Una candente vista cameral dejó en evidencia un sinnúmero de incongruencias en torno a la polémica venta de un terreno del área de Condado, que los vecinos defendieron con sólidos argumentos como un lugar que servía de parque para el disfrute de la comunidad, mientras que funcionaron de diversas entidades del gobierno calificaron como una venta que se hizo siguiendo la ley.

De acuerdo con representantes de la comunidad, no solo se les privó a quienes viven alrededor del Parque Borinquen, ubicado en la esquina de la avenida Ashford y la calle Krug, de uno de los pocos espacios verdes que hay en esa zona densamente construida, sino que la venta se habría hecho de forma ilegal, toda vez que, según argumentaron en sus presentaciones, la entidad que vendió, el Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP), no era el verdadero propietario del terreno, sino el municipio de San Juan, y tampoco era válido el argumento que se esgrimió para justificar la venta de que ese era un lugar en desuso, pues la comunidad sí hacía uso del mismo.

El arquitecto y planificador Pedro Manuel Cardona Roig, uno de los varios deponentes a nombre de la comunidad y en oposición a la venta del parque para hacer una construcción privada, presentó un extenso tracto de la historia del lugar, desde el siglo XIX, cuando había allí un parque más grande que luego fueron segregando y vendiendo poco a poco.

Argumentó que, tras buscar la titularidad del lugar, encontró en los registros públicos que “está inscrito a favor del municipio de San Juan, lo que contrasta con las aseveraciones que había hecho el DTOP, y que se repitieron más adelante en la vista, de que el lugar no tenía propietario y la agencia procedió a adquirirlo para luego venderlo a la empresa Krug Property, para el desarrollo de un edificio de apartamentos.

Sostuvo que, en el año 2019, el DTOP reclamó la propiedad sobre el espacio, alegando que no existía evidencia de propiedad, y en el 2021 lo vendió a Krug Property. Sin embargo, agregó, “el parque está inscrito como propiedad a favor del Municipio de San Juan desde 1972, según consta claramente en el registro de la propiedad”.

El Municipio de San Juan, en cambio, no acudió a la vista, pero posteriormente envió una comunicación electrónica en la que indicaba que tampoco era el titular del terreno.

Cardona Roig, por su parte, aseveró que, incluso si se asumiera que el DTOP fuera el propietario, no cumplieron con los requisitos para disponer de bienes públicos.

Asimismo, cuestionó que al proyecto de construcción que se pretende erigir en el lugar, que tendría 12 pisos cuando la regla es que no se permitan más de cinco, se le aprobaran 14 variaciones a las disposiciones del reglamento que rige las construcciones para esa área de Condado, cuando el mismo reglamento expone que tales variaciones “se considerarían solo cuando, debido a circunstancias excepcionales o extraordinarias, se haga necesario”. Añadió que el lucro o el deseo de disfrute de unos pocos “no constituyen una circunstancia excepcional o extraordinaria”.

Otros deponentes a nombre de la comunidad, que hicieron una apasionada defensa del parque, condenaron la “determinación arbitraria y caprichosa, además de errónea” de que el lugar no tenía uso, sin consultar siquiera a la comunidad, cuando los vecinos usan el espacio verde a diario para pasear a sus mascotas, reunirse, conversar, jugar con los niños, alimentar palomas o disfrutar del área verde.

Los vecinos mostraron a los representantes, incluyendo a Luis Raúl Torres Cruz, presidente de la Comisión para el Desarrollo y Fiscalización de Fondos Públicos de la Ciudad Capital, Aguas Buenas, Bayamón y Cataño, y José Aníbal Díaz Collazo, presidente de la Comisión de Transportación, Infraestructura y Obras Públicas, varias imágenes en las que se puede ver a personas de la comunidad haciendo uso del parque, así como limpiándolo luego del huracán María.

De igual forma, condenaron lo que consideran “el asesinato de los árboles” del parque por envenenamiento, algo que denunciaron al Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA).

Los miembros de la comunidad se refirieron también a las disposiciones legales que se han traído como base para la venta del predio, y argumentaron que, si bien la ley citada autorizaba al secretario del DTOP vender terrenos cuando el precio de tasación estuviera por debajo de los $500,000 y sobre $100,000 (en este caso fue de $145,000), también exigía que la venta fuera aprobada por el gobernador, el secretario de Hacienda y el secretario de Justicia, algo que, en este caso, no se siguió.

A preguntas de representantes, William Vázquez Irizarry, exsecretario de Justicia y quien está ofreciendo asesoría legal a la comunidad, indicó que, incluso en el supuesto que el espacio hubiese dejado de tener utilidad pública, comoquiera su venta debía contar con la aprobación del gobernador, el secretario de Hacienda y el de Justicia, y “por eso es que es problemática esta venta”.

Sostuvo que, primero, está el planteamiento de titularidad, que supondría que vendió quien no podía, “y ahí se cae todo”. Luego, añadió, está el planteamiento legal de que para venderlo “había que establecer que dejara de tener utilidad pública”, o, según otra ley que se cita, la 26-2017 “que estuviera en total desuso”, algo que, insistió, “no se cumplió”.

Tampoco hubo una subasta pública, que se establece como mecanismo de control importante para disposición de bienes públicos en la Ley 26, que, aunque contempla la venta directa, “se especifica que se debe justificar como una excepción”.

Posteriormente, declararon varios funcionarios públicos.

Habla el DRNA

La secretaria interina del DRNA, Anaís Rodríguez Vega, fue cuestionada sobre el alegado envenenamiento de árboles, y afirmó que nadie puede hacer tal procedimiento, a excepción del DRNA para evitar situaciones de peligro. Agregó que aquella persona que envenene árboles se expone a multas administrativas.

Indicó que el DRNA, archivó una queja inicial sobre la situación con los árboles, actualmente se está llevando a cabo una investigación de lo ocurrido y el resultado estaría en las próximas semanas.

Aunque evitó ser categórica, ante la insistencia de los legisladores, sobre si se podía emitir una orden de cese y desista contra el envenenamiento de los árboles, Rodríguez Vega sostuvo que actuaría “acorde al reglamento. Si está en mi jurisdicción, vamos a emitir una orden de cese y desista”.

Discusión y expulsión de la vista

Más adelante en la vista, los representantes cuestionaron a funcionarios del DTOP, el Centro de Recaudación de Ingresos Municipales (CRIM), el Comité de Evaluación y Disposición de Bienes Inmuebles (CEDBI), la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (AAFAF), así como el tasador Javier Porrata Monserrate, que llevó a cabo la tasación del terreno.

La discusión subió de tono mientras el representante Torres Cruz interrogaba a Gian García García, asesor legal general del DTOP, en torno al proceso que llevó a cabo es agencia para llegar a la venta del predio.

“¿Quién llegó a la determinación final de que ese terreno no tiene uso público?”, le cuestionó el representante Torres Cruz, mientras García García detallaba el complejo proceso burocrático a través incluso de más de una agencia.

El funcionario fue cuestionado sobre la información que apuntaba a que el Municipio de San Juan era dueño de la propiedad, y que no había surgido en la investigación del DTOP sobre la titularidad del terreno.

“No le creo director, para nada le creo”, le contestó en un momento el representante Torres Cruz, antes de dirigir momentáneamente sus preguntas a otros funcionarios.

Al retomar sus preguntas al DTOP, el representante indagó sobre la aprobación de parte del CEDBI que dio paso a la venta del parque. García García explicó que fue una decisión aprobada por mayoría de dos de los tres miembros, para entonces Omar Marrero Díaz y Manuel Laboy Rivera, en su carácter de jefes de AAFAF y el Departamento de Desarrollo Económico y Comercio (DDEC). La otra persona miembro del CEDBI, Iris Santo, entonces directora de la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP), fue quien no votó.

Sin embargo, mientras hacía sus declaraciones el funcionario entró en un careo con el representante y le apagaron el micrófono. Luego, hizo alguna expresión que llevó Torres Cruz a ordenar su expulsión del salón.

“Esto podemos catalogarlo como una falta a la libre expresión”, condenó García García fuera del salón de audiencias.

“Estamos compareciendo aquí como funcionario y en nombre del DTOP con el fin de aclarar específicamente todos y cada uno de los procesos que se llevan a cabo ante una solicitud de compraventa de algún terreno o propiedad inmueble que solicite cualquier empresario o cualquier ciudadano”, agregó. “Sin embargo, no nos dieron la oportunidad en ningún momento de poder presentar la documentación, de poder establecer cuál es el tracto que se lleva a cabo para ese tipo de transacción y que la misma ha sido toda en cumplimiento con las leyes y regulaciones establecidas en el país”.

Añadió que no se había dado al gobierno el mismo trato que a las comunidades, y sostuvo que “hemos sido tan transparentes que nos trajimos el expediente completo de toda la transacción”, documentos que habían entregado a las comisiones.

Alegó que el comentario, que no se escuchó porque el micrófono estaba apagado, y que habría desatado su expulsión, fue que reclamó “trato igual, que solo quería trato igual”.

Sin embargo, la versión del representante fue bien diferente. De hecho, aunque no quiso repetirlo, dijo que García García había hecho “un comentario ofensivo” al funcionario que tenía a su lado, y que él escuchó.

Antes, indicó, “le llamo la atención en dos ocasiones” por insistir “en que las premisas que se traen aquí son falsas, que las premisas de los legisladores son falsas, faltándonos el respeto, en vez de aclarar la información que es lo que tenía que hacer, como hicieron los demás funcionarios. Aquí no hubo incidente con ningún otro funcionario”.

Por otro lado, Sylvette Vélez, directora ejecutiva del CEDBI, confirmó que en la evaluación que dio paso a la venta, no se mencionaba que era un parque, sino solamente “un predio de terreno”. También confirmó que no estaba incluido en una lista de bienes inmuebles que el gobierno tiene disponibles para la venta.

Al terminar la vista, el representante Torres Cruz, afirmó que “aquí hay información incongruente entre lo que nos han traído los vecinos, los documentos que estamos examinando y lo que están diciendo todos estos funcionarios bajo juramento, y sobre todo el del DTOP, que maneja las propiedades, que vieron que trajo aquí información bien incongruente, que dice que hizo unas evaluaciones que no coinciden con lo que encontraron en la evaluación de la titularidad de la propiedad y de los registros de la propiedad que trajeron los vecinos y el propio CRIM, y entonces él se sigue contradiciendo, diciendo que no vio nada de eso. O sea, no vio lo que no quiso ver”.

Los presidentes de las comisiones dijeron que el Municipio de San Juan sería citado nuevamente, so pena de desacato. También estaba citada la empresa Krug Property, pero tampoco compareció, sin siquiera enviar excusas, según el representante Torres Cruz.

También serían citados a otra vista el registrador de la propiedad y al agrimensor, para evaluar la controversia que también hay sobre las mediciones del terreno.