Designan FEI para expresidenta de la CEE
Una de las alegaciones es la contratación de una empresa privada para realizar funciones de empleados de la agencia que dirigía Liza García.
Nota de archivo: esta historia fue publicada hace más de 4 años.
PUBLICIDAD
La expresidenta de la Comisión Estatal de Elecciones (CEE), Liza García Vélez, enfrentará una investigación de un Fiscal Especial, luego que el Panel sobre el Fiscal Especial Independiente (PFEI) acogiera Ia recomendación en ese sentido formulada por el Departamento de Justicia de Puerto Rico (DJPR).
En la resolución de rigor emitida por los exjueces Nydia M. Cotto Vives, Rubén Vélez Torres e Ygri Rivera Sánchez se establece que el récord del informe que remitió Justicia, contiene prueba conducente a demostrar que las alegaciones contra Ia exfuncionaria podría ser objeto de presentación de cargos criminales.
El informe de investigación preliminar remitido por el DJPR está suscrito por la Fiscal Auxiliar III, licenciada Wanda Meléndez Santos y por Ia licenciada Phoebe Isales, directora de la División de Integridad Pública.
Como fiscal especial independiente se designó a la licenciada Zulma I. Fúster Troche y, como fiscal delegado, al licenciado Manuel Núñez Corrada.
“Establece el Panel en su resolución, que la génesis de todo el asunto gira sobre la contratación de una empresa privada para realizar labores que alegadamente están establecidas como parte de las funciones de varios empleados de la CEE. Se aduce, además, que se efectuaron pagos por otros servicios prestados que se alega no tenían un ‘fin público’, requisito indispensable para el otorgamiento”, indica el documento enviado por el PFEI.
“A esto se suma otra serie de situaciones sobre el pago retroactivo por servicios prestados, sin que mediara el trámite establecido legalmente que hiciera posible que dichos pagos se efectuaran correctamente. Esto, a su vez, ocasionó otras actuaciones administrativas, que resultan en un desvío del procedimiento establecido, con sus posibles consecuencias penales”, añade.
La fiscal Plaster y el fiscal Núñez tienen 90 días para realizar la investigación a fondo.