En la primera reunión que realiza el gobernador Ricardo Rosselló Nevares para unificar a todos los componentes que lidian con el tema de violencia de género, salió a relucir algunas fallas que se estaban cometiendo para atajar la problemática.

La procuradora de las Mujeres, Lersy Boria, por ejemplo, expuso que en mayo pasado descubrieron que 25 de las 26 entidades que se encargan de dar talleres a los agresores en las cárceles del país operaban sin licencia.

Por su parte, la secretaria de Justicia, Wanda Vázquez, expuso que es necesario dar adiestramiento a los jueces para que también están “sensibilizados” en el tema y orienten adecuadamente a las víctimas sobre lo que representa una orden de protección.

Estos ejemplos se dieron a conocer en una conferencia de prensa que se realizó en La Fortaleza, luego de que Rosselló Nevares reuniera a Vázquez, Boria, las legisladoras Lourdes Ramos e Itzamar Peña; el comisionado de seguridad, Henry Escalera; el secretario de Salud, Rafael Rodríguez Mercado; el secretario interino de Educación, Eleuterio Álamo; la asesora de Calidad de Vida y Concilio de Mujeres, Johanne Vélez, así como la primera dama, Beatriz Rosselló, para dialogar sobre las situaciones de violencia de género que se registran en el país. Hasta el momento, se registran ocho muertes de mujeres a manos de sus parejas.

Pese a la situación, la secretaria de Justicia afirmó que no es necesario que el gobernador firme una orden ejecutiva para declarar una emergencia nacional, como piden grupos feministas.

“Lo más importante y que nadie puede tener ningún tipo de duda es que es prioridad del señor gobernador. Trasciende a una declaración, trasciende a una orden ejecutiva. O sea, el gobernador no necesita tener que hacer ese documento para que el pueblo de Puerto Rico sepa que es de alta prioridad”, afirmó Vázquez.

No obstante, las legisladoras Ramos y Peña reconocieron que existen como 100 leyes para tratar el tema de la violencia, por lo que se debe evaluar cómo es que se funciona en la operación.

Se aceptó que una de las fallas principales se estaba cometiendo en el Departamento de Corrección y Rehabilitación, que no tiene entidades certificadas dando los adiestramientos adecuados a los imputados por violencia de género.

“Lo primero que encontró esta servidora, es que de los 26 programa de desvío y 25 no tiene licencia vigente. Solicitaron 30 días para poner la casa en orden”, expuso, al comentar que a finales de mes sabrá qué entidades lograron ponerse al día.

Boria precisó, además, que se suponía que la agencia tuviese una junta y estableciera un reglamento para tratar estos casos de rehabilitación, pero que estas no existían. Dijo que con su intervención se creó la junta y que ahora están evaluando un posible reglamento, el cual estaría aprobado para julio o agosto.

Pero más allá de que habían entidades sin licencias y no existía un reglamento, la funcionaria confirmó denuncias hechas por entidades que protegen a las víctimas, como el Instituto Tercera Misión, de que la intervención a los agresores se da en Corrección de manera grupal y no individualizada.

“No a cualquier agresor se le puede tratar de igual manera”, comentó, al señalar que los agresores tienen diferentes perfiles.

Asimismo, la secretaria de Justicia indicó que se ha intervenido con la Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción (Assmca) para que establezca programas de ayuda a los agresores que no están presos o no sean acusados formalmente por falta de evidencia o alguna otra situación. No expuso cuándo estarían listos.

Mientras, Vélez reveló que Educación lleva un año con un proyecto piloto de educación con perspectiva de género que impacta a unos 35,000 estudiantes en 11 escuelas, las cuales han llamado “escuelas coeducativas”.

Comentó que durante el próximo año se evaluará el éxito del proyecto para poder expandirlo a otros planteles públicas.

También indicó que esperan por una legislación que presentó la senadora Peña para expandir un currículo de la violencia en el noviazgo que ya tiene listo Educación. De hecho, sostuvo que unos 10,000 estudiantes de intermedia y superior ya han sido impactado con talleres relacionados a este tema.

Por otro lado, la secretaria recordó que en los pasados días aprobó una orden administrativa sobre cómo se debe tratar un caso de violencia de género en las Fiscalías. Entre las novedades están que la víctima debe ser citada el mismo día de la querella para entrevista y que el fiscal debe consultar con el Fiscal de Distrito todo caso en el que entienda que no debe haber radicación de cargos u orden de protección.

En lo que va del año se han registrado ocho muertes por violencia de género, una de las cuales todavía no ha sido contabilizada oficialmente por el Negociado de la Policía.

Según la estadista provista por la Oficina de Prensa de la Uniformada, estos son los crímenes por violencia de genero registrado en lo que va del año. El primero ocurrió el Hormigueros el 12 de enero, cuando Yashira Serra Santiago, de 31 años, falleció a manos de su pareja. El 6 de febrero falleció en Río Piedras Mercedes Duarte Rosario, de 45; en Corozal pereció Luz Iraida Nieves Olivo, de 54, el 10 de marzo; en Peñuelas fue asesinada Marta Rosa Alvarado, 45, el 15 de abril; en Yauco murió Roselly Cintrón Torres, de 39, el 20 de mayo; en Ponce pereció el 8 de junio Lourdes C. Cuevas Natal, de 42, mientras en Fajardo fue asesinada el 9 de junio, Arlene García Rosario, de 42.

La Policía todavía no ha incluido en las estadísticas oficiales la muerte de Yomaira Hernández Martínez, de 13 años, reportada el 12 de mayo en Cabo Rojo.

Se alega que la menor de edad fue rociada con gasolina y quemada por la que fuera su expareja el 23 de marzo. Estuvo cerca de dos meses convaleciendo en un hospital, pero falleció.

Vélez explicó que el caso de Hernández Martínez no se contabiliza en lo relacionado a violencia de género, pues se trata de un crimen contra un menor de edad.