El Panel sobre el Fiscal Especial Independiente (PFEI) determinó designar un fiscal para que investigue a los funcionarios del gobierno ligados a la fallida compra de pruebas de COVID-19 a principios de la pandemia, según se informó hoy en un comunicado de prensa.

Se indicó que el Departamento de Justicia había recomendado no indagar el asunto, sin embargo, el PFEI no acogió dicha sugerencia. Para tomar esta determinación, el PFEI mencionó que evaluó las declaraciones juradas de un sumario fiscal remitido por Justicia.

De las declaraciones juradas surge que varios funcionarios y personas sin autoridad legal intervinieron indebidamente con procesos de compras, indicó el PFEI. Ello incluyó presionar a la entonces secretaria interina del Departamento de Salud, Concepción Quiñones de Longo, para que firmara en 20 minutos una orden de compra millonaria sin seguir el análisis y rigor que la normativa exige, agregó el organismo.

El PFEI señaló que aunque el referido incluía a la gobernadora Wanda Vázquez y otros funcionarios, centrará la investigación en Lillian Sánchez, subsecretaria de la Gobernación; Mabel Cabeza, funcionaria de La Fortaleza adscrita al task foce médico del coronavirus; y el general José Burgos, quien fue comisionado del Negociado de Manejo de Emergencias. La pesquisa también indagará al licenciado Juan Maldonado.

Contra Sánchez, Cabeza y Burgos se investigarán posibles delitos por influencia indebida, intervención indebida en operaciones gubernamentales, incumplimiento del deber, pérdida de fondos públicos mediante acción u omisión y negligencia, malversación de fondos públicos, y perjurio. También se indagarán posibles infracciones al Artículo 3.2 del Código Anticorrupción y al Artículo 4.2 de la Ley de Ética Gubernamental.

En cuanto a Maldonado, pesquisarán posibles delitos por falsedad ideológica, intervención indebida en operaciones gubernamentales, influencia indebida y perjurio, así como violaciones al Código Anticorrupción.

“Ciertamente estamos ante un caso complejo y de alto interés público donde tenemos el deber de asegurarnos que ninguna conducta quede impune, allí donde el dolor humano durante una pandemia, pudo quedar soterrado frente a un desmedido e insensible ánimo de lucro y el interés de algunos de controlar los procesos para adelantar agendas y ventajas insospechadas”, expresó el PFEI.

La investigación estará a cargo del fiscal especial independiente Ramón Mendoza Rosario, quien será asistido por otros fiscales delegados.