Eduardo Ferrer pide no ser más el abogado de coacusado en caso de Anaudi Hernández
La magistrada federal Silvia Carreño Coll acogió su petición y le designó un abogado de la Oficina del Defensor Público federal.
Nota de archivo: esta historia fue publicada hace más de 10 años.
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El abogado y exsenador del Partido Popular Democrático (PPD) Eduardo Ferrer solicitó renunciar a ser el representante legal de Víctor Rafael Burgos Cotto, coacusado en el caso de corrupción gubernamental en el que está involucrado el recaudador de la misma colectividad política Anaudi Javier Hernández Pérez.
Ferrer arguyó que pudiese haber un conflicto de intereses si él asumía esta labor.
La magistrada federal Silvia Carreño Coll acogió su petición y le designó un abogado de la Oficina del Defensor Público federal al informar que Burgos Cotto no tiene los medios para costear servicios legales.
En sala no trascendió cuál era el posible conflicto de interés, pero sí que Ferrer conversó sobre la situación con el fiscal federal del caso, José Capó Iriarte, quien estuvo de acuerdo. De esta manera lo informó en su moción presentada inicialmente ante el juez federal que preside el caso, Pedro A. Delgado, quien refirió el asunto a la magistrada Carreño Coll.
Durante la investigación del caso y las citaciones al gran jurado, a Ferrer se le vio representando a potenciales testigos de cargo, por lo que fungir como abogado de un acusado podría resultar en un conflicto de interés.
El juicio en el caso contra los 10 acusados por cargos que incluyen conspiración para cometer fraude a programas federales por soborno, conspiración para privar a Puerto Rico de los servicios honestos de funcionarios públicos por medio de fraude electrónico, cargos sustantivos de fraude electrónico, extorsión, conspiración de lavado de dinero, declaraciones falsas al gran jurado, obstrucción a la justicia y conspiración de fraude electrónico para privar al gobierno de Puerto Rico de dinero y propiedad será ante Delgado, quien pautó preliminarmente la fecha de inicio del juicio para el 10 de mayo de 2016.
Burgos Cotto era el director de informática y tecnología de la Cámara de Representantes. Uno de los tres esquemas de actos ilícitos investigados tenía que ver con dicho cuerpo legislativo, que le otorgó un contrato a la compañía 3Comm Global, propiedad de Hernández Pérez, para instalar y dar servicio al sistema telefónico. Aun cuando este nuevo sistema nunca funcionó apropiadamente y el contrato venció, el cuerpo legislativo continuó pagando.
Los demás acusados por el mismo esquema son el exadministrador de la Cámara, Xavier Eduardo González Calderón y quien fuera su ayudante, Glenn Omar Rivera Pizarro.
Los otros acusados son la exadministradora de la Administración de Desarrollo Laboral, Sally López Martínez; la exdirectora de compras de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA), Sonia M. Barreto Colón; la exvicepresidenta de la AAA Ivonne Marie Falcón Nieves; su hermana Marielis Falcón Nieves; y los empresarios de JM Profesional (sic) & Training Group, Carlos Francisco Luna Cruz y Javier Alexis Muñiz Álvarez.
Este último aspiraba a la alcaldía de Moca por el Partido Nuevo Progresista (PNP) y es el único al que se le denegó fianza, por lo que permanece detenido en el Centro de Detención Metropolitano (MDC, por sus siglas en inglés), en Guaynabo.