Entre 2004 a 2015, el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA) tuvo ante su consideración unas 16 querellas por construcciones ilegales de muelles y rampas en terrenos de la Reserva Estuarina Bahía de Jobos en Salinas, algunas de las cuales fueron transadas y otras no fueron atendidas.

Mientras tanto, la secretaria interina del DRNA, Anaís Rodríguez Vega, adelantó hoy que en las próximas semanas la agencia radicará una demanda civil “contra los invasores” que ocupan terrenos de la reserva natural en el llamado Camino del Indio.

Las 16 querellas se desprenden de los datos que sometió el propio DRNA a la Comisión de Recursos Naturales de la Cámara y fueron sacadas a relucir por el portavoz del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), Denis Márquez Lebrón, en las vistas públicas de hoy.

“Son querellas sustentadas con informes de la encargada de la Reserva, Aixa Pabón, y de vigilantes del DRNA por violación al reglamento 4860 que da concesiones en la zona marítimo terrestre, muelles, rampas y construcciones limitadas”, denunció Márquez Lebrón.

“No todas las querellas han sido adjudicadas, por lo tanto, nunca se resolvieron y el propio reglamento da la alternativa de mandar a quitar lo que es ilegal, cosa que no ha pasado. Se transaron multas y el reglamento establece que si se viola intencionalmente esa disposición es un delito. Por lo tanto, tenía que haber un referido al Departamento de Justicia y nada de eso pasó”, sostuvo el legislador del PIP.

“Las he leído. Hay unas querellas en las que hubo unas transacciones, hay unas querellas que no tuvieron resultados... No encontré evidencia de adjudicación administrativa al momento”, dijo la secretaria interina del DRNA a las preguntas de Márquez Lebrón.

Posteriormente, a preguntas del representante popular Héctor Ferrer Santiago la funcionaria indicó que ninguna de las multas se ha cobrado.

“Las querellas no fueron suficientes para detener a las personas y las ilegalidades dentro del área”, sostuvo Rodríguez Vega.

En la vista pública, la abogada dijo que irán en contra de las personas que invadieron los terrenos y aunque mencionó el recurso de desahucio, luego de finalizar su ponencia dijo a periodistas que “no va a ser un desahucio, pero ciertamente se va a sacar a las personas que están ilegalmente en terrenos de la Reserva”.

Rodríguez Vega subrayó que el trámite pertinente es a los invasores” y sostuvo que será una acción reivindicativa. Dijo que la acción civil sería instada en las próximas semanas porque todavía “falta por identificar personas”.

Sostuvo que el DRNA ya refirió el asunto al Departamento de Justicia.

“Estamos preparados para, en las próximas semanas, hacer nuestra parte civil. El Departamento de Justicia se encargará de la parte criminal”, dijo al agregar que Justicia ha comenzado su investigación sobre la posible comisión de delitos.

“Esperamos que en las próximas semanas se presenten ante los tribunales de Puerto Rico los diferentes recursos legales relacionados a la violación de leyes y reglamentos aplicables a las personas que han ocupado de manera ilegal esta Reserva”, sostuvo.

El pasado 1 de abril, Rodríguez Vega sustituyó en la silla del DRNA a Rafael Machargo, quien salió del cargo en medio de esta controversia. El 1 de diciembre de 2020 había sido nombrada subsecretaria de la agencia.

La alcaldesa de Salinas, Karilyn Bonilla, quien también declaró en la vista pública, no favoreció un desahucio sin una evaluación legal, en el Camino del Indio.

“Hay que hacer un análisis legal. Tengo que reconocer que más allá de las personas que posiblemente tienen ‘second homes’, allí hay personas que son residentes bonafide de la comunidad y en ese caso habría que ver cómo se podría trabajar. Sin un análisis legal no estaría de acuerdo”, dijo la alcaldesa popular a preguntas del portavoz alterno de la delegación novoprogresista, Gabriel Rodríguez Aguiló.

La secretaria interina del DRNA dijo, sin embargo, que han realizado los análisis legales necesarios para la causa de acción y que han identificado testigos y demandados.

Sobre la mitigación de los daños, Rodríguez Vega sostuvo que de momento no podía dar una cifra del costo de restaurar los terrenos impactados por el corte, quema y colocación de relleno en los mangles. Agregó que el daño es reversible.

“Si quitar el relleno es peor que dejarlo, eso se tiene que evaluar”, sostuvo para agregar que para mitigar los daños “son muchas las consideraciones y hemos dialogado que sobrepasan los millones de dólares”.

En su ponencia, la secretaria interina dijo que en la parte baja del Camino del Indio se han identificado alrededor de 21 propiedades que están dentro de los terrenos pertenecientes al DRNA, propiedades y construcciones no autorizadas, dentro de un área designada como dominio público.

“No tenemos duda que las propiedades que ubican dentro de los predios de la Reserva constituyen una invasión a la propiedad del Estado y los invasores, a pesar de los diferentes mecanismos administrativos que se han llevado a cabo, continúan impidiendo, sin merced alguna, que el pueblo ejerza su derecho a poseer y disfrutar este bien de dominio público para la titularidad del DRNA”, sostuvo.

Detalló que su plan es atender primeramente de forma ágil y eficiente el asunto desde su aspecto legal, salvaguardando la seguridad y los derechos de todos los involucrados y segundo, evaluar el daño ambiental ocasionado. Mencionó como ejemplo, hacer un análisis de la composición del material utilizado para rellenar el área en aras de determinar si hay elementos nocivos al medioambiente y de esa manera, delinear un plan de remoción informado.

Igualmente, dijo que se propone buscar la restitución monetaria de la destrucción ambiental causada en la reserva natural.

La directora ejecutiva de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA), Doriel Pagán, dijo, por su parte, que en el Camino los Indios identificaron 13 acometidas ilegales. “Ocho tenían agua y cinco no”, detalló la funcionaria. Añadió que al día de hoy han desconectado seis de las conexiones de agua.

El director ejecutivo de la Oficina de Gerencia de Permisos (OGPe), Gabriel Hernández, mientras, fue confrontado con una carta que le envió en 2020 el entonces secretario del DRNA, Rafael Machargo, sobre la controversia en Bahía de Jobos.

Reiteró que en la zona se falsificaron permisos y se amparó en un acuerdo de 2017, en el que la agencia delegó el trámite al consorcio que componen los municipios de Cayey, Comerío, Villalba y Salinas.

“Hicimos una querella tanto al Consorcio como al Municipio de Salinas en torno al profesional autorizado que autorizó un permiso de uso residencial en el área que está bajo investigación. El permiso lo fotocopiaron y lo editaron con la tecnología existente. Cogieron un permiso válido en una dirección en Aibonito, lo falsificaron editando la dirección física y nombre de la persona y con ese permiso fueron a LUMA y AAA a solicitar las conexiones. Se certificó que ninguno de esos permisos está en nuestra base de datos y, si no existen, se presume que son falsificados”, indicó Hernández.

Las vistas públicas continúan este miércoles.