Duras exigencias de la junta al rechazar el plan fiscal de Rosselló
En una misiva con propuestas económicas sumamente severas, el ente creado por ley federal le concede 48 horas al gobierno para enmendar su plan conforme sus directrices.
Nota de archivo: esta historia fue publicada hace más de 7 años.
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Con duros cálculos económicos y propuestas drásticas, la Junta de Supervisión Fiscal le informó hoy mediante carta al gobernador Ricardo Rosselló que rechazaba el plan fiscal del gobierno de Puerto Rico.
Entre las propuestas incluidas en la carta está reducir más el bono de Navidad, cambios en el Programa de Asistencia Nutricional (PAN) para que más gente trabaje, más cierre de escuelas, controles en el uso de la tarjeta de salud, recortes a la Universidad de Puerto Rico que deben alcanzar los $450 millones para el 2021, entre otros.
Lea la carta
El ente creado bajo la ley federal PROMESA le concede hasta este sábado para enmendar el proyecto. El lunes está pautada una vista pública en Nueva York donde la junta aprobaría un plan fiscal para la Isla.
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“La Junta ha determinado que el plan no cumple con los requisitos de PROMESA. Específicamente, el plan propuesto por el gobierno está basado en proyecciones irreales de crecimiento económico, subestima sustancialmente el gasto y refleja gran optimismo en proyecciones de recaudos”, reza la carta firmada por el presidente de la junta, José B. Carrión.
En la misiva se alega que el gobierno falló en sus estimados de gastos por entre $60 millones a $510 millones y que la proyección de liquidez se queda corta por $300 millones y que no se establece “un camino para restructurar la deuda y las pensiones”.
“La restructuración de la deuda es necesaria, pero esta por sí sola no es suficiente ni una solución a largo plazo”, agrega la carta.
Las dos áreas en las que la Junta ve mayor desacierto por parte del gobierno y donde “necesitan significativas mejoras” son las reformas al sistema de salud y el “tamaño correcto” del gobierno.
En salud, el gobierno sí debe implantar reformas para hacer del servicio uno más eficiente, y debe procurar reducciones graduales al gasto anual, que para el año 2021 representa cortar gastos del gobierno en salud en $750 millones. Entre las propuestas se incluye que el gobierno establezca parámetros mensuales por asegurado del gobierno para "optimizar tráfico hospitalario".
Respecto al tamaño del gobierno, hay que reducir aún más el bono de Navidad, cortar más los contratos, así como aumentar la consolidación -o cierre- de escuelas.
Asimismo, el gobierno no logró demostrar como la consolidación de agencias y sacar al gobierno de proveedor de algunos servicios traerá suficientes ahorros al presupuesto. Las reducciones de gastos para el 2021 deben ser de $1,300 millones.
La junta también pide a la Rama Legislativa ahorros en sus gastos de hasta 20%.
Otra mala noticia de la carta es que anticipa que el problema presupuestario de la Universidad de Puerto Rico es mayor que la cifra de $300 millones ofrecida inicialmente por la propia junta porque ahora la misiva dice que la reducción del presupuesto universitario debe ser de $450 millones para el año fiscal 2021.
El gobernador ha dejado en manos de la universidad los recortes a su presupuesto, pero ya las autoridades universitarias han dicho que ese recorte de $300 millones tendría un efecto severo en el funcionamiento de la UPR.
La Junta sí le reconoce aciertos al plan porque entiende que va “en la ruta correcta” en sus propuestas para reducir subsidios municipales, pensiones, mejorar los recaudos y promover las alianzas público privadas pero esa ruta no siempre está bien implementada. Ese es el caso de las pensiones, porque la junta dice que la reducción de beneficios propuesta por el plan es “insuficiente”.
Pero, la junta dice que debe haber una reforma a iniciativas como el Programa de Asistencia Nutricional para motivar a más personas a trabajar, profesionalizar y lograr un empleado público más tecnológico, y lograr reducciones al costo de la energía.
La misiva llega un día después que la Junta propuso medidas severas como quitarle un día de trabajo a la semana, un 20% de su sueldo, a la mayoría de los empleados públicos, y eliminar el 50% de los contratos del gobierno. Estas medidas han sido criticadas por múltiples sectores del gobierno, así como por economistas.