El Departamento de Hacienda realizó este miércoles un operativo para embargar dos restaurantes en San Juan que supuestamente no le remitieron a la agencia el Impuesto de Ventas y Uso (IVU) e incurrieron en otras violaciones al Código de Rentas Internas. 

Los negocios impactados son El Obrero, en Río Piedras, y Café Puerto Rico, en El Viejo San Juan. 

Según se informó en comunicado de prensa, El Obrero adeuda $248,000 de IVU y otros $51,000 por diferentes conceptos. Además, se le impusieron multas por un total de $22,000 por no tener vigente la licencia de destilación, poseer bebidas alcohólicas que no pagaron impuestos, tener bebidas mezcladas que no están de acuerdo con la descripción del envase, tener bebidas sin la rotulación que diga Puerto Rico e Impuestos Pagados y por poseer máquinas o artefactos de entretenimiento sin autorización.

Mientras, se indicó que Café Puerto Rico le debe a Hacienda más de $800,000. De esta cantidad, $759,000 corresponden al IVU, y cerca de $100,000 por impuestos dejados de pagar. 

“Estos establecimientos, muy conocidos y concurridos, le fallaron a su clientela y al Gobierno al retener para su uso el IVU que están cobrando. Como adelantamos la semana pasada, tenemos un grupo de casos evaluados y estamos listos para intervenirlos, a menos que los comerciantes recapaciten a tiempo y se nos acerquen para ponerse al día”, dijo el secretario de Hacienda, Juan Zaragoza Gómez, mediante comunicado de prensa. 

“Los restaurantes embargados tienen deudas acumuladas por más de $1 millón, los que en su mayoría corresponden al IVU. En ambos casos las investigaciones cubren desde el año 2009 hasta el presente”, explicó.

De acuerdo con el titular, los embargos es una de las nuevas herramientas que está implementando la agencia desde noviembre, cuando comenzó a realizar los operativos contra los comercios que no le hayan remitido sus recaudos por concepto del IVU y otras contribuciones.

Algunos de los intervenidos, como lo fueron la tienda de ropa de infantes Bambi y la tienda de alquiler de equipo para fiestas Party Line se han acogido a la quiebra. 

Según ha establecido el secretario, los embargos y cierres de localidades tienen carácter preventivo y se efectúan con el propósito de garantizar el cobro de la deuda con el Estado Libre Asociado.

Transcurridos 30 días a partir de la fecha de notificación, el embargo será ejecutado si no se ha cancelado la deuda en su totalidad, ya sea mediante pago o con evidencia de haberlo realizado. Después de dicho periodo, la propiedad embargada o parte de ella, será vendida en pública subasta tan pronto sea posible, sin más avisos, indicó Zaragoza Gómez.