Pablo Casellas Toro no tendrá convicción por mentir a agentes del Negociado Federal de Investigaciones (FBI), luego de que el Departamento de Justicia de Estados Unidos emitiera una orden de desestimación del caso en su contra en dicha jurisdicción.

El fiscal de Florida que llevó el caso en contra de Casellas Toro por mentir a los oficiales sobre un supuesto carjacking del que dijo ser víctima, Michael Gilfarb, emitió la moción este viernes ante el juez que vio el caso en San Juan, Joseph R. Goodwin, de Virginia Occidental.

"De conformidad a la regla 48(a) de las Reglas de Procedimiento Criminal federal... por la presente, desestimamos sin perjuicio la acusación contra Pablo Casellas Toro", lee el escueto escrito de Gilfarb.

El excorredor de seguros fue sentenciado el 11 de agosto de 2014 a un año y nueve meses de cárcel a cumplirse concurrentemente con la pena estatal por el asesinato de su esposa. Se esperaba que la cantidad de tiempo a cumplir de la pena federal bajara por buena conducta, por lo que Casellas Toro tenía provisto terminar de cumplir su sentencia para estas fechas. No obstante, permanecerá preso por el caso estatal.

El 7 de diciembre pasado, un panel compuesto por los jueces Robert Benton, del Octavo Circuito de Apelaciones; David Sentelle, del Circuito de Washington D.C.; y Adalberto Jordan, del Undécimo Circuito, determinó que la convicción y sentencia a nivel federal contra Casellas Toro no procedía por entender que no tuvo un juicio justo e imparcial al denegársele a su defensa legal una moción de supresión de evidencia, así como la petición para que el proceso se viera en otra jurisdicción fuera de Puerto Rico debido a la "publicidad excesiva" que recibió el caso en su contra a nivel estatal por el asesinato de su esposa, Carmen Paredes.

La fiscalía de Florida tenía hasta este mes para informar si solicitaría una vista de revisión ante el panel. 

Casellas Toro es hijo del juez federal, Salvador Casellas, razón por la cual el caso fue procesado por la Fiscalía federal de Florida y presidido por un juez que no era la de jurisdicción local.

"Me parece un reconocimiento implícito de la Fiscalía federal de que con un jurado que pueda ser justo e imparcial, lo que solo sería posible en otra jurisdicción, sería muy difícil obtener una convicción contra Pablo", opinó su abogado, Francisco Rebollo Casalduc.

El caso federal contra Casellas Toro fue por mentir a agentes del FBI al alegar que fue víctima de un “carjacking” el 17 de junio en 2012, al salir del Club de Tiro Metropolitano de Toa Baja, fecha en que este establecimiento estaba cerrado porque era Día de los Padres. Alegó que le robaron un arma de fuego, que fue la que se usó luego para matar a Paredes el 14 de julio de 2012.

Los jueces del circuito de Apelaciones entendieron que hubo "abuso de discreción" por parte del Tribunal de Distrito Federal, ya que la Sexta Enmienda de la Constitución de Estados Unidos garantiza a los acusados el derecho a un juicio con un jurado imparcial. Entendían que en esta jurisdicción, no era posible conseguir un jurado justo e imparcial, dado a la publicidad del caso estatal en su contra.

A nivel estatal, Casellas Toro fue sentenciado a 109 años de cárcel por el asesinato de su esposa. Sin embargo, el Tribunal de Apelaciones determinó a finales de noviembre de 2015 que se celebre nuevo juicio en el caso por entender que el veredicto debía ser uno unánime y no por mayoría, basándose en "el nuevo estado de derecho determinado en Pueblo vs Sánchez Valle". El veredicto en su caso fue por votación de 11 a 1.

El Departamento de Justicia local solicitó una reconsideración, la cual fue denegada, por lo que radicaría un recurso de "certiorari" ante el Tribunal Supremo.