El Departamento de Educación todavía ocupa las propiedades conocidas como la Vieja Sede y el Anexo que han puesto en problemas al exsecretario de Educación, Eligio Hernández Pérez, y a otros tres exfuncionarios que formaban parte de su equipo de trabajo, confirmó este jueves el actual titular de la agencia, Eliezer Ramos Parés.

Según trascendió el pasado martes, el Departamento de Justicia recomendó que se le designe un Fiscal Especial Independiente (FEI) al exsecretario y a parte de quienes componían su equipo de trabajo por efectuar pagos ascendentes a $4,754,014.81 a favor del ingeniero Luis Rivera Siaca, a pesar de que había vencido el contrato de arrendamiento de las mencionadas propiedades.

Entre los funcionarios investigados están el exsecretario de Administración, Osvaldo Guzmán López; el exsecretario auxiliar de la Oficina de Servicios Auxiliares, Carlos Malavé Irizarry; y la exdirectora de Finanzas, Evelyn Rodríguez Cardé.

La alegación establece que “los pagos (por el arrendamiento) se efectuaron mediante órdenes de compra para lograr que el sistema computadorizado efectuara el desembolso del erario para esos fines. El realizar dichos pagos constituye una actuación contraria al ordenamiento jurídico vigente”, explicó la directora de la División de Integridad Pública y Asuntos del Contralor (DIPAC) del Departamento de Justicia, Yolanda Morales Ramos.

En comunicación con Primera Hora, Ramos Parés no respondió si la agencia solicitó al ingeniero la devolución del dinero pagado sin que mediara un contrato. En cambio, afirmó que “yo quisiera no caer en emitir algún tipo de opinión o algún tipo de comentario que vaya a lesionar un proceso que está en curso. Es una investigación donde envuelve el pago de unos arrendamientos de un edificio que todavía nosotros estamos ocupando y unos procesos administrativos y unas instrucciones que se dieron en su momento en términos de política pública”.

Se le insistió en conocer qué pasará con el dinero pagado y señaló que “eso es parte de la premisa de pagos que no se dieron de manera correcta y es parte de lo que se está investigando, por eso es que no quiero entrar en divulgar detalles de la investigación que puedan afectar los derechos de cualquiera de las partes”.

Asimismo, explicó que cuando asumió el cargo, comenzó a realizar gestiones con la Junta de Supervisión Fiscal para permanecer en las propiedades en controversia.

“A la llegada de este servidor al Departamento se comenzaron las gestiones para ese contrato. Al menos, hasta el mes de diciembre había un contrato activo”, sostuvo.

Según el Registro de Contratos de la Oficina del Contralor, Rivera Siaca posee un contrato de arrendamiento con Educación desde el 17 de febrero de 2022 al 30 de junio de 2026 por un monto de $4,113,258.47.

Cabe destacar que cuando se busca el contrato, establece que fue retroactivo al 21 de mayo de 2021.

El periodo en que se alega se dieron los pagos indebidos por no mediar un contrato fue el que comprende de junio de 2019 a enero de 2021.