El Panel sobre el Fiscal Especial Independiente informó este miércoles que asignó un Fiscal Especial Independiente (FEI) contra el alcalde de Arecibo, Carlos Ramírez Irizarry, por contratar en el municipio a la exsenadora Maritere González López y al doctor Edgar Cancel Zapata, a sabiendas de que ambos son convictos.

Ramírez Irizarry podría haber violado la Ley 8-2017 para la Administración y Transformación de Recursos Humanos en el Gobierno, la Ley 1-2012 de la Oficina de Ética Gubernamental, la Ley 2-2018 del Código de Anticorrupción para el Nuevo Puerto rico, el Código Municipal y el Artículo 263 del Código Penal (negligencia en el cumplimiento del deber).

De esta manera, el Panel acogió la recomendación que realizó el Departamento de Justicia a finales de agosto pasado para que se indagara al alcalde popular por malversación de fondos públicos e incumplimiento del deber.

El Panel asignó al licenciado Emilio Arill García como FEI. Contará con 90 días para hacer la investigación.

La denuncia contra Ramírez Irizarry fue presentada por los representantes José “Memo” González Mercado y Gabriel Rodríguez Aguiló.

González López fue sentenciada el pasado 12 de mayo a seis meses de probatoria y el pago de multas por $16,200, como parte del acuerdo de culpabilidad al que llegó por 12 cargos de corrupción a nivel estatal, que fueron reclasificados a negligencia en el cumplimiento del deber como funcionaria pública.

En relación al nombramiento de la exsenadora en el puesto de Ayudante Especial del alcalde y por el que devengaba un salario sufragado con fondos públicos, la investigación de la División de Integridad Pública y Oficina de Asuntos del Contralor del Departamento de Justicia señaló que una vez fue convicta y sentenciada, el alcalde tenía el deber de iniciar un proceso de habilitación en el Departamento del Trabajo y Recursos Humanos, según dispuesto en el Código Municipal, en el Reglamento de Habilitación para el Servicio Público y en la reglamentación del municipio de Arecibo.

En cuanto a Cancel Zapata, la pesquisa de la División de Integridad Pública y Oficina de Asuntos del Contralor indicó que al momento de ser nombrado al puesto irregular de médico para el Departamento de Sistema de Investigación de Casos y Rastreo de Contactos (COVID-19), era convicto por fraude en violación al Título 18 U.S.C.A. sec. 1028 (1)(2), lo cual surge de una resolución emitida por la Junta de Licenciamiento y Disciplina Médica que obra en los documentos relacionados a su reclutamiento en el municipio.