El economista José Caraballo Cueto sostuvo hoy que la inflación en Puerto Rico, que estimó en un 8%, se ha exacerbado por el conflicto bélico entre Ucrania y Rusia y dijo que sus efectos en los precios de alimentos y servicios energéticos afectarán a los más pobres.

No obstante, el también catedrático de la Universidad de Puerto Rico en Cayey indicó que antes de la pandemia y antes de la guerra, Puerto Rico tenía un costo de vida alto y propuso varias medidas anti inflacionarias a la Comisión Especial para la Erradicación de la Pobreza del Senado .

“Aún antes de estas situaciones ya el costo de vida en Puerto Rico era relativamente alto. El índice de costo de vida que prepara el Council for Community and Economic Research de Estados Unidos coloca el costo de vida en Puerto Rico en el promedio de 289 jurisdicciones en Estados Unidos. En el área de servicios esenciales, como lo es el costo de la electricidad estamos en el lugar cuarto y en el caso de los alimentos estamos en el lugar 19, todo esto anterior a este período inflacionario”, dijo Caraballo Cueto en una vista pública.

El economista subrayó que las clases más pobres de Puerto Rico van a ser las más afectadas por el aumento en los precios de productos y servicios. Dijo que estos efectos se comenzarán a sentir en los próximos meses.

Sostuvo que tanto Ucrania como Rusia son grandes productores de granos, metales y petróleo, insumos que se usan en la agricultura y en la manufactura. “Cuando en el mercado mundial hay estos aumentos de precios estamos muy vulnerables por el lado de los productos y por el lado de la energía estamos sumamente atrás en lo que es la energía renovable. Si nos hubiésemos movido antes ya no estuviéramos tan vulnerables ahora en este conflicto bélico”, afirmó.

“Lo que estamos viendo es que se añadió sal a la herida al costo de vida en Puerto Rico con estas situaciones que se están viendo a nivel mundial”, dijo al tiempo que auguró que a corto plazo la inflación “va a continuar, pero recalcó que aún si se pudiera controlar y se llevara a cero, el costo de vida en Puerto Rico sigue alto”.

Atribuyó el alto costo de vida en buena medida a los efectos adversos del Acta Jones de 1920 conocida también leyes de cabotaje y a “la escasa aplicación” de las leyes antimonopolísticas. Indicó que “la mayoría de los estudios” concluyen que la Ley Jones encarece el costo de las importaciones que llegan a Puerto Rico pues “estas no solo cobran más caros que otras marinas mercantes, sino que realizan aumentos de precios unilaterales y utilizan predominantemente un solo muelle (Jacksonville, en Florida)”.

En el caso de las leyes antimonopolísticas dijo que “rara vez”, el Departamento de Justicia federal y la División, de Asuntos Antimonopolísticos del Departamento de Justicia local han intervenido con los mercados altamente concentrados en Puerto Rico. “Se le hace un flaco servicio a los consumidores en la medida en que no se promueve la competencia”, expresó.

Como medidas anti inflacionarias, el economista recomendó eliminar el impuesto al petróleo (crudita) y dijo que estos recaudos se podrían sustituir con aumentos en los tributos de lujo, como propiedades lujosas y embarcaciones.

Propuso también no viabilizar las reestructuraciones de deuda que incluyan aumentos regresivos en los costos o tarifas que paga la población, emitir una declaración al Congreso y al Presidente de Estados Unidos haciendo constar que el gobierno de Puerto Rico se opone inequívocamente a la Ley Jones. Recomendó además, reemplazar la División de Asuntos Antimonopolísticos por una “entidad más proactiva, autónoma y con poderes suficientes para mantener mercados competitivos”.

Igualmente, sugirió llevar a subasta pública las viviendas desocupadas que le deben al Centro de Recaudación de Ingresos Municipales (CRIM), con la salvedad de que solo participen personas naturales, no jurídicas. “Esto es algo que se lleva hablando hace 30 años, ese proyecto de reformular el CRIM tiene que incluir el que se elimine el impuesto al inventario”, recalcó Caraballo Cueto.

Entre otras medidas, propuso también que se obligue al Departamento de Educación a integrar cursos de educación financiera al currículo, mejorar las estadísticas del Departamento del Trabajo, entidad encargada de medir el Índice de Precios al Consumidor y promover la transportación pública mediante cooperativas de trabajo o subsidios a choferes independientes.

“El Departamento de Educación no enseña una sólida educación financiera para que las personas pobres sepan manejar mejor su presupuesto y resistir el consumismo desmedido”, argumentó el economista, quien recordó que se estima que cerca de un 44 por ciento de la población en Puerto Rico vive bajo índices de pobreza.

Sostuvo que tampoco hay un programa para hacer accesible la energía renovable para todos los hogares puertorriqueños. “El movimiento de energía renovable ahora mismo es posible para las clases más pudientes y la clase media, incluso a través de endeudarse, pero las clases más pobres no tienen ninguna de las dos posibilidades, ni comprar energía renovable ni financiarla y corren el riesgo de pagar los altos costos de la energía que monopoliza LUMA”, indicó el economista.

Agregó que “peor aún la reestructuración de la deuda de Puerto Rico incluye aumentos regresivos de costos en el kilovatio hora de la Autoridad de Energía Eléctrica, aumentos en los peajes, aumentos en la factura de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados, entre otros servicios esenciales”.

La presidenta de la comisión legislativa, Elizabeth Rosa anunció que las vistas públicas continuarán el próximo 29 de marzo con los Departamentos de Agricultura y Asuntos del Consumidor y la Asociación de Mayoristas e Importadores de Alimentos (MIDA).