Ejecutivo evaluará medida de detenidos con marihuana para uso personal
El referido proyecto despenaliza la posesión de pequeñas cantidades de la droga, eliminando la pena de cárcel como primera opción para atender estos casos.
Nota de archivo: esta historia fue publicada hace más de 9 años.
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El gobernador Alejandro García Padilla evaluaría mecanismos administrativos que, sin violentar la separación constitucional de poderes, permitan al gobierno modificar la forma en que se procesa a las personas que son detenidas con pequeñas cantidades de marihuana para uso personal.
El primer ejecutivo citó hoy, jueves, al senador y presidente de la Comisión de Asuntos Jurídicos del Senado, Miguel Pereira para discutir el procesamiento actual de los casos por posesión de marihuana para uso personal conjuntamente con el director ejecutivo de la Sociedad de Asistencia Legal, Federico Rentas.
Concluida la reunión no hubo expresión oficial de La Fortaleza pero tanto Pereira como Rentas indicaron que en el encuentro se discutió la política pública existente en torno a este tema, se habló del proyecto del Senado 517 y se discutieron cifras sobre el manejo de estos casos.
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El referido proyecto, de la autoría de Pereira, despenaliza la posesión de pequeñas cantidades de marihuana, eliminando la pena de cárcel como primera opción para atender estos casos. La medida fue aprobada por el Senado pero está pendiente de consideración en la Cámara de Representantes.
Ambos invitados a la reunión con García Padilla coincidieron, sin embargo, en que no se anunció ninguna decisión en particular y que por el contrario se acordó efectuar reuniones adicionales sobre el tema.
“Estamos viendo cómo podemos adelantar el Proyecto del Senado 517 que tiene que ver con la despenalización de la marihuana y tuvimos una conversación franca y amplia. Yo creo que por lo menos compartimos puntos de vista de lo que es correcto e incorrecto hacer en este respecto”, sostuvo Pereira al salir de la reunión. “Yo creo que se va a manejar esta preocupación en los próximos tres o cuatro meses”, estimó el legislador.
“El gobernador nos pide ayuda en tratar de articular una política pública en torno a esto, pero los consejos que uno le da al gobernador le pertenecen al gobernador” agregó al reservarse detalles de lo hablado en la reunión.
Indicó, sin embargo, a preguntas de periodistas, que manejar este asunto por la vía ejecutiva es una posibilidad mediante instrucciones al Departamento de Justicia, la Policía y a la Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción (ASSMCA) sobre cómo manejar cierto tipo de casos, como aseguró que se ha hecho ya en numerosas partes de Estados Unidos.
Adelantó que lo preferible sería aprobar el proyecto de su autoría en la Cámara de Representantes, pero señaló que a “la Policía, el Departamento de Justicia, Assmca y otras agencias que están (relacionadas), se le debe dar una importancia a este tema, cosa de que sientan de verdad un cambio en términos de tratamiento”.
“Eso no es nuevo, en el sentido de limitaciones de procesamiento. El Departamento de Justicia norteamericano instruye rutinariamente a sus fiscales que tipo de caso van a traer y cuáles no”, argumentó Pereira.
Por su parte, Rentas indicó que durante la reunión “estuvimos examinando cuál es el impacto de la política pública referente a los casos de mera posesión de marihuana y qué medidas, si algunas, se pueden tomar para aliviar esa carga sobre las personas acusadas”.
Señaló además el director de SAL que “aparentemente se va a rediscutir” el proyecto de Pereira para su posible aprobación en la Cámara de Representantes, y adelantó que esa entidad estará trabajando con los legisladores para lograr ese objetivo.
Sobre la posibilidad de acción administrativa aclaró que “no estamos hablando de despenalización, no estamos hablando de que se va a eliminar el delito. Estamos hablando de que posibles alternativas hay y todavía no han terminado las conversaciones”.
Expresó, además, que como parte de este proceso se están intercambiando información estadística sobre los efectos que tiene esta legislación sobre los ciudadanos.
Afirmó, por otra parte, que piensa que el gobernador está en la línea de unas órdenes administrativas que emitió William Holder cuando era procurador general de Estados Unidos, con unas guías específicas para el procesamiento de estos casos.
Recalcó que todavía no hay ninguna conclusión y que las conversaciones continuarán.