Con opiniones a favor y en contra, la Comisión de Agricultura y Recursos Naturales del Senado abrió a vistas públicas este miércoles el proyecto de ley (PS1374) que busca aplazar hasta 2026 la entrada en vigor de la Ley 51 de 2022 que prohíbe la venta y utilización de plásticos de un solo uso.

El primer turno le tocó al Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA), que reconoció que el reglamento que debe elaborar la agencia en conjunto con el Departamento de Asuntos del Consumidor (DACO) para que se ponga en vigor la ley el 29 de junio de 2024, todavía es un borrador.

“El borrador está bien adelantado y esperamos sacar el aviso para vistas públicas en las próximas semanas”, dijo el asesor legal del DRNA, Samuel Acosta, quien representó en la vista a la secretaria del DRNA, Anaís Rodríguez. Añadió que a principios de este año se sometió a la Junta de Supervisión Fiscal, una última enmienda al borrador.

“Ese es el plan, tenerlo aprobado en julio”, sostuvo el funcionario a preguntas del senador y presidente de la comisión legislativa, Albert Torres Berríos.

Acosta dijo que el DRNA favorece extender la vigencia de la ley, pero no por un término de dos años como propone el PS 1374, que es impulsado por sectores del comercio. “Si los comercios necesitan que se extienda el término de entrar en vigor las prohibiciones por algunos meses y que se realice de manera ordenada, no tenemos objeciones. Pero, un término de dos años, nos parece un poco largo e innecesario”, indicó.

Acosta dijo que la vigencia de la Ley 51 aumentará el porciento de reciclaje, pero no pudo precisar qué porciento de reciclaje hay actualmente en el país ni qué porciento de materiales de plástico llega a los vertederos. Tampoco pudo decir cuántas compañías compostables hay en Puerto Rico.

“Ese es un problema que hay. El reciclaje no se ha desarrollado al nivel que quisiera el Departamento. En Puerto Rico no podemos decir que se recicla todo el plástico”, indicó.

La secretaria interina del DACO, Lisoannette González Ruiz dijo que extender la vigencia de la Ley 51 es prerrogativa de la Legislatura, pero sostuvo que la agencia “está lista” para poner el estatuto en vigor.

González Ruiz indicó que de parte del DACO el borrador del reglamento está listo y solo esperan por la aprobación de la última enmienda que hiciera el DRNA. La funcionaria entregó a la comisión una copia del borrador y dijo que el DACO ya ha orientado en diversos operativos a los comercios sobre las prohibiciones de la ley.

“Hay que exigirle (al DRNA) que en 24 horas publique el reglamento. Hemos perdido dos años, pero nos queda este año completo para poner esta ley en vigor”, reclamó la ingeniera Ingrid Vila Biaggi, presidenta de la organización sin fines de lucro, CAMBIO, que impulsa la propuesta multisectorial de Generación Circular para reducir 11 tipos de materiales que llegan a los vertederos, entre ellos, el plástico.

“Dicho incumplimiento (del DRNA), el cual burla el mandato legislativo, no puede tratarse con impunidad”, sostuvo la ex secretaria de la Gobernación bajo la administración del gobernador Alejandro García Padilla.

Vila Biaggi aludió a los resultados preliminares del Estudio de Caracterización de residuos, realizado por el DRNA en 2023, que muestran un aumento vertiginoso en la cantidad de plástico que llega a los vertederos en comparación con los datos de 2003.

“Los plásticos que se desechan han aumentado en un 70% en un período de 20 años, representando hoy en día el 17% de los residuos que llegan a los vertederos”, dijo para agregar este número no considera las cantidades que se depositan en vertederos clandestinos. Agregó que miles de negocios en Puerto Rico han adoptado alternativas de reúso o compostables.

Otra líder ambientalista, Vanessa Maymí, portavoz de Sierra Club, Vanessa Maymí dijo que no hacer que se cumpla la Ley 51 sería un acto de “impericia legislativa”. “Sería un nefasto precedente que la Asamblea Legislativa vaya en contra de lo mismo que hizo hace dos años, fue esta misma asamblea la que aprobó hace dos años la Ley 51″, sostuvo Maymí.

La activista ambiental, Myrna Conti se opuso de forma tajante a la posposición de la ley y conminó a los legisladores a que hagan cumplir las leyes. Comenzó su exposición, sin ponencia escrita, criticando el vaso plástico con agua que se coloca en la mesa de ponentes en los salones de vistas públicas en el Capitolio.

El profesor, Pedro Saadé, de la Clínica de Asistencia Legal de la Universidad de Puerto Rico también se expresó en contra de que se posponga la vigencia de la Ley 51.

La Asociación de Restaurantes (ASORE) y la Asociación Comercio al Detal (ACDET) abogaron, a su vez, porque se aplace la entrada en vigor de la ley, por dos años.

“Los suplidores que sirven a la industria de alimentos preparados nos han alertado sobre el impacto económico que trae consigo la prohibición. Conforme la lista de precios de los fabricantes, los materiales compostables y biodegradables -los cuales entendemos que serían los permitidos, pues la ley no es clara sobre el particular- su precio es de tres a cinco veces mayor que el de los materiales que se utilizan al presente. Esto no solo abona al aumento desmedido en costos operacionales que han enfrentado los comerciantes, sino a los incrementos en precios que ha afectado el bolsillo del consumidor puertorriqueño”, dijo el presidente de ASORE, Carlos Budet.

La directora ejecutiva de la ACEDET, Lymaris Otero reclamó que las prohibiciones encarecerán las operaciones comerciales y dijo que la Ley 51 “no es clara” en sus definiciones de los plásticos de un solo y uso. Alegó que “persisten serias dudas” sobre productos envasados en plástico de uso médico y de higiene personal, pese a que estos no están incluidos en la ley.

“Hay que crear un balance”, dijo la senadora novoprogresista Nitza Morán Trinidad, quien junto con el senador Torres Berríos radicó el PS 1374 a petición de sectores del comercio. La legisladora se hizo eco de los alegatos de algunos comercios de que la ley provocará el cierre de negocios.