Cerca del 41% de las querellas presentadas contra funcionarios por presuntas violaciones en el desempeño de sus funciones, corresponden a personas que ingresaron al gobierno hace menos de cinco años.

Así lo define el perfil recopilado por la Oficina de Ética Gubernamental (OEG) que, actualmente trabaja con 81 denuncias, de las cuales 15 son contra alcaldes y exalcaldes. Las demás imputaciones giran en torno a jefes de agencia y empleados regulares, a nivel estatal y municipal.

De acuerdo con el director ejecutivo de OEG, Luis Pérez Vargas, “el pasado año fiscal cerramos con 70 querellas y, en lo que va de este año, van 33 querellas presentadas”.

“En cuanto al perfil, lo que estamos viendo es una mayor cantidad en los (funcionarios) de ingreso más joven en el gobierno; son los que más se corrompen y cometen la falta. Los que tienen entre 0 y 5 años, representan el 41% de las personas que más violaciones cometen”, reveló.

“Eso nos lleva también a un mensaje de cuál es el reclutamiento que estamos haciendo de esas personas y cuál es la forma de educarlos y de prevenir. Por lo que me dicen estos números, el gobierno no los daña, es que llegan quizás con algunas malas mañas, en el buen español, de agenciarse un puesto público sin importar el nivel e intentar beneficiarse él o un tercero”, mencionó.

Para atajar la ola de corrupción que impera en la Isla, Pérez Vargas anunció una campaña cibernética en precopr.com, que facilita la divulgación de información ciudadana sobre actos delictivos cometidos por funcionarios y autoridades del gobierno que abusan de su poder, al igual que en casos de evasión contributiva, trasiego de drogas y crímenes, entre otros delitos.

La campaña da ejemplos simples, pero directos y hasta descarados, sobre las acciones denunciables.

El esfuerzo es posible a través del grupo para la Prevención y Erradicación de la Corrupción en Puerto Rico (PRECO); un conglomerado de agencias estatales y federales que se unieron con el propósito de “lograr una cooperación continua en la lucha contra la corrupción en Puerto Rico”; al amparo de la Ley 2 del 4 de enero de 2018.

El organismo es presidido por el director ejecutivo de la OEG, e integra a la Oficina del Panel Sobre el Fiscal Especial Independiente (PFEI), “la Contralora, el Contralor Electoral e Inspectora General, que son los miembros a término. También está el secretario de Justicia, el secretario de Hacienda, comisionado de la Policía y, por invitación está el director del FBI en Puerto Rico y Fiscalía Federal”.

“Nuestra función principal es dar a conocer los mecanismos de prevención y cómo las personas pueden también denunciar actos o posibles actos de corrupción. Prevención, en la medida en que damos a conocer de manera bastante sencilla lo que es una falta administrativa, lo que es un delito y, entonces, de esa forma, la persona que va a denunciar sabe mejor de qué forma dirigirse y a qué agencia hacerlo. Si va a través de la plataforma de PRECO, cualquier denuncia que haga va a nuestra Oficina de Ética con el Departamento de Justicia”, explicó.

“No obstante, en la plataforma están todos los contactos de todas las agencias por si las personas quieren, de manera más específica, referirse al FBI, si entiende que hay una violación federal, o al Departamento de Hacienda si cree que es algo de evasión contributiva, o a las distintas agencias; a la Contralora si es un asunto de auditoría, por darle algunos ejemplos”, aclaró.

En cuanto a la falta de confianza en muchas personas que intentan denunciar este tipo de acto, Pérez Vargas aseguró que “siempre se le garantiza esa parte de respeto, confidencialidad e incluso, de ley contra represalias”.

“Hay unos códigos de anticorrupción que penalizan a las personas que toman represalias contra el denunciante de actos de corrupción. Lo que le decimos a la ciudadanía a través de este proceso es, que la plataforma es segura y que, si queremos que los casos de corrupción se reduzcan de manera considerable, es formando parte de la divulgación y de la colaboración con las agencias”, destacó.

“Es una plataforma que requiere de confidencias para procesar los casos. O sea, que es un trabajo en conjunto de cualquier agencia, dirigido a casos de corrupción de gobierno. Lo que la gente ve quizás de políticos, pero es en todo el sentido de evasores contributivos, la lucha contra el crimen, el trasiego de drogas, cualquier información que las personas tengan, lo puedan hacer a través de prepopr.com”, insistió.

De otra parte, expuso la diferencia entre falta administrativa versus un caso de corrupción.

“La falta administrativa se paga con dinero, es una multa. Una falta administrativa no va al récord de antecedentes penales, no descalifica a la persona, es literalmente eso, una multa. Un caso de corrupción es delito, (que conlleva una pena) desde una probatoria o incluso cárcel, o pagar con una probatoria, esa es una diferencia. Por darle un ejemplo, lo que se cataloga como un conflicto de interés, eso es una falta administrativa. Un asunto de nepotismo se cataloga como falta administrativa, no como un asunto penal”, argumentó.

“Una extorsión, malversación de fondos públicos, dejar de cumplir un leve impuesto en ley o reglamento que traiga la pérdida de propiedad, de los fondos públicos, lo que es el soborno, prácticamente eso lo estamos presentando en esta campaña”, dijo sobre el término corrupción.

Finalmente, manifestó que la dinámica simplifica el proceso al denunciante.

“La idea es que no se dupliquen esfuerzos. Muchas veces, el ciudadano cuando va a hacer una denuncia viene con sus papeles y los reparte por todas las agencias y, va al Contralor, a Ética, a Justicia. Lo que queremos hacer aquí es que la persona pueda tener una idea de qué es lo que ha identificado y cómo lo puede dirigir mejor para hacer el trabajo”, apuntó.