El Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA) firmará este martes un contrato de emergencia con la empresa manufacturera de las bombas que operan en áreas inundables de San Juan, Guaynabo, Cataño, Salinas y Juana Díaz para mantener la operación de los 44 equipos hidráulicos que se alquilan.

El secretario interino del DRNA, Robert Méndez Martínez, explicó a Primera Hora que el contrato con MWI Pump Corporation será hasta el 30 de noviembre y representaría una economía de unos “$100,000 mensuales al pueblo de Puerto Rico”.

Específicamente, el funcionario precisó que la empresa cobraría poco menos de $2.4 millones, mientras la compañía que hasta el pasado viernes tenía a su cargo la operación de las plantas, Tetrad Enterprises LLC, cobraba unos $2.5 millones mensuales.

Esta transacción se da luego de que, sorpresivamente y sin consultar con los alcaldes de los pueblos afectados, el DRNA cancelara el pasado viernes los contratos que por años poseían con Tetrad para la adquisición y sustitución del sistema de bombas hidráulicas, así como para el arrendamiento, operación y mantenimiento de 44 bombas hidráulicas temporeras por presunto incumplimiento de cláusulas.

Entre estos incumplimientos, el titular destacó que en el 2022 se le encomendó a Tretad comprar a nombre de la agencia nueve bombas con mayor potencia, que desplazarían las que mensualmente se les alquilaban, y no completaron la transacción. Señaló que en julio pasado se enteraron que esas bombas llegaron a Puerto Rico entre septiembre y diciembre de 2023, pero nunca se instalaron. Dijo desconocer la razón.

Desde el viernes y hasta que se firme el contrato, el DRNA está bajo el control de las casas bombas, señaló Méndez Martínez. Además, cuentan con la colaboración de Cortés Industrial, que opera y da mantenimiento a las bombas que le pertenecen al DRNA.

Con este nuevo contrato de emergencia a MWI Pump, según dijo el funcionario, se “cambia totalmente el juego. Es una empresa con sobre 70 años de experiencia en esto. Son, entiendo yo, el manufacturero principal en Estados Unidos y se conocen todas las casas bomba de Puerto Rico desde hace años. Es por eso es que estuvieron a la disposición de entrar a Puerto Rico y hacer negocio y registrarse e ir directamente en vez de ir con un intermediario”.

Explicó que el intermediario en este caso era Tetrad, que arrendaba las bombas que operan en la Isla a MWI. Pero, en medio de los problemas de incumplimiento, la empresa le quitó el derecho del alquiler, contó el secretario.

Méndez Martínez comentó que “lo que vamos a hacer ahora mismo con MWI es entrar en un contrato para que las bombas de emergencia se mantengan y como es por emergencia, como fue así rápido, es hasta noviembre 30″.

“Eso es para garantizar la continuidad de los servicios”, añadió.

Señaló que, de manera inmediata, se logró un ahorro. Pero, para el contrato que se busca firmar posterior al 30 de noviembre, el cual sería con carácter de permanencia y que tendría que pasar el cedazo de la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP), la Administración de Servicios Generales (ASG) y la Junta de Supervisión Fiscal, el DRNA buscaría mayores economías.

“Necesitamos buscar más eficiencias y que sea mejor para el pueblo de Puerto Rico”, sostuvo.

Méndez Martínez también proyectó que el cambio operacional generaría ahorros en el combustible, ya que “la compañía anterior no nos informaba, no nos detallaba ninguno de sus consumos y estábamos pagando en exceso, según nuestros estimados, cosa que ahora no va a ser así. Ahora va a haber una relación completamente transparente, donde se va a ver mucha más eficiencia en la operación”.

La empresa también tendría que verificar el estado de las nueve bombas que el estado adquiriría para conocer si estas pasarían a ser compradas e instaladas.

Otra medida que el DRNA tomó fue que presentó una demanda de injuction contra Tetrad y un referido a “agencias de ley y orden” federales para que no intenten intervenir con la operación de las casas bombas, una infraestructura tipificada como “crítica”.

Entre otras cosas, explicó que el sábado se detectó que, supuestamente, la empresa colocó candados y cambio las llaves de las bombas ubicadas en el barrio Amelia de Guayabo. Esta situación fue la que provocó que las bombas no encendieran y la comunidad se inundara el pasado sábado.

El funcionario dijo que tuvieron que romper el candado y entrar para resolver la situación. Desde entonces, todas las casas bombas tienen guardias armados contratados por la agencia, así como vigilancia de parte de la Policía estatal y municipal.

Explicó, además, que sometieron el recurso legal, pues le preocupa que la empresa tome alguna otra acción que prive el manejo de las bombas, especialmente unas ubicadas en un terreno privado que alquiló Tetrad en la comunidad La Malaria, en Cataño.

“La importancia del injuction son varias cosas. Número uno, que la persona con la que estamos bregando ha demostrado históricamente con la relación con nosotros en que, cuando no se le satisface lo que está solicitando, le boicotea las bombas y eso es parte de una investigación federal ahora mismo”, denunció Méndez Martínez.

La segunda razón que estableció fue que una orden del tribunal permitiría a “la Policía actuar en caso esta persona intente hacer algo”.

El titular alegó que con estas medidas no se ha incurrido en gastos adicionales, ya que se utilizan abogados bajo contrato de la agencia.

“Al revés, lo que va a redundar es en beneficio y en ahorro al erario público”, señaló.

Asimismo, manifestó que los alcaldes afectados no deben preocuparse por estos cambios.

“Tenemos todas las bombas operacionales, tenemos contratistas y empleados suficientes para garantizar que en un evento de lluvia las bombas están en funcionamiento y no se van a inundar las áreas que ellas atienden”, afirmó.