Los departamentos de la Familia y de Justicia levantaron bandera ante un proyecto de ley que propone requerir la autorización de al menos uno de los padres o del custodio legal de una menor de 18 años que decida realizarse un aborto en la isla, por entender que podría “violentar el derecho a la intimidad de las jóvenes puertorriqueñas”.

Ante la Comisión senatorial de Asuntos de Vida y Familia, que preside la senadora Joanne Rodríguez Veve –autora del Proyecto del Senado (PS) 495–, la secretaria interina de la Familia, Ciení Rodríguez Troche, señaló que la medida contiene “demasiadas áreas grises”. De paso, reiteró la necesidad de efectuar un análisis sobre el tema que incluya el insumo de múltiples agencias.

“Recomendamos muy respetuosamente a esta Honorable Comisión que la legislación propuesta sea examinada con detenimiento y se tome en consideración el estado de derecho vigente en Puerto Rico respecto al derecho fundamental y constitucional de toda mujer a su intimidad”, dispuso Familia en su ponencia.

Según Rodríguez Troche, el tema es uno complejo que requiere ser evaluado “caso a caso”. A insistencia de la senadora de Proyecto Dignidad, la funcionaria se negó a ofrecer enmiendas o sugerencias puntuales, por entender que Familia debe enfocarse en el tema social y que el asunto legal compete a Justicia.

Por otro lado, Familia solicitó que la comisión evalúe el impacto de esta medida en casos de menores abusadas sexualmente. Según la agencia, la propuesta abriría “un espacio a que un padre que quiera encubrir un delito propio o de un familiar cercano, lleve a la menor a abortar sin que la menor tenga un espacio para ventilar abiertamente lo ocurrido”.

La senadora cuestionó si la falta de regulación pudiera permitir el escenario que describió Familia, a lo que la secretaria reconoció que sí.

En múltiples ocasiones, Rodríguez Veve hizo alusión al hecho de que ninguna de las clínicas de aborto que operan actualmente en la isla reportaron a Familia, en los pasados cinco años, referidos de casos de violación o sospecha de esta, a menores de 18 años.

Sobre la insistencia de la senadora contra las clínicas de aborto, la portavoz del Movimiento Victoria Ciudadana, Ana Irma Rivera Lassén, argumentó que se trata de una “persecución” a estos espacios.

“El estado de derecho en Puerto Rico sigue siendo el mismo, independientemente de lo que pasó en Estados Unidos con el caso ‘Roe v. Wade’, lo que pasa es que a una gente no le gusta eso”, comentó la legisladora. “Creo que estas vistas son para cuestionar el estado de derecho que protege el acceso al aborto de las mujeres, no importa la edad. (…) Imponer el embarazo no deseado a menores de edad no resuelve el problema de violación, claro que no, pero al contrario, lo que hace es imponer la maternidad a menores de edad que hayan sido o no víctimas de abuso…”, puntualizó.

Pugna con Justicia

Al inicio de la vista, Rodríguez Veve criticó la ausencia del secretario del Departamento de Justicia, Domingo Emanuelli, y adelantó que la comisión que preside “estará agotando todas sus facultades legislativas para obligar al secretario a comparecer” a las vistas públicas sobre el PS 495.

“Nos parece que tener una discusión responsable con el secretario de Justicia es sencillamente ineludible, es decir, es una responsabilidad que debe cumplir ante esta Asamblea Legislativa”, sostuvo la senadora.

La comisión se negó a compartir el memorando de Justicia con los medios presentes en la vista. Empero, el documento, revisado por este diario, dispone: “[A]l amparo de un análisis de nuestra Constitución, entendemos que continuar con el trámite legislativo de esta medida, según redactada y sin considerar los aspectos aquí señalados, podría violentar el derecho a la intimidad de las jóvenes puertorriqueñas en materia de aborto”.

Justicia hace referencia al caso Pueblo v. Duarte, el cual “validó el aborto realizado por una menor de 16 años sin el consentimiento de sus padres, permitiendo y reconociendo el aborto de las menores, sin restricción”. Además, explica que la edad mínima para que una menor de edad pueda “legalmente consentir a sostener relaciones sexuales es a los 16 años”, lo que, según la agencia, supone una “incongruencia” entre la edad legal de consentimiento en la isla y lo dispuesto en el PS 495.

Mientras, Justicia –al igual que Familia– cuestionó el texto en la medida que permitiría a la menor acudir a un tribunal para “demostrar que tiene la madurez suficiente” y pedir que se le exima del trámite de notificación previa y consentimiento para poder abortar.

A la vista también comparecieron tres representantes del Departamento de Salud. La ponencia de poco más de una página sostiene que el proyecto “trata asuntos fuera del ámbito de expertise” de dicha agencia. Sin embargo, en sala, Salud opinó que la norma aplicable exige “como norma general”, el consentimiento de al menos uno de los padres para que una menor pueda realizarse un aborto, fundamentados en el Código Civil y la Ley de los Derechos y Servicios Médicos para la Mujer Embarazada (Ley 27-1992).

El PS 495 es el intento más reciente de la senadora Rodríguez Veve en limitar o restringir de alguna manera el derecho al aborto en Puerto Rico. La medida fue radicada el 22 de julio de 2021, y se adelantó que las vistas continuarán el 15 de mayo.