El Departamento de Educación volvió a colgarse en su nivel de cumplimiento con los estudiantes del Programa de Educación Especial, según se reporta en el último informe de la monitora del caso Rosa Lydia Vélez, Pilar Beléndez Soltero.

El informe, de unas 413 páginas, establece que en el año fiscal 2018-2019 el nivel de cumplimiento “fue de 2.88. Para este año (2019–2020) hubo una disminución a 2.31”.

Para que tenga una idea, este nivel de cumplimiento 2 establece que es el “mínimo aceptable (50% a 69%) – el cumplimiento está bajo el nivel estipulado y requiere una intervención notable o significativa”.

Para la presidenta del Comité Timón de Madres de Educación Especial, Carmen Warren, este resultado reiterado de incumplimiento en los 41 años que lleva el pleito de clases Rosa Lydia Vélez, en el que se reclamó mejores condiciones para esta población, “no es nueva noticia”.

Dijo que no augura una mejoría para la próxima evaluación, en la que se tomaría en cuenta el periodo de agosto de 2020 a mayo de 2021 en el que los estudiantes se mantienen en educación virtual.

“Es algo que llevamos denunciando por muchísimo tiempo. A partir de los huracanes Irma y María, los terremotos y la pandemia, los cierres de 600 planteles del país que ha prohibido que se reciban los servicios que corresponde, lo tardío del departamento de poder proveer asistencia tecnológica, la falta de apoyo a los padres, no hay otra cosa que se pueda pensar que el sistema ha fracasado. Y sigue el proceso de maltrato a nuestra niñez. Ay (suspiro), a uno le da mucha frustración y el cansancio. Abate a los padres y a la familia para luchar a ver si se vindica el derecho de los padres y estudiantes. El sistema sigue penalizándonos”, resumió la activista.

Tanto el Departamento de Educación como los demandantes en este pleito de clase tienen hasta hoy, miércoles, para entregarle al tribunal su posición ante este diagnóstico de cumplimiento realizado por la monitora Beléndez Soltero.

Según diagnosticó la monitora, “al igual que en 2018-2019, el reto mayor que confronta el Departamento de Educación es la del ofrecimiento de los servicios relacionados a los que tienen derecho estos estudiantes (de Educación Especial). Esta es el área de mayor incumplimiento, tanto del ofrecimiento del Departamento de Educación a través de las corporaciones que contrata como mediante el mecanismo de remedio provisional. Recordamos que los servicios relacionados son esenciales para lograr que los estudiantes puedan lograr alcanzar su potencial”.

Añadió que “otro de los grandes retos es lograr revertir el incumplimiento de la Oficina Regional de San Juan, que en los pasados años es la que incumple con la mayoría de las estipulaciones. Este patrón se reiteró en el incumplimiento evidenciado en varias de las estipulaciones durante este año”.

Cabe destacar que en el único renglón que la monitora le dio perfecto a Educación fue en el grado de cumplimiento del área de referidos a evaluaciones para determinar elegibilidad en el programa. Mientras, la peor nota fue en el área del registros de los estudiantes, las reevaluaciones que se les debe hacer una vez ingresan al programa, así como el servicio de remedio provisional. Sacó uno en estas áreas, lo que representa “nivel de cumplimiento bajo el nivel mínimo aceptable (menos de 50%) – puede considerarse un nivel crítico de incumplimiento”.

La monitora reconoció que la agencia ha estado sumida en los retos que les ha representado los sismos de enero de 2020 y el inicio de la pandemia del COVID-19 en marzo del pasado año. Sin embargo, recordó que se le dio tiempo para someter información, rectificarla, así como contestar los señalamientos de la parte demandante.

Lo que pasa en Educación Especial

En el Programa de Educación Especial había en el año fiscal 2019-2020 unos 111,034. Esta cifra representó una disminución encomparación con los 114,213 estudiantes activos a junio de 2019.

Problemas del habla y lenguaje fue el principal factor para incluir a niños de 3 a 5 años en el sistema, mientras que en los estudiantes de 6 a 21 años predominaba el factor de “diagnóstico de problemas específicos de aprendizaje”.

El abogado de la clase demandante, José Torres, indicó a Primera Hora que, en términos generales, lo más que les preocupa del informe de la monitora es que se demuestra que el Departamento de Educación no tiene un protocolo para atender la población en situaciones de emergencia.

“Aquí se trabaja sobre la marcha y eso representa un gran problema. Uno esperaría que una estructura de gobierno tan grande, tenga mecanismos y protocolos establecidos para atender a nuestra niñez aun en situaciones de emergencias”, sostuvo.

También le preocupó sobre manera que el resultado del nivel 1 de cumplimiento, que está relacionado a las estipulaciones logradas en la sentencia del caso de Rosa Lydia Vélez.

“Se establece un pobre desempeño de la agencia desde el punto de vista de cumplimento y esa estipulación es la constituye el grueso en cuanto a prestación de servicio, redacción de los Programas Educativos Individualizados (PEI) y la prestación de servicios relacionados, la realización de evaluaciones y reevaluaciones, transportación, equipo de asistencia tecnológica, remoción de barreras arquitectónicas y presupuesto”, detalló el letrado.

El informe detalla que estos aspectos se fijaron a base de leyes y reglamentación local y federal.

El nivel de cumplimiento en lo que representa el cumplimiento de la sentencia fue también de 2.0, lo que representa que “el cumplimiento está bajo el nivel estipulado y requiere una intervención notable o significativa”.

“Este caso cumple este año 41 años y sin lugar a duda se ha extendido por el incumplimiento reiterado de la agencia con el Programa de Educación Especial”, afirmó.

Ante el incumplimiento de la sentencia, se supone que Educación pague una multa diaria de $10,000. Sin embargo, la agencia llegó a un entendido para pagar $5,000 entre el periodo de 2017 al 2019, debido a imposiciones relacionadas a la Junta de Supervisión Fiscal.

Warren denunció que, aunque la multa que debe pagar en la actualidad Educación debe ser $10,000, se continúa pagando una suma diaria de $5,000. El uso de dinero de estas multas lo estipula el tribunal.

La activista de los derechos de los estudiantes de Educación Especial comentó que esta situación de las multas y el reiterado incumplimiento que ha tenido el Departamento de Educación los ha llevado a solicitar audiencia con el gobernador Pedro Pierluisi. Sin embargo, dijo que no los ha atendido.

“El gobierno de Puerto Rico tiene que aceptar que no puede, de la forma que los ha estado haciendo, seguir haciendo las cosas. Nos tienen que involucrar. Hay muchas cosas que se pueden hacer con todos los recursos que tiene el Departamento de Educación. Pero, hay que darle celeridad y poner el dinero que está ahí en acción”, expresó.

Lamentó que en el presente año escolar no se registren mejorías en cuanto a la prestación de servicios. De hecho, alegó que ha empeorado, pues muchos estudiantes no tienen contacto con sus maestras y no se les quiere reponer las terapias que se atrasaron a causa de la pandemia.

“Tanto los servicios educativos, como las terapias, los padres tienen que estar rogando como si fuera un favor”, denunció Warren, al indicar que estas acciones del gobierno representan un maltrato y violencia hacia la población de Educación Especial.