El proyecto senatorial que propone eliminar o revisar varios de los subsidios que la legislación vigente obliga a la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) a otorgar y financiar mediante el cobro al resto de los abonados, fue recibido con reacciones mixtas de parte de agencias gubernamentales que comparecieron a las audiencias públicas que se celebran en el Capitolio.

En apoyo, aunque con varias enmiendas, se expresaron la recién creada Comisión de Energía de Puerto Rico y la Oficina Estatal de Política Pública Energética, mientras que las objeciones las levantaron el Departamento de la Vivienda y la Administración de Vivienda Pública.

También ofrecieron una evaluación favorable a los objetivos de la medida el Concilio Evangélico de Puerto Rico y el Colegio de Ingenieros.

El presidente de la mencionada Comisión, Agustín F. Carbó Lugo, sostuvo que el proyecto es cónsono con los objetivos que llevaron a la creación de este organismo al viabilizar que la tarifa para los clientes no subsidiados de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) sea más justa y razonable al procurar que los subsidios no le sean facturados a través de las cláusulas de ajuste por combustible.

Destacó también Carbó que la medida provee para que la deuda millonaria que mantienen las distintas agencias y corporaciones públicas sea atendida mediante planes de pagos.

Cuestionó, por otro lado, la propuesta de que se le condone el 50% de la deuda a los residentes de los residenciales públicos como medida para promover planes de pago de las mismas.

“Ante la importancia de promover la responsabilidad y el compromiso con el pago de las deudas asumidas, entendemos que se debe repensar esta propuesta. Como alternativa a la reducción de la deuda en un 50%, proponemos que se aumente el término máximo para saldar la totalidad de la deuda”, dijo.

También objetó la propuesta a cambiar a tarifa comercial la tarifa residencial que se le cobra a las áreas de uso común de los condominios.

“La Comisión de Energía propone que la tarifa para el servicio eléctrico consumido en los elementos comunes de edificios exclusivamente residenciales siga siendo la tarifa tipo residencial”, declaró.

Por su parte, el director ejecutivo de la Oficina Estatal de Política Pública Energética, José Maeso, recalcó su oposición a que se otorguen subsidios para el consumo de recursos finitos y agotables, como lo son los recursos energéticos y de agua.

Afirmó además que el marco legal actual de los subsidios energéticos aporta al estado frágil en el que se encuentra la AEE.

“Es necesario que esta Comisión (senatorial) y el Gobierno establezcan una actitud firme en cuanto a legislación en torno a los subsidios de consumo energético que no cumplen con la política pública energética de conservación y eficiencia energética y reafirmar que los subsidios de consumo energético son una mala práctica en el uso de las finanzas públicas y en la conservación de nuestros recursos energéticos”, afirmó.

Propuso Maeso que cualquier subsidio que se proponga en el futuro debe ser financiado por la agencia concernida con la necesidad que se desea cubrir y que cada una de esas agencias tenga la responsabilidad de fiscalizar tal subsidio y solicitar los fondos a la Oficina de Gerencia y Presupuesto y el Departamento de Hacienda.

Recomendó también la utilización de metros inteligentes y aplicaciones móviles para manejar las lecturas de consumo e incluso la suspensión del servicio cuando no se cumpla con los pagos.

Otra sugerencia del funcionario fue que se separen los contadores de los locales comerciales que operan en los hoteles del país de aquel que corresponde al hotel como tal.

“Actualmente en los hoteles, aunque en el ámbito público se ha reclamado que no ocurre, los restaurantes y comercios podrían estarse beneficiando del mismo subsidio que tiene la hospedería, lo que sería una competencia desleal”, señaló.

Recomendó finalmente que el subsidio que se otorgue a los residenciales y a las personas de bajos recursos se limite a un consumo de 425kwh al mes, el que aseguró es razonable para la mayoría de estas personas.

Vivienda recomienda cautela

Mientras tanto las dos agencias relacionadas al área de la vivienda social y pública del país, objetaron la propuesta contenida en el proyecto para que se condone el 50% de la deuda, y se establezcan planes de pago para todos los que adeudan dinero a la AEE y la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA) en los residenciales públicos y para que se aumente lo que pagan por el “exceso” en su consumo.

“Es conveniente que se propicie un diálogo entre las dos agencias principales, AEE y AAA, conjuntamente con el Departamento de la Vivienda, la Administración de Vivienda Pública y cualquier otra dependencia pertinente para explorar alternativas con un menor impacto sobre las familias beneficiarias de vivienda pública”, sostuvo el secretario de la Vivienda, Alberto Lastra.

Afirmó que “el plan de pago propuesto y el desconocimiento de la tarifa final que se adoptará para los residentes de vivienda pública afectarán grandemente a esta población”, añadió.

“En la Administración de Vivienda Pública (AVP) estamos conscientes que la situación de ambas corporaciones hay que atenderla y estamos en la mejor disposición de colaborar en la solución de esta crisis. Sin embargo, la tarifa de consumo y plan de pago de la deuda propuesto, afectan grandemente la población que atendemos”, sostuvo por su parte el administrador de dicha agencia, Gabriel J. López Arrieta.

Al igual que el titular de Vivienda, propuso que se condone el 50% de la deuda de estos residentes y que se les otorgue un plan de pago de 10 años.

El funcionario reiteró su afirmación de que, de aprobarse el proyecto tal y como fue redactado, se provocaría el desahucio de entre 20,000 a 30,000 familias.

Esa expresión fue rechazada de forma enérgica por el presidente de la Comisión de Asuntos Energéticos y Recursos de Agua del Senado, Ramón Luis Nieves, quién recordó a los deponentes que la obligación de desahuciar a quienes no paguen la luz y el agua está en la misma ley que otorgó el subsidio de tarifa fija para los residenciales, así como en el contrato que firman los residentes al entrar a vivir en los proyectos, y que no está en esta legislación.

Señaló que tanto la AEE y la AAA, como la AVP han fallado al no cumplir con la ley por los pasados seis años y dramatizó el señalamiento al indicar que la deuda con la AEE aumentó de $8 a $25 millones desde que se otorgó el subsidio de tarifa fija y la de la AAA se elevó de $14 millones a cerca de $50 millones.

“En seis años, desde que se aprobó esa ley hasta hoy, la AVP no ha desahuciado a nadie, violando la ley y el propio contrato que firmó con los residentes”, declaró Nieves.

Invitó a los funcionarios a buscar una solución a este problema, en conjunto con las dos corporaciones públicas que tienen estas deudas en sus listas.