El gobierno sigue a ciegas a la hora de saber información precisa sobre todos los servidores públicos que tiene bajo su nómina.

La directora asignada de la Oficina de Administración y Transformación de los Recursos Humanos del Gobierno, Zahira Maldonado Molina, no dio un cuadro alentador a la hora de responder los cuestionamientos de los representantes, durante una vista que realizó este martes la Comisión cameral de Gobierno para evaluar el funcionamiento de las agencias y la aplicación de la ley que creó el Empleador Único.

La funcionaria aceptó que no tienen datos sobre la cantidad de empleados actuales, así como plazas vacantes, disponibles o congeladas en el gobierno. Tampoco hay datos sobre empleados que trabajan de manera presencial ni remoto en medio de esta pandemia del coronavirus. Mucho menos pudo ofrecer información sobre la cantidad de empleados que se encuentran en destaque entre las agencias.

“Mientras no se cuente con un sistema integral para la administración de los recursos humanos, de manera que las agencias vayan incorporando la información que genera, se hace muy difícil proveer la información solicitada por las diferentes entidades”, aceptó la funcionaria.

De hecho, Maldonado Molina indicó que el pasado 17 de febrero requirió a todas las agencias de gobierno los puestos vacantes, presupuestados o no, como parte de los análisis que realizan ante la posibilidad de que empleados de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) no sean transferido a la empresa privatizadora LUMA a partir del próximo 1 de junio. “Apenas 40 agencias nos contestaron”, sostuvo la funcionaria, al hacer alusión que no han logrado la respuesta esperada de las mismas agencias de gobierno para poder actualizar el catálogo de puestos disponibles.

Maldonado Molina insistió que se necesita un sistema uniforme y digital de recursos humanos, un sistema de registro de asistencia de todos los empleados, así como actualizar y modernizar el sistema de reclutamiento y selección de empleados para lograr tener estadísticas confiables.

Indicó que, en la actualidad, evalúan los programas que se puedan establecer con la Oficina de Servicio de Tecnología e Innovación de Puerto Rico (PRITS).

Además, la funcionaria esbozó que es necesario que la Junta de Supervisión Fiscal le apruebe el Plan de Retribución de empleados públicos para poder reclasificarlos.

“Es necesario que se autorice la implementación del Plan de Retribución para poder poner en función a cabalidad el Empleador Único. No es práctico ni justo asignar a los empleados una nueva clasificación, a tenor con el estudio realizado, si no se le asigna la correspondiente contribución”, afirmó.

También se necesitan los fondos. Dijo que el plan requiere $104 millones para ponerlo en vigor y el gobernador Pedro Pierluisi ha solicitado $50 millones para el próximo presupuesto para la implementación de la primera etapa.

Sin embargo, la directora de la oficina de recursos humanos indicó que la Junta no ha aprobado el plan, porque ha solicitado un sistema de evaluación de desempeño uniforme de los empleados públicos. El mismo se encuentra actualmente en etapa de borrador.

Pese a esta petición, Maldonado Molina alegó que no se necesita tal sistema de evaluación para aprobar el plan de retribución. Explicó que el mismo se utilizaría cuando los empleados pidan ascenso de salario o cambio de puesto.

Por otro lado, la única información precisa que pudo brindar Maldonado Molina a la Comisión de Gobierno es que desde que se aprobó la Ley 8 para la Administración y Transformación de los Recursos Humanos en el Gobierno de Puerto Rico solo nueve empleados han sido movilizados de una agencia a otra por solicitud.

La funcionaria habló de múltiples problemas que han limitado estas transferencias. El primero fueron circunstancias presupuestarias y la segunda es que las agencias están escasas de empleados, ya que se congelan las plazas de los que se retiran. No pudo establecer cuántas plazas hay congeladas en el gobierno, pues dijo que esa data la tiene la Oficina de Gerencia y Presupuesta.

“Se debe recomendar que la Oficina de Gerencia y Presupuesto asigne los fondos necesarios para poder efectuar la movilidad de los empleados. Al momento, hay disposiciones para transferir los fondos con los que se sufraga el salario del empleado que se transfiere a otra entidad gubernamental, pero es a petición de la entidad gubernamental receptora”, puntualizó.

Ante esta marco, el presidente de la Comisión cameral de Gobierno, Jesús Manuel Ortiz, dijo a Primera Hora que “es vergonzoso para cualquier administración, no me refiero a ninguna en particular, que nosotros en el 2021 no tengamos ni siquiera la visibilidad de dónde están los empleados del gobierno a los que se les paga un salario público”.

Urgió al gobierno actual, dirigido por el gobierno Pierluisi, a tomar acción para poder definir dónde están los empleados y qué hacen.

“No hay visibilidad alguno del propio gobierno sobre el recurso humano. De las revelaciones que se han hecho aquí hoy, es principalmente significativo que no tengamos sistema tecnológicos que nos permitan conocer ni la asistencia, ni dónde están los empleados, ni cuántos están trabajando presencial, ni cuántos están trabajando remoto. Que solo nueve empleados hayan en todo el gobierno solicitado la movilidad de Empleador Único, prácticamente estamos ante una ley que no ha surtido todavía ningún efecto y la controversia que, entonces, existe entre la Junta y el gobierno en término del Plan de Retribución, que es una pieza clave para hacerle justicia a todos los empleados, que es una escala uniforme y para honrar el principio de mérito en la asignación de los salarios de los empleados. Así que cuatro años después todavía la Ley del Empleados Único, la realidad es que no ha tenido, por distintas razones, ningún efecto en la administración del recursos humano gubernamental”, resumió Ortiz.