El nominado secretario del Departamento del Trabajo y Recursos Humanos (DTRH), Carlos Rivera Santiago, justificó hoy la radicación como procurador de Menores del Departamento de Justicia de dos casos cuestionables en los tribunales contra una niña de 11 años y otro jovencito de 16 años.

“Yo darle una instrucción a un procurador de que se archivara o se cerrara el caso, esa instrucción yo no la di”, admitió Rivera Santiago cuando el senador Eduardo Bhatia le preguntó en qué momento como procurador de menores detuvo el notorio caso de la niña de la raza negra y estudiante de Educación Especial, Alma Yariela Cruz, quien fue arrestada en 2017 y se le radicaron cargos criminales por disputas escolares con otras niñas. Según el propio nominado luego que el caso alcanzó niveles mediáticos la parte denunciante desistió.

“Nosotros cumplimos con nuestro deber ministerial en cumplimiento de la ley… Como en todo hay dos caras de la moneda”, sostuvo el nominado, quien fue interrogado por los senadores en una vista de la Comisión de Nombramientos del Senado. Se amparó en que los casos de menores son confidenciales y que no podía entrar en los pormenores del expediente.

“Yo tenía que evaluar a otras menores negras de 11 años que también eran perjudicadas, tuve que evaluar a todas las menores porque no solamente había una”, sostuvo para justificar la radicación del caso.

“El deber ministerial no debe ir nunca por encima del deber moral. El País entero estaba viendo ese caso y el Tribunal de Apelaciones detuvo lo que era una locura, la posibilidad de una pena criminal contra una nena de 11 años por una pelea en la escuela. ¿Qué paso por su mente?, no detuvo el caso y lo pudo haber detenido. Ni lo hizo usted ni lo hizo la entonces secretaria de Justicia, Wanda Vázquez Garced. Esto llora ante los ojos de Dios”, cuestionó Bhatia.

“Es el juicio suyo como adulto el que tiene que entrar, usted no es un robot y carecía de ese juicio valorativo que el pueblo de Puerto Rico quiere que sus secretarios tengan”, agregó el legislador popular.

Mañana comparecen a la 1:00 de la tarde a la continuación de la vista sobre la confirmación de Rivera Santiago, Alma Yariela y su madre, informó el presidente de la Comisión de Nombramientos, Héctor Martínez. No precisó, si la vista de mañana será pública o a puertas cerradas.

Rivera Santiago, en la vista de hoy, no fue claro sobre la participación que tuvo tanto en el caso de Alma Yariela, en el Tribunal de Carolina como en el de un adolescente de Río Grande, en el Tribunal de Fajardo.

“Los casos de menores son confidenciales y los procuradores están impedidos de hablar de esos casos, se tratan de una forma distinta, a pesar de que se parece el proceso, no es un caso criminal”, indicó Rivera Santiago en el turno de preguntas del presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, quien cuestionó el que periodistas sacaran a relucir la participación de Rivera Santiago en ambos casos durante el proceso de confirmación de su nombramiento al DTRH.

En el caso de Alma Yariela, el designado dijo que su participación se limitó a una carta que recibió del abogado de la nena que le solicitaba mediación. Sin embargo, respondió con un “no recuerdo” cuando se le pregunto si el abogado se quejó de discrimen racial.

En torno al caso procesado en el Tribunal de Fajardo, indicó que lo litigó a nivel de la apelación, pero también dijo que no recordaba si como procurador estuvo en la vista de causa para arresto.

En este caso, mientras Santiago Rivera laboraba como jefe de Procuradores de Menores en la región de Fajardo, se le radicaron cargos a un adolescente que había huido de su casa y dormía en la covacha de una escuela. El 28 de marzo de 2016 le radicaron cargos al menor por escalamiento agravado y apropiación ilegal por materiales que había sustraído de un salón del plantel escolar y que utilizaba para defenderse de vándalos que entraban al plantel.

Sobre el caos en el manejo de las solicitudes de desempleo, el designado Secretario del DTRH detalló que al 16 de mayo se habían radicado 240 mil solicitudes y unas 167 mil ya han sido procesadas. Añadió que hay 37 mil casos de puntos controvertibles.

En agosto de 2019, cuando Vázquez Garced advino a la gobernación, Santiago Rivera fue destacado en La Fortaleza como ayudante de la Oficina de la Gobernadora y en octubre la mandataria lo ascendió del puesto que ocupaba de fiscal I a fiscal III.

Tiene un bachillerato en Ciencias Sociales con concentración en Relaciones Laborales de la Universidad de Puerto Rico de 2000 y en 2004, se graduó de la Escuela de Derecho de la Universidad Interamericana.

Comenzó en el servicio público a los 20 años como como investigador de relaciones laborales en la entonces Comisión de Relaciones del Trabajo del Servicio Público y sostuvo que laboró con la Ley 45 de sindicación de empleados públicos.

En julio de 2011 fue nombrado como Procurador de Asuntos de Menores del Departamento de Justicia y laboró como fiscal en la División de Integridad Pública. En enero de 2017 fue nombrado Secretario de Auxiliar de Menores y Procuradores de Asuntos de Familia.

Compareció a la vista con su pareja, Leilany Vargas de la Paz y con sus suegros. Lloró cuando mencionó que sus padres no pudieron comparecer porque residen en Estados Unidos.

Por su parte, la nominada a presidir la Junta de Relaciones del trabajo, Nancy Berríos Díaz atribuyó el caos en el DTRH con las solicitudes de desempleados al poco personal de la agencia y a la falta de adiestramiento de algunos de los empleados.

“Se vio de pronto con un triplicado en el número de casos que atendía con un corto personal”, dijo la nominada para un término de 10 años.

A preguntas del senador Cirilo Tirado dijo que actualmente ante la JRT hay pendiente unos 269 casos. “Cada caso puede envolver un gremio que tiene 3 o 4 mil empleados, tien la posibilidad e afectar a miles de empleados, mayormente los casos son por incumplimiento de convenios”, dijo para agregar que aunque no necesariamente son sobre áreas económicas tienen un impacto sobre el patrono.

Indicó que la JRT tiene unos 17 empleados y cuenta con un presupuesto anual de la JRT es $1,362 mil. “Creo en la Junta y en su independencia. La Junta no debe ser fusionada”, indicó a preguntas de Bhatia.