con Puerto Rico “hemos aprendido con la historia”.

Según Bienenstock, mientras en una reestructuración “normal”, un deudor procuraría no entrar en problemas financieros nuevamente, en el caso de Puerto Rico, cuya legislatura produjo un plan de pensiones que creó unos $55,000 millones en obligaciones que no podían pagarse, ese no es el caso.