El gobernador Ricardo Rosselló Nevares reiteró que no aceptará una reducción en la jornada laboral a pesar de que el presidente de la Junta de Supervisión Fiscal, José Carrión, dijo que para hacer cumplir el plan fiscal certificado podrán usar todos los medios oportunos lo que puede incluir solicitar una determinación judicial. Y si su resistencia llega implicar la consecuencia de ir a la cárcel, “pues sí, lo incluye”.

También dijo oponerse a la figura de un síndico para el Departamento de Hacienda, asunto que está sobre la mesa pero sobre el cual la junta aún no ha tomado una decisión. 

Durante una rueda de prensa en La Fortaleza, donde además de anunciar varias iniciativas legislativas y administrativas de desarrollo económico y la creación de un “frente unido por Puerto Rico” para temas de desarrollo económico, salud y reforma contributiva federal, Rosselló Nevares dijo que tanto él como su gabinete están en la disposición de luchar para que el gobierno sea el gobierno electo, el ente que implementa la política pública, “y que las consecuencias que ello lleve, las consecuencias que sean, pues se van a asumir, sean las que sean. Así que ante la pregunta directa de que si eso incluía ir a la cárcel, pues sí lo incluye”.

Las expresiones del gobernador están relacionadas con su resistencia a implementar una reducción en la jornada laboral de 10 por ciento, según aprobada el viernes pasado por el ente federal creado por la Ley Promesa, en respuesta a la crisis fiscal del gobierno.

En una misiva enviada al gobernador, Carrión indica que “en caso de que el Gobierno no cumpla con el programa de la reducción en la jornada de trabajo que se describe en esta carta, la Junta de Supervisión utilizará todos los medios oportunos para hacer cumplir el Plan Fiscal certificado, según lo requiere PROMESA. Esto puede incluir solicitar una determinación judicial de que la reducción en la jornada de trabajo es una parte obligatoria del Plan Fiscal y que el Gobierno carece de autoridad para no cumplirla”.

También dijo Carrión en la carta que la reducción “se puede modificar, pero no derogar”.

Según el gobernador, “a veces hay que tomar unas posturas firmes sobre lo que significa gobierno y la democracia y esta postura está basado en ello. Nosotros entendemos que el único gobierno que tiene el pueblo de Puerto Rico es el gobierno electo por el pueblo. Eso bajo la lectura que hacemos de PROMESA, también está establecida ahí, inclusive cumpliendo como hemos cumplido… haciendo reformas estructurales… demostrando ingresos… rebasando las expectativas de los $291 millones a $1.8 billones, todavía entonces se intenta por mecanismo unilateral implementar lo que es una reducción en jornada laboral. Eso simplemente no es aceptable. No es aceptable y yo no lo voy a aceptar”.

Indicó que ambas partes siguen colaborando en otras áreas. “Hay un sinnúmero de áreas en las cuales estamos colaborando, pero lo cierto es que en este punto no estamos de acuerdo”, dijo.

La junta todavía no ha tomado una decisión sobre la necesidad de un síndico para Hacienda, pero si lo hacen, el gobernador ya dijo que no están de acuerdo con esa medida. “Nosotros nos vamos a oponer (con la reducción y el síndico) porque va por encima de la ley y porque no es necesario”, indicó.

En un tono político, el mandatario dijo que “queremos exaltar, maximizar y exagerar lo que es la colonia teniendo una Junta de Supervisión Fiscal que hizo una metamorfosis hacia convertirse en una Junta que dictamina unilateralmente, ¿y lo vamos a aceptar? ¿O vamos a estar dispuestos a decir hasta aquí llegamos y no vamos a permitir que eso ocurra? ”.