El Departamento de Educación (DE) volvió a incumplirle a los estudiantes del Programa de Educación Especial.

En un nuevo informe, basado en las guías establecidas bajo el pleito de clase de Rosa Lydia Vélez, la monitora Pilar Beléndez Soltero registró una leve disminución en el nivel de cumplimiento de la agencia, que llevó a Educación a obtener una nota de 2.99 para el semestre escolar 2022-2023, de un máximo de 4.00.

Esta designación representa una baja en cumplimiento de .03, comparado con la nota de 3.02 que alcanzó la agencia para el semestre escolar del 2021-2022.

Sin embargo, la monitora hizo constar que las deficiencias que la agencia sigue presentando están relacionados a servicios directos a los estudiantes, más allá de aspectos administrativos.

Beléndez Soltero concluyó que “al igual que en los últimos años, el reto mayor que confronta el DE es la del ofrecimiento de los servicios relacionados a los que tienen derecho estos estudiantes, particularmente en las terapias, servicios compensatorios, evaluaciones y reevaluaciones. Esta es el área de mayor incumplimiento, tanto del ofrecimiento del DE, a través de las corporaciones que contrata, como mediante el mecanismo de remedio provisional. Sin embargo, el cumplimiento bajo de las estipulaciones de remedio provisional es evidencia de que, a pesar de tener disponible este mecanismo, el DE no lo utiliza con la frecuencia que amerita. Recordamos que los servicios relacionados son esenciales para lograr que los estudiantes puedan lograr alcanzar su potencial”.

La monitora destacó, por ejemplo, que “por primera ocasión se consideran en incumplimiento por estudiantes que egresaron (al Programa) sin haber recibido algún servicio o completar un proceso”.

También precisa que “las áreas en la que el DE evidenció mayor incumplimiento son las de Remedio Provisional (0.75), la de Reevaluaciones (1.50) y la de Servicios Relacionados (2.00). Además, se encuentran en incumplimiento las estipulaciones de Administración (2.00), Asistencia Tecnológica (2.33), Alcance de la Sentencia (2.33) y Transportación (2.89). Esta situación se ha repetido en los últimos años y todas están estrechamente relacionadas con el ofreciendo de los servicios a los estudiantes de educación especial”.

Mientras, “las áreas de mayor cumplimiento son las de Referido a Evaluaciones Iniciales y Determinación de Elegibilidad, ambas con 4.0″, dice el informe.

Al confrontar a la secretaria de Educación, Yanira Raíces, con la información judicial obtenida por Primera Hora, la funcionaria aceptó que el ajetreo causado por el regreso a clases no le ha permitido sostener una reunión con la secretaria auxiliar de Educación Especial, Noelia Cortés, para discutir los pormenores del informe.

“En honor a la verdad, ella me ha buscado, (me ha dicho) ‘vamos a sentarnos para hablar de este tema’ y yo, con tantas cosas, le he pospuesto y debo de obtenerlo estos días”, comentó la funcionaria.

A modo general, señaló que el Programa de Educación Especial “es bien importante” para la agencia. Indicó que el tema le toca de cerca, ya que es madre de un estudiante del programa.

Pero, la funcionaria no pudo responder a preguntas relacionadas a los problemas que tiene la agencia para prestar servicios a esta población, como se les requiere por ley y a base de las estipulaciones impuestas en el pleito de clase. De hecho, por su reiterado incumplimiento, la agencia paga $10,000 diarios en multas al tribunal.

En sus breves declaraciones, Raíces informó que intentó poner en vigor en este nuevo año escolar una iniciativa para establecer en cada una de las 856 escuelas un coordinador de Educación Especial que estuviese al tanto de los servicios que requieren los estudiantes y de documentar el cumplimiento a base del pleito legal.

Para lograrlo, la agencia solicitó sobre $20 millones a la Junta de Supervisión Fiscal. Pero, dijo que sólo le aprobaron alrededor de $4 millones. Esto permitiría establecer un plan piloto con 96 coordinadores para igual número de escuelas.

El reclutamiento de este personal se comenzará a realizar para este inicio de clases, informó.

Señaló que la importancia de este plan piloto es que “nos permitirá demostrar a la Junta, ‘oye, mira, si hacemos esto, podemos cerrar este ‘gap’ de incumplimiento’. Así que esa fue mi estrategia”.

Por su parte, los abogados de los padres de Educación Especial, José Torres, José Nazario, Marilucy González y Carlos Gómez, presentaron una reacción ante el tribunal en el que muestran preocupación por el reiterado incumplimiento de la agencia en servicios a los estudiantes.

Según establecieron al comparar pasados informes, el nivel de cumplimiento en áreas relacionadas a servicio directo al estudiante es de 2.20. Por ello, reclamaron a la corte que intervenga.

“El Departamento se ha mantenido en un nivel de cumplimiento mínimo aceptable, bajo el nivel estipulado y requiere una intervención notable o significativa para cumplir con las estipulaciones que están relacionadas directamente con los servicios y procesos de educación especial que están garantizados por la Sentencia por Estipulación”, se indicó.