Una querella que tuvo su origen en una carta remitida por la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) al Secretario de Justicia, desembocó en que el Panel sobre el FEI (PFEI), designara un fiscal especial contra el exsecretario de Educación, Eligio Hernández Pérez, y otros funcionarios de esa agencia, por autorizar el pago para locales arrendados cuyos contratos no estaban vigentes.

El secretario de Justicia, Domingo Emanuelli, recibió Ia carta de la JSF, y tras investigar los señalamientos, recomendó la designación de un FEI.

Los funcionarios y exfuncionarios a ser investigados, además del exsecretario, son Osvaldo Guzmán López, exsubsecretario de Administración; Carlos M. Malavé Irizarry, secretario auxiliar de la Oficina de Servicios Auxiliares; y Evelyn Rodríguez Cardé, directora de Finanzas del Departamento de Educación.

El Panel designó para Ia pesquisa a fondo al licenciado Manuel E. Núñez Corrada, fiscal especial independiente y a Emilio E. Arill García como fiscal delegado.

Según se desprende del Informe de Investigación Preliminar realizado por Ia División de Integridad Pública y Asuntos del Contralor (DIPAC), la JSF a través de su asesor legal, Jaime A. El Kaury, remitió al secretario de Justicia los hallazgos de la evaluación de varios contratos de Educación.

El reclamo de la Junta fue que Educación desembolsó ilegalmente una cantidad considerable de fondos públicos ascendentes a cientos de miles de dólares, para el pago por arrendamiento de propiedades cuyos contratos estaban vencidos.

Culminada Ia investigación de la DIPAC, la prueba recopilada tiende a demostrar que los aludidos funcionarios pudieron haber incurrido en varias violaciones a los Artículos 262 v 264 del Código Penal.

El Panel justipreció el informe de la DIPAC con la prueba referida y les concedió a los mencionados fiscales el término de 90 días para profundizar en la pesquisa.

La investigación, realizada por el personal de la DIPAC y agentes del Negociado de Investigaciones Especiales, reveló que, en el periodo que comprende de junio de 2019 a enero de 2021, el Departamento de Educación efectuó pagos ascendentes a $4,754,014.81 a favor del ingeniero Luis Rivera Siaca, a pesar de que había vencido el contrato de arrendamiento de dos propiedades, conocidas como la Vieja Sede y el Anexo.

“Los pagos se efectuaron mediante órdenes de compra para lograr que el sistema computadorizado efectuara el desembolso del erario para esos fines. El realizar dichos pagos constituye una actuación contraria al ordenamiento jurídico vigente”, explicó la directora de la DIPAC, Yolanda Morales Ramos, en declaraciones escritas el pasado mes de enero.