La vulnerabilidad de residir en terrenos apetecibles para el desarrollo privado es quizás la principal amenaza de decenas de comunidades en la isla que, por décadas, luchan contra el fantasma de las expropiaciones forzosas.

A eso, se agrega la marcada reducción de las juntas comunitarias reconocidas por la Oficina para el Desarrollo Socioeconómico y Comunitario (ODSEC), que reglamenta y facilita su formación e incorporación en el Departamento de Estado como organizaciones sin fines de lucro.

Según la directora ejecutiva de ODSEC, Tahis Reyes Serrano, actualmente solo el 20% de más de 700 comunidades en Puerto Rico están debidamente organizadas bajo el Programa de Comunidades Especiales, por diversas circunstancias, entre estas, el fallecimiento o emigración de líderes comunitarios ante las situaciones que ha vivido el país en los pasados años.

Es por eso que la agencia -creada en 2017- llegó esta semana al centro comunal de la barriada Clausells en Ponce, a donde realizó una vista pública con la participación de líderes de todo el país, como parte de la discusión del borrador de un reglamento que busca reorganizar la totalidad de las comunidades en Puerto Rico.

“Hay que darles las herramientas porque, al principio, en la agencia, se dieron talleres de capacitación, autogestión y empoderamiento de asuntos comunitarios, pero de un tiempo para acá se dejaron de dar y el nuevo liderato está falto de esa capacitación de talleres y de todas las herramientas necesarias para poder llevar ese liderato efectivamente”, sostuvo.

Asimismo, resaltó la importancia de que las comunidades cuenten con representación capacitada que provenga de sus respectivos vecinos, a través de procesos democráticos, para evitar que miles de personas tengan que salir de sus hogares de manera forzada por la construcción de algún proyecto privado.

“Ciertamente, hay que reconocer que los terrenos donde muchas veces ubican estas comunidades son terrenos ‘prime’, de gran valor económico por su localización. Hubo un movimiento al principio de los 2000, de expropiar esas comunidades y por eso, se aprobó la Ley 232, que busca proteger a esas comunidades de las expropiaciones forzosas”, resaltó.

“Luego, en 2007 se creó el reglamento 7730, que busca establecer toda la reglamentación necesaria que no está cubierta por la Ley 232, establece que, para poder activar esta protección en contra de las expropiaciones forzosas, tienen que iniciar un proceso de consulta comunitaria, en las comunidades que están reconocidas por ODSEC. Por consiguiente, para que esta protección se active y las comunidades no estén a merced de una expropiación forzosa y puedan sentir que puedan ser desplazados, tienen que estar organizados en juntas comunitarias reconocidas por ODSEC”, insistió.

Igualmente, aseguró que la agencia pretende impedir la intromisión de “personas ajenas a las comunidades”, mediante la ejecución de procesos democráticos.

“Nosotros hemos sido bien vocales en no permitir que ningún legislador, alcalde o ningún líder político se inmiscuya en ese tipo de proceso. He tenido casos de varios municipios que han intentado cambiar el liderato comunitario, descartando el liderato que existe y, que hasta el momento ha sido reconocido por ODSEC, para poner personas que son afines a ellos o que respondan a la administración”, denunció.

“Queremos evitar de que personas ajenas a la comunidad, se entrometan en el asunto y que sean los propios residentes los que decidan si un líder responde a sus necesidades. Queremos hacer el proceso transparente y democrático entre los residentes de las comunidades”, argumentó.

Asimismo, destacó que parte de la reorganización es lograr que las entidades comunitarias cuenten con todas las exenciones contributivas para acceder a fondos estatales y federales.

“Cuando una junta comunitaria está reconocida, está organizada, está incorporada como entidad sin fines de lucro, cuenta con todas las exenciones contributivas, entiéndase la federal y la estatal, automáticamente, tiene un sinnúmero de fondos federales, estatales y hasta de organizaciones sin fines de lucro o no gubernamentales, que los van a ayudar a maximizar ese proceso de autogestión y empoderamiento”, aclaró.

“Eso garantiza el desarrollo de social y económico de las comunidades. Es una ganancia para todas las comunidades, que no hay manera de que no se trabaje este reglamento porque lo que queremos hacer es proteger a las comunidades y garantizar su desarrollo sostenible”, agregó.

Entre las enmiendas sugeridas, según Reyes Serrano, está el reconocimiento y ratificación de las juntas existentes.

El proceso continuará con la evaluación de nuevas recomendaciones o ponencias escritas que se recibirán hasta el 19 de enero en: info@odsec.pr.gov o 1208 Avenida Franklin D. Roosevelt, San Juan, PR 00920.

Luego, se presentará formalmente en el Departamento de Estado “para, con el favor de Dios, el mismo entre en vigor lo antes posible y poder tirarse a la calle con todo nuestro personal de desarrollo comunitario a trabajar toda la reorganización de las comunidades en Puerto Rico”.