El secretario designado del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA), Waldemar Quiles Pérez, aceptó ante la comisión total del Senado que el lenguaje de la controversial orden administrativa que firmó relacionada a La Parguera ha generado una interpretación que, según él, no es la que pretende, y aseguró que está dispuesto a enmendar dicha orden para que el lenguaje quede claro.

Quiles Pérez también reveló ante la comisión total que se llevó a cabo este martes que firmó la controversial orden administrativa 001 luego de una evaluación de apenas dos horas, con ese lenguaje, en particular en el inciso F de la orden, que aseguró que, aunque dice una cosa, no significa necesariamente eso y, en cambio, indicaría un lenguaje interno que conocen los oficiales examinadores de la agencia, y por tanto sabrían cómo proceder.

Quiles Pérez negó además que ese inciso, que ordena el archivo de los casos pendientes, incluyendo el que existe en contra de los suegros de la gobernadora Jenniffer González Colón, implique que se archiven el caso, y de todas formas los oficiales examinadores continuarían la investigación.

Sin embargo, para varios senadores y senadoras sus respuestas distaron de aclarar la controversia, y algunos incluso cuestionaron la legalidad de la orden, como fue el caso del senador independiente Eliezer Molina Pérez, conocido por abogar por causas ambientales, quien con su línea de preguntas sostuvo que la orden administrativa viola la ley al permitir a una persona privada el uso exclusivo de un espacio en dominio público, además de que viola disposiciones ambientales federales, y que no provee beneficios al ambiente.

Al cierre de la comisión total, el presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, le dijo a Quiles Pérez que entendía que “este Senado y el pueblo de Puerto Rico, por lo que usted nos ha dicho aquí, puede esperar lo siguiente: uno, que usted no va a archivar el caso de los suegros de la gobernadora livianamente, que se va a atender como cualquier otro caso de los que tuviera pendiente allí (en el DRNA), y si tuviera alguna violación de ley y correspondiera hacerla alguna imposición de multa o cualquier sanción que corresponda conforme a la ley, usted lo haría”.

“O sea, que en el viejo oeste, usted está contra todos los vaqueros”, agregó Rivera Schatz, en clara referencia al reiterado mensaje que había dado antes Quiles Pérez de que la orden administrativa traería ley y orden a una Parguera en la que se vivía como el viejo oeste, con cada cual haciendo lo que quería.

Además, le dijo el presidente del Senado, “usted nos dijo que estaría en disposición de corregir el lenguaje para que quede claro que el lenguaje definitivo de ordenar el archivo no fue lo que se pretendió, sino lo que lamentablemente se ha interpretado, y lo que literalmente dice, y entonces usted va a ajustar ese lenguaje para que se sigan los procedimientos y esté en cumplimiento con la ley y con los otros extremos que incluye la orden, entonces usted determinaría conforme a lo que tenga ante sí”.

“Eso es correcto, señor presidente”, respondió el secretario designado, antes de explicar que no lo enmendó antes, porque quería tener la oportunidad de explicar su proceder ante el Senado, y con eso a todo Puerto Rico.

Previamente, durante las preguntas de los legisladores, Quiles Pérez se reiteró en que encontró la orden cuando llegó al Departamento, y consideró era la más relevante y por eso la firmó. Sostuvo que le tomó dos horas examinarla, asegurando que, dada su experiencia militar, está acostumbrado a hacer evaluaciones así de rápidas y tomar determinaciones, sin consultar con superiores.

A preguntas del senador Luis Javier Hernández, el secretario sostuvo que no discutió con la gobernadora antes de firmar la orden, pero admitió que conocía del caso contra familiares de la gobernadora porque eso era “de conocimiento público”.

Sin embargo, negó que tuviera constancia de si la orden beneficiaba a los suegros de la gobernadora, o a cualquier otra persona, porque él no había revisado los expedientes de los casos.

Quiles Pérez también admitió que no había consultado la orden ni con el Departamento de Justicia, ni con la Oficina de Ética Gubernamental, y dijo que no ha visto las opiniones legales del propio DRNA que se oponen a la orden.

Cuestionado por la senadora María de Lourdes Santiago sobre si, tras emitirse esa orden que ordena archivar los casos, las observaciones de querellantes en contra de una estructura añadida a la propiedad de los suegros de la gobernadora, porque habrían afectado mangles, se tomarían en cuenta como parte de las evaluaciones de los oficiales examinadores, el secretario designado respondió que no sabía, porque “no soy examinador”.

“Pero si usted no sabe, ¿cómo se atreve a presentarse aquí?”, cuestionó la senadora independentista, antes de reiterar la pregunta “bien elemental” de si los oficiales examinadores incluirían esas observaciones como parte de sus investigaciones.

Quiles Pérez se limitó a responder que ese asunto estaba en manos de los oficiales, que “son entes independientes”, y ellos evaluarían si los casos tienen alguna pertinencia con la orden administrativa.

Cuestionado sobre si la presunta poda ilegal de mangle que se alega ocurrió en la propiedad de los suegros de la gobernadora constituía o no cumplimiento con la orden, el secretario eludió dar una respuesta y reiteró que “eso le toca a los oficiales examinadores”.

El senador Adrián González Costa le reclamó al secretario que la orden administrativa, en su inciso F, le “quitó la jurisdicción a los oficiales examinadores” porque, en derecho, “cuando un caso se convierte en académico, es que ya el foro que está adjudicándolo perdió jurisdicción porque ya no hay controversia. Eso es lo que significa esta orden administrativa”.

Mientras respondía a preguntas de la senadora Joanne Rodríguez Veve, el secretario indicó que la orden había sido redactada por el licenciado Samuel Acosta, por orden del secretario interino saliente, Robert Méndez, y reiteró que no había visto la orden antes, ni la había consultado con la gobernadora. Sostuvo que, antes de firmarla, solo había consultado con Acosta y con otro abogado, del que solo recordó su apellido, Soto.

En su turno de cierre, sin embargo, la senadora hizo constar que el secretario había acudido a la comisión total acompañado por un asesor legal de Fortaleza, “que directamente asesora a la gobernadora de Puerto Rico”, y no por personal legal del DRNA.

En su intercambio con el senador Molina Pérez, el legislador le cuestionó sobre el efecto de la orden sobre aspectos del ambiente, tales como la protección de elementos marinos, orgnmangles o humedales, preguntas para las que el secretario no tuvo respuestas, argumentando que “no soy experto”.

“Si usted no sabe, ¿cómo va a firmar una orden administrativa si usted no tiene los elementos de juicio que lleven a cabo su facultad como director?”, cuestionó el senador.

Tampoco tuvo respuestas a preguntas relacionadas al hundimiento del suelo en el área de La Parguera como consecuencia de movimientos telúricos y el efecto de eso sobre las casetas en esa zona.

Luego que el secretario dijera desconocer cuántas propiedades tiene la familia de la gobernadora en La Parguera, Molina Pérez indicó que, según documentos del tribunal, son tres. Acto seguido, llevó al secretario a admitir que la orden facultaba a emitir concesiones a privados, que a su vez podrían generar renta, en lo que constituye un uso privado, en un bien público.

Además, Quiles Pérez admitió que el licenciado Acosta, que le asesoró para firmar la orden, es quien dirige el grupo de oficiales examinadores, que a su vez son los que determinarán si se archivan o no los casos, algo que Molina Pérez calificó de “incestuoso”.

“Usted está violentando todos los estatutos legales ambientales que se supone que usted esté protegiendo”, le reclamó Molina Pérez.

“Yo le voy a probar a usted que los suegros de la gobernadora tienen más de una propiedad allí y que lo que usted hizo los va a facultar a generar renta y a darle un uso exclusivo, y eso, secretario, es corrupción”, agregó el senador al final de sus preguntas.

No todo fue tan adversativo para el secretario, pues también hubo legisladores que resaltaron su trayectoria y su servicio como militar, y también le alabaron por haber tomado la decisión de actuar sobre un problema que llevaba tanto tiempo sin atenderse. En sus respuestas finales, Quiles Pérez se reiteró en que no había cometido ninguna actuación antiética o ilegal, y afirmó que no archivaría “ni el caso de los suegros de la gobernadora, ni ninguno otro”.