La dejadez con la que el presidente de la Universidad de Puerto Rico (UPR), Miguel Muñoz, manejó los señalamientos hechos por la Fundación Nacional de las Ciencias (NSF, por sus siglas en inglés) –los cuales redundaron en la congelación de millones de dólares que reciben dos centros de la institución docente- quedaron evidenciados en sobre diez correos electrónicos y cartas oficiales a las cuales este medio tuvo acceso.

Tras una visita a la UPR en febrero de 2010, la NSF emitió los primeros señalamientos en torno al incumplimiento de regulaciones federales sobre los informes de “Tiempo y Esfuerzo” en el Centro para la Investigación y Desarrollo (CID) del Recinto Universitario de Mayagüez (RUM) y el Centro de Recursos para Ciencias e Ingeniería (CRCI) de la Administración Central.

Solicitó, además, la elaboración de un Plan de Acción Correctivo (CAP, por sus siglas en inglés), el cual fue sometido preliminarmente por la UPR en julio de 2010.

Según un recuento de hechos realizado por dos comisiones camerales que investigaron el lío con los fondos -que produjo que la NSF congelara millones de dólares en asignaciones-, en septiembre de 2011, luego de varios trámites, la Junta de Síndicos aprobó finalmente varias certificaciones en las que se establecía la nueva política institucional en torno a los informes de Tiempo y Esfuerzo requeridos a los investigadores que reciben fondos de la NSF.

Este medio tuvo acceso a correos electrónicos enviados por José A. Lasalde, vicepresidente de Investigación y Tecnología, a Muñoz durante el mes de enero de 2012 en los que les solicitaba con carácter de urgencia firmar y distribuir una circular en las que se orientaría y establecería, de manera uniforme en la universidad, la política dispuesta en las certificaciones de la Junta. Dicha circular había sido llevada ante su consideración en diciembre de 2011.

Fue el 1 de febrero de 2012 que Muñoz le respondió electrónicamente a Lasalde, diciendo “un documento de esa envergadura no se puede tomar a la ligera. Hay que evaluarlo cuidadosa y responsablemente”.

Ante la respuesta del presidente, Lasalde envió, al día siguiente, un correo electrónico a Wayne K. Thomas, director de operaciones de la División de Becas, para notificarle que el reporte de avances en torno a la corrección de las deficiencias sería retrasado, pues el presidente había solicitado tiempo adicional para “analizar las circulares pendientes para su firma”.

El 3 de febrero de 2012, la NSF envió a Muñoz una carta con señalamientos severos por no haber corregido las fallas en el sistema de reportes de Tiempo y Esfuerzo en el RUM y la Administración Central.

“Las fallas de la UPR en demostrar que se corrigieron a tiempo las deficiencias identificadas previamente y la documentación inadecuada para sustentarlo provista a través de la Forma Estándar 270 nos causa preocupación en cuanto a la habilidad de la universidad de administrar adecuadamente los fondos federales”, reza el documento suscrito por Jamie French, oficial de Becas y Acuerdos.

En la misiva, la NSF advirtió formalmente a la UPR que las deficiencias debían ser corregidas antes del 1 de abril de 2012 o, de lo contrario, las asignaciones serían suspendidas. La entidad requirió, además, a la universidad informes en los que detallara cada paso tomado para cumplir con el CAP.

Si para el 1 de abril de 2012 no se implementaban todas las medidas dispuestas en el CAP, todas las asignaciones dirigidas al RUM y a la Administración Central serían suspendidas. Entonces, según el documento, la institución tendría 60 días para tomar acciones inmediatas para cumplir el plan. Una implementación incompleta conllevaría la terminación definitiva de las asignaciones.

Actualmente, la NSF mantiene congelados cerca de $91.7 millones congelados debido al reiterado incumplimiento precisó durante una conferencia de prensa este jueves el representante Eduardo Ferrer, presidente de la Comisión cameral de Asuntos Federales que encabezó la pesquisa legislativa en torno al manejo de los fondos de la fundación en la UPR. Según se divulgó, a consecuencia de ello, las investigaciones están siendo sufragadas con más de $6 millones provenientes de una línea de crédito emitida por el Banco Gubernamental de Fomento.

En el CAP –cuya versión final fue sometida a la NSF el 30 de marzo de 2012-, la UPR se comprometió, además, a crear la Oficina de Cumplimiento e Integridad.

En una carta fechada el 17 de agosto de 2012, Lasalde le recomendó a Muñoz que dicha oficina respondiera directamente a la vicepresidencia de Investigación y Tecnología, a lo que el presidente de la UPR expresó oposición en su dilatada respuesta enviada el 9 de octubre de 2012.

Muñoz indicó en su carta que esa oficina estaría bajo la dirección de presidencia para evitar el posible conflicto de intereses, pues Lasalde y los dos vicepresidentes asociados son investigadores que reciben fondos de la NSF.

La respuesta del presidente coincidió con un requerimiento de información hecho por la Oficina del Inspector General de la NSF como parte de una investigación separada sobre seis proyectos, tres del CID y tres del CRCI.

Este diario también tuvo acceso a una carta del 11 de abril de 2012 en el que, poco antes de la congelación de los fondos de la NSF, el director del CRCI, Manuel Gómez, solicitó a Lasalde un aumento en la bonificación que recibe por dirigir el centro.

 Los $6,000 peticionados por Gómez se sumarían a otros $12,101 mensuales que recibiría por cinco proyectos de investigación, además de su salario como profesor universitario, según se desprende de su misiva.

Lasalde refirió la solicitud el 13 de junio de 2012 al presidente de la UPR y le indicó que “debido a la situación fiscal de la UPR y sus medidas cautelares, entendemos que este aumento no debe proceder; más aún, en medio de negociaciones de convenios colectivos, esto no es prudente”.

Gómez, en una misiva enviada varios día después, le dijo a Lasalde que “para su información, el año pasado, el Dr. Miguel Muñoz aprobó una bonificación por mi trabajo como director del CRCI”. La bonificación aprobada en el 2011 a Gómez fue de $4,000 mensuales.

Fue precisamente Gómez quien notificó el 9 de agosto de 2011 a un grupo de investigadores que a partir de ese momento no se podría cobrar más de tres novenas partes de la base de sus salarios en compensaciones o salario de verano proveniente de ninguna fuente, incluyendo agencias, fondos de pareos o contribuciones institucionales, según lo dispuesto por la vicepresidencia de Investigación y Tecnología.