Este viernes se designaron dos fiscales especiales independientes (FEI) contra el alcalde de Río Grande, Ángel “Bori” González Damudt, para investigar presuntas irregularidades en el proceso de alquiler de vehículos en el municipio, según anunció el Panel sobre el Fiscal Especial Independiente (PFEI), en un comunicado de prensa.

De inmediato, el alcalde expresó que le parece contradictorio que se haga un señalamiento de mala utilización de fondos públicos en su contra, cuando a su llegada recibió un municipio con $4.2 millones en déficit. Alegó que, bajo su administración, no sólo se eliminó la deficiencia fiscal, sino que generó un superávit de $7.5 millones y un acumulado de $13.3 millones.

“Hoy que estamos recibiendo y enterándose de este referido, próximamente luego de análisis de este, estaré convocando una conferencia de prensa para discutir todos los señalamientos y expresaremos nuestro sentir sobre los mismos”, señaló González Damudt en declaraciones escritas.

También dijo que “hoy dejamos claro que nuestra Administración Municipal es una de transparencia y de procesos según establecidos, por lo que es altamente cuestionable que durante las pasadas semanas opositores políticos hayan difundido información referente a una investigación y más aún al hecho de la designación de un FEI”.

La investigación que concluyó con la designación de los fiscales concurre con una recomendación que realizó el Departamento de Justicia en marzo pasado para que se investigue al alcalde y al exdirector de Finanzas municipal, Luis Pagán Padró.

Para estos fines, el PFEI designó a las fiscales Fabiola Acarón Porrata-Doria e Ileana Agudo Calderón.

Se informó que González Damudt y Pagán Padró podrían haber cometido incumplimiento del deber y malversación de fondos públicos, artículos 262 y 264 del Código Penal de Puerto Rico, según surge de una auditoría que llevó a cabo la Oficina del Contralor, y la prueba recopilada por la División de Integridad Pública y Asuntos del Contralor del Departamento de Justicia.

El alcalde también habría violado el artículo 4.2 (r) de la Ley Orgánica de la Oficina de Ética Gubernamental.

El caso comenzó con un referido de la Contralora de Puerto Rico, Yesmín M. Valdivieso, quien encontró que el municipio se apartó de las normas legales relacionadas con las compras y el desembolso de fondos públicos al alquilar vehículos a Allied Car & Truck Rental, Inc. (Allied) desde agosto de 2016 hasta diciembre de 2020.

Durante la referida fecha, se alega que el municipio alquiló vehículos de motor a Allied y desembolsó fondos por ese concepto, a favor del arrendador y sin la existencia de un contrato válido.

También, en ese periodo se celebró solamente la subasta número 2017-11 – serie: 2016-2017, sobre alquiler de equipo liviano, en la que el único licitador fue Allied. A esta empresa, la Junta de Subastas no le adjudicó la buena pro, porque su propuesta económica no cumplía con las expectativas del municipio.

De los detalles que ofreció el FEI, el alcalde afirmó que “vale la pena destacar que los señalamientos que aparecen en el referido se trasladan al momento en que el municipio de Río Grande estaba atendiendo la emergencia causada por el paso de los huracanes Irma y María”.

“Fue el municipio el que originó y trabajó toda la ayuda a sus residentes y que fuimos el último municipio de Puerto Rico en donde se recibió el servicio de energía eléctrica”, señaló.