Economistas y profesionales de Trabajo Social piden la renuncia de Rosselló
Unos advierten que las controversias recientes “desaniman la inversión y debilita los esfuerzos de recuperación económica” y otros advierten un "agravio a nuestra dignidad como pueblo".
Nota de archivo: esta historia fue publicada hace más de 5 años.
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La Asociación de Economistas de Puerto Rico emitió una declaración en la que solicitan la renuncia del gobernador Ricardo Rosselló Nevares por el bien económico del país.
Las expresiones escritas emitidas establecen que los actos en los que ha estado involucrado la administración gubernamental en los controvertibles mensajes del chat de Telegram y los arrestos por corrupción “desanima la inversión y debilita los esfuerzos de recuperación económica”.
“Este momento es clave para Puerto Rico; estamos en un proceso delicado de reestructuración de la deuda, la economía de Puerto Rico tan siquiera ha recuperado los niveles de producción previo a los huracanes y nos encontramos casi a la mitad de la segunda década de una profunda recesión económica. Puerto Rico necesita un liderato que fomente cohesión social, confianza y respaldo de la ciudadanía. Exigimos transparencia económica para salir de la crisis a la que estamos sumergidos, pero también, necesitamos impulsar cambios económicos y estructurales. Ello con el fin de favorecer realmente los esfuerzos contra la corrupción en el País, y el gobierno demostrar que tiene un compromiso de largo plazo con reformas sustanciales de erradicación de la corrupción”, establecieron.
“Por estas razones, la Junta de Directores de la AEPR entiende que el gobernador debe renunciar a su cargo para dar paso a una transición ordenada, y en consulta con la sociedad civil. Tenemos que reenfocar nuestros esfuerzos hacia una recuperación económica y poner a Puerto Rico primero, siempre”, concluyó la comunicación.
Rosselló Nevares está en medio de múltiples controversias, principalmente por un chat divulgado entre el pasado martes y el sábado en el que se destapan una serie de mansajes machistas, sexistas, homofóbicos y amenazantes lanzados por el primer ejecutivo y su grupo íntimo de asesores a personalidades de la oposición política y de su mismo Partido Nuevo Progresista.
También se destaca que el pasado miércoles las autoridades federales realizaron un operativo anticorrupción en los que arrestaron a cuatro contratistas del gobierno y a dos exfuncionarias, la exsecretaria de Educación, Julia Keleher y la exadministradora de la Administración de Seguros de Salud, Angie Ávila.
De otra parte, mediante comunicado de prensa, el Colegio de Profesionales del Trabajo Social de Puerto Rico (CPTSPR) reiteró su reclamo para que el Gobernador de Puerto Rico, Ricardo Roselló Nevares, asuma su responsabilidad renunciando a su cargo inmediatamente.
“Los principios de nuestra profesión nos exigen una respuesta ética decisiva y contundente ante la crisis de gobernabilidad que enfrenta el país y el agravio a nuestra dignidad como pueblo cuando es el propio Gobernador y su círculo íntimo de colaboradores quienes expresan, en el ámbito de lo que piensan que es privado, su verdadero SER, sentir y pensar. Los insultos y las expresiones sexistas, racistas y homofóbicas, así como la discusión de acciones que pudieran implicar la recopilación ilegal de información personal, el discrimen político-partidista, la intervención e influencia indebida en las operaciones gubernamentales, la incitación a la violencia, la malversación de fondos públicos y el enriquecimiento ilícito, no pueden subsanarse con un mero reconocimiento de un error al “liberar tensiones” y una solicitud de disculpas. Solo se subsanan asumiendo con valentía la irremediable necesidad de su renuncia”, manifestó la presidenta del CPTSPR, Mabel López.
Según establece el Código de Ética (2017) del CPTSPR, la dignidad humana implica el reconocimiento de que los seres humanos nacen libres, y son iguales en derechos que les son inalienables. La dignidad humana es fundamento de la libertad, la justicia, la paz, y razón por la cual procuramos solidarizarnos con los sectores oprimidos, marginados y excluidos para promover la construcción de nuevas estructuras sociopolíticas más solidarias, inclusivas y justas.
“El pueblo de Puerto Rico vive un momento de crisis y de violencia institucional que requiere una profunda renovación de nuestra estructura política y económica, y un alto sentido de integridad y valentía, inclusive del propio pueblo”, sostuvo.