Cuando Edward O’Neill Rosa juramentó como alcalde en enero de 2022, se topó con que alrededor de ocho camiones y vagonetas de la compañía Waste Collection, propiedad del empresario Oscar Santamaría, estaban estacionados en el Centro de Reciclaje y Vertedero de Guaynabo, aun cuando no tenían un contrato con el municipio.

Para ese entonces, ya había pasado mes y medio desde que su antecesor, el ahora convicto por corrupción, Ángel Pérez Otero, había sido arrestado por las autoridades federales bajo la imputación de que recibía $5,000 cada cuatro a seis semanas de parte de Santamaría a cambio de contratos con el ayuntamiento.

“Hicieron un tipo de subasta o un RFP (Request for Proposal) para el transbordo (de basura al veredero). Santamaría tiene todos los camiones ahí estacionados ya cuando no se había adjudicado todavía la subasta. Cuando llegué estaba Luisa Colom, (como alcaldesa interina,) y le dije: ‘No, no hagas nada. Eso hay que verlo. Eso no es así, porque sí’. Entonces, le cancelamos... La subasta se canceló”, reveló O’Neill Rosa a un día de que Pérez Otero fuera declarado culpable de recibir los sobornos, así como por conspiración y extorsión.

Reveló que la irregularidad ocasionó que hiciese el primero de los referidos contra Pérez Otero a las autoridades federales y estatales. Además, dijo que ordenó a la empresa Waste Collection a remover sus camiones de la propiedad municipal.

“Mandamos a remover todos los camiones y ellos le ofrecieron a ConWaste los camiones y le dije a ConWaste: ‘Si tú estás en el transbordo, pues yo no quiero los camiones aquí. Te los tienes que llevar’. Eran camiones y vagonetas. Había un montón. Había cerca de ocho, más o menos”, afirmó el alcalde de Guaynabo, durante una entrevista con Primera Hora en el Centro Operacional de Guaynabo, ubicado en el barrio Camarones.

La información revelada por el alcalde no salió a relucir durante el juicio federal que se realizó contra Pérez Otero y que ayer, miércoles, concluyó con la determinación de culpabilidad a la que llegó un jurado compuesto por 10 mujeres y dos hombres.

Durante los vídeos que presentó la Fiscalía federal para probar su caso, sólo se escuchó a Pérez Otero y a Santamaría conversar sobre la posibilidad de que se le otorgara la subasta del trasbordo de la basura al vertedero. Más, sin embargo, no se detalló qué sucedió con tal proceso municipal.

Empero, O’Neill Rosa divulgó que refirió el incidente irregular con el que se topó en torno a esta subasta.

El problema general que identificó O’Neill Rosa a su llegada al municipio y que revela ahora que Pérez Otero fue encontrado culpable fue en la manera en que se hacían las subastas para conceder los contratos. Aludió a que, en su mayoría, resultaban ser procesos informales, en los que se solicitaban propuestas de manera administrativas y no abiertas a toda persona que quisiera licitar.

Contó, además, que los contratos se extendían de tal manera que resultaban más costosos o en beneficio del empresario y no del municipio.

“Todos los contratos que vimos nebulosos, que no estaban muy claros, se cortaron todos”, admitió O’Neill Rosa.

Pero, el alcalde rechazó que los actos de corrupción cometidos por Pérez Otero afectaran las finanzas del municipio, como para llevarlo a la quiebra.

“Yo te puedo decir que el municipio está bien económicamente, siempre ha estado bien económicamente. No es por la corrupción, sino de la manera que llevan la política para mantenerse en el poder y mintiéndole a los empleados, mintiéndole a todo el mundo, no tan solo la corrupción, la mentira fue lo más que ha golpeado, por hubo sufrimiento de mucho empleado, mucho empleado se fue. Esto estaba completamente desierto. Casi no había empleados”, sostuvo.

Además, aludió que en el periodo de Pérez Otero no hubo obras para el beneficio del pueblo.

“No se gastaba dinero, no había obra, no había nada. Obviamente, cuando hay una obra, es porque patrocinaba a un contratista o el que fuera, no a todos los contratistas. Era alguno, pero no hubo obra en esos cinco años. No hubo obra en Guaynabo, no hubo nada en Guaynabo. Fue una debacle total y fue guardar dinero, guardar dinero. Pero ¿para qué guarda dinero si la gente empobrece, se muere de hambre? Entiendo que el dinero que llega a las arcas de municipio hay que fiscalizar y hacer las cosas como hay que hacerlas para que lleguen adecuadamente donde tienen que llegar”, dijo.

Por otro lado, además del referido que hizo por los camiones de la empresa de Santamaría, O’Neill Rosa entregó a las autoridades federales y estatales otras dos incidencias. Una de ellas llevó al Departamento de Justicia a referir al Panel sobre el Fiscal Especial Independiente (FEI) a Pérez Otero el pasado 13 de febrero por incumplimiento del deber y malversación de fondos públicos.

En la querella de Justicia se alegó que Pérez Otero había cedido el uso de algunas facilidades del edificio Guaynabo Medical Mall a la empresa Provider Network Solutions of Puerto Rico, LLC, por 19 meses sin el pago de los correspondientes cánones de arrendamiento, sin la debida autorización de la Legislatura Municipal de Guaynabo y contrario a las disposiciones legales pertinentes. La situación le generó al ayuntamiento una deuda de $1,452,149.

La presidente del PFEI, Nydia Cotto Vives, indicó a este diario que todavía no se ha determinado si la situación será investigada por un fiscal especial independiente.

El tercer referido del que habló O’Neill Rosa fue sobre una firma de un profesional que ejercía como ingeniero en Obras Públicas municipal sin ser licenciado. Comentó que esperan por la determinación de Justicia y la Oficina de Ética Gubernamental para conocer si le deben pagar por los servicios prestados y qué preceder criminal tendría.

En torno a la empresa Island Builders, O’Neill Rosa denunció que dejó proyectos incompletos en varios sectores del barrio Ríos.

“Ahora estamos en proceso de subasta para terminar esa obra. Las comenzaban y las dejaban, se iban a hacer otra obra”, indicó.

Aceptó que en el sector Pedro Ramos el proyecto no fue terminado, porque el municipio le canceló el contrato tras el arresto de Pérez Otero.

Esta empresa fue la única con la que Santamaría que logró un contrato oficial con el municipio. La misma obtuvo un acuerdo en verano del 2020 por $871,751.60. Sin embargo, se le realizaron tres enmiendas al contrato, entre noviembre de 2020 y marzo de 2021, que aumentó la suma que se le debía pagar a la empresa a $2,396,751.60.

El municipio de Guaynabo informó a Primera Hora que a Island Builders se le llegó a desembolsar $1,894,922.

Tras hacer el recuento del efecto de los actos de corrupción de Pérez Otero en el municipio de Guaynabo, O’Neill Rosa diagnosticó que el poder fue lo que “embriagó” a su antecesor y lo llevaron a fallarle a los guaynabeños.

“Esa es la parte más difícil de controlar, el poder. Se creen dioses, se creen intocables y ahí viene este problema. Yo entiendo que se debe ser más riguroso contra ellos, el que tiene y el que dona a una campaña para buscar un fin y el que ejecuta para darle disciplina a esa persona”, sostuvo.

Pidió porque el juez federal que sentencie a Santamaría le reclame todo el dinero que logró por sus actividades ilegales y una condena “bastante razonable” para que sirva de ejemplo.

Asimismo, el alcalde alegó que en su administración “no hay espacio” para actos de corrupción. Dijo que no se realizan subastas informales, sino que se siguen los procesos como es debido. Informó, de hecho, que el presidente de la Junta de Subasta es el vicealcalde y quien fue el primer testigo que sentó la Fiscalía federal en el juicio contra Pérez Otero, Eduardo Farrías.