El representante popular Javier Aponte Dalmau tuvo que detener la vista pública en la que dos exejecutivos de la Junta de Gobierno de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) declararían sobre las emisiones de bonos de esta endeuda corporación pública porque ningún otro legislador de su delegación se personó al salón de audiencias.

“Qué pena que mis compañeros no estén aquí para (atender) este tema tan vital para el País”, lamentó el presidente de la Comisión cameral de Pequeños y Medianos Negocios, Comercio, Industria y Telecomunicaciones, antes de dar un malletazo y suspender la audiencia. 

Aponte Dalmau cesó los trabajos luego de que los representantes por la minoría novoprogresista, Ángel “Gary” Rodríguez y Antonio Soto, plantearan una cuestión de quórum para exigir que se llevara a votación si la audiencia debía o no continuar. 

Los reparos de Rodríguez y Soto se basaron en que no contaban con la documentación pública que estimaban necesaria para descargar sus responsabilidades, además de que solo comparecieron dos de los cinco deponentes citados. 

“Esta comisión está perdiendo el tiempo si estamos investigando algo sin tener todos los documentos. Aquí se pueden estar tomando determinaciones con información incompleta. Eso es sumamente peligroso, cuando ya varios deponentes han dicho que existen unos documentos que no tenemos”, advirtió el representante Rodríguez. 

“Si queremos conducir los trabajos de manera responsable, debemos tener todos los elementos de juicio. Creo que es un planteamiento fuera de línea partidista y lo debemos considerar”, indicó, por su parte, Soto. 

En deferencia a los dos deponentes que sí asistieron, los ingenieros Luis M. García Passalacqua y José A. del Valle Vázquez, Aponte Dalmau hizo todo lo posible para continuar la vista pública. Decretó recesos, dialogó con sus compañeros de minoría y hasta salió a procurar el auxilio de otros miembros de la comisión. Pero las gestiones no rindieron fruto. 

“Hemos hecho las gestiones para conseguir a los compañeros de la delegación de mayoría que no están”, informó al retornar del último receso. 

Los integrantes de la mayoría del Partido Popular Democrático (PPD) en esta comisión son: Luis Raúl Torres (vicepresidente), César Hernández (secretario), Ángel Matos García, Sonia Pacheco y Víctor Vassallo. 

Por la minoría, solo se ausentó el legislador Ángel Muñoz. 

Mirada profunda a manejos en la AEE 

El comité indaga en los efectos de la reforma energética y cuál es la metodología y seguimiento que se debe seguir en la AEE para cada decisión de emitir deuda. La investigación está ordenada mediante la Resolución de la Cámara 1049. 

La premura para culminar la investigación responde a que en junio la AEE comienza el proceso de renegociar su deuda. Para entonces, la comisión procura tener listo un primer informe, que le enviará a la oficial de reestructuración de la AEE, Lisa Donahue, indicó Aponte Dalmau. 

“Queremos ver cómo es el proceso administrativo tanto de los ejecutivos en la corporación pública y de la Junta de Gobierno, como de los intermediarios externos. Ver cómo los ingenieros consultores y los abogados externos de la corporación incidían en la decisión de emitir deuda en la AEE”, explicó el representante sobre el objetivo de citar a exdirigentes de la AEE y de su junta. 

“Esta investigación está en camino a ayudar que el pueblo de Puerto Rico pague una cantidad justa por esta deuda de la AEE. Se ha gastado, digamos invertido, más de $6,000 millones, de los cuales la gran mayoría de esa inversión el pueblo no la ve”, manifestó. 

Marimar Pérez Riera, José F. Ortiz y Luis Rivera Pagán estaban citados y no comparecieron, a pesar de que hoy, viernes, fue la segunda vez que se les requerió presentarse ante la comisión, informó Aponte antes de suspender los trabajos.

“Esta comisión y el pueblo de Puerto Rico quiere escuchar de estas personas cómo se dio el proceso en la AEE. Si no quieren venir por la vía parlamentaria, lo tendrán que hacer por la vía judicial”, advirtió. 

Rodríguez intervino para señalar que con esa misma rigurosidad se debe exigir que la administración actual de la AEE produzca los expedientes completos que se generan en preparación para cada emisión de bonos. 

“Es un doble discurso cuando para citar a unos deponentes estamos siendo estrictos, pero para la gerencia actual de la corporación pública que, obviamente está ocultando información, estamos siendo laxos”, argumentó. 

Aponte Dalmau rechazó que exista trato desigual. Aclaró que aún no han expirado los 10 días que le concedieron al director legal de la AEE, Juan Ortiz, para entregar la documentación. 

Mediante los testimonios de deponentes en vistas previas, la comisión se enteró de que no contaba con todos los análisis que de ordinario realizan la AEE, consultores externos y el Banco Gubernamental de Fomento (BGF) antes de acudir a los mercados. 

Durante uno de los recesos, García Passalacqua recomendó a los legisladores procurar “el expediente completo que se le entrega a los bonistas”, que tiene que contener informes de auditores, ingenieros consultores, opiniones legales de abogados externos y planes específicos. 

Por su parte, Del Valle Vázquez aportó que las condiciones acordadas entre las partes tienen que cumplirse, porque están contenidas en el contrato de fideicomiso, un documento con peso legal conocido como “trust agreement”. 

Al reanudarse los trabajos, Aponte Dalmau ordenó al equipo técnico de la comisión enviar una carta al director legal de la AEE, Juan Ortiz, para dejar en récord el plazo acordado por teléfono para someter los documentos e informes requeridos.