El secretario de Estado y director ejecutivo de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (Aafaf), Omar Marrero, sostuvo que el desempeño de LUMA Energy en los próximos meses será determinante al momento en que el gobierno deba decidir si impulsa una extensión al acuerdo suplementario con el consorcio, en caso de que al 30 de noviembre la reestructuración de las obligaciones de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) permanezca inconclusa.

“La (Autoridad de) Alianzas Público Privadas (AAPP) es la entidad que primero tiene que solicitar que se firme (una extensión). Obviamente esto va a estar atado a la instrucción de la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) que, como fue en el pasado, requirió que se negociase este ‘supplemental’. El contrato lo que te dice es que, si se necesitase una extensión, AAPP tiene que solicitarlo, LUMA y Prepa (AEE), como entidades contratantes, tienen que acordar los términos y condiciones, y obviamente el Negociado (de Energía) y la JSF tienen que aprobarlo”, dijo Marrero a su salida de una vista pública en el Senado.

En la vista pública de la Comisión de Proyectos Estratégicos y Energía, que preside el senador Javier Aponte Dalmau, Marrero afirmó que existe una posibilidad real de que la jueza Laura Taylor Swain extienda el término para que las partes involucradas en las negociaciones sobre la reestructuración de la AEE lleguen a un acuerdo. Actualmente, el plazo, que ya se ha extendido en varias ocasiones, vence el 9 de septiembre.

“Si para esa fecha no tenemos un acuerdo, o tenemos algo en proceso, la jueza Swain pudiese extender. Puedo ver que se extienda, y nos conviene que se extienda, porque ya la jueza Swain ha comunicado que no está en posición de conceder una desestimación de la quiebra sin necesariamente rechazar el nombramiento de un síndico (que controle las finanzas de la AEE). Ha habido un tiempo razonable donde, para la corte, no ha pasado este acuerdo, así que todo está atado a ese proceso que está corriendo paralelo de la mediación”, dijo Marrero en la audiencia, en la que previamente depusieron el jefe de la AAPP, Fermín Fontanés, y el presidente del Negociado de Energía, Edison Avilés.

Ante la pregunta de Aponte Dalmau sobre cuál sería su recomendación al gobernador Pedro Pierluisi en torno a LUMA Energy, Marrero sostuvo que sería “esperar a ver qué ocurre con el proceso de mediación”.

El director de Aafaf puntualizó que la reestructuración de la deuda del gobierno central logró pactarse en un periodo cercano a los 60 días, por lo que no descartó que algo similar ocurra en relación a los alrededor de $9,000 millones en obligaciones de la AEE. La culminación de la quiebra de la AEE permitiría que entrara en pleno vigor el contrato de 15 años entre LUMA Energy y el gobierno, y cuyo reloj no ha comenzado a correr mientras se mantiene viva la controversia por la reestructuración.

El acuerdo suplementario rige mientras se extienda la fase de reestructuración de obligaciones, pero su vigencia inicial de 18 meses concluye el 30 de noviembre.

En un breve aparte con El Nuevo Día, el funcionario se hizo eco de las palabras del primer ejecutivo, quien recientemente dijo que LUMA Energy se encontraba en “probatoria”, y mencionó que el funcionamiento del sistema eléctrico en los tres meses que restan rumbo al 30 de noviembre serán claves en el proceder del gobierno.

“El gobernador lo dijo, están en probatoria y tienen que mejorar. Aunque reconocemos unos avances en unas métricas ante el Negociado, en unas métricas que más nos afectan no ha habido un avance, y es la duración de las interrupciones. No hay excusa. El gobernador fue claro e inequívoco y este servidor también, cuando vino Duke Austin (el presidente de Quanta Services, una de las matrices de LUMA). El mensaje está claro y creo que ha quedado meridianamente claro que ellos tienen que mejorar o, de lo contrario, habrá consecuencias”, dijo, al preguntársele si el desempeño del consorcio influiría en determinación de solicitar una extensión al acuerdo suplementario de concretarse ese escenario.

Aponte Dalmau, por su parte, mencionó que su intención con las vistas públicas es “preparar al poder ejecutivo para una determinación de lo que vaya a hacer” de cara el 30 de noviembre.

Esperarán por LUMA

Avilés, el presidente del Negociado de Energía, sostuvo que el organismo regulador aguardará por las respuestas que presente LUMA Energy a los señalamientos del informe que concluyó que, entre junio de 2021 y mayo de 2022, se desempeñó por debajo de los estándares en el 15% de las métricas fijadas. Entre las métricas que reflejaron un desempeño subóptimo figuró el índice de duración de apagones, que se extendieron un 35% más de lo que se registraba cuando la AEE se encargaba de la transmisión y distribución.

Ayer, precisamente, LUMA Energy solicitó al Negociado de Energía que extendiera hasta el 3 de octubre el periodo para presentar su réplica que, por orden del ente regulador, debe presentarse mañana, 1 de septiembre. Hasta el momento, el Negociado no ha resuelto la petición.

“Si la explicación o justificación no convence al Negociado de Energía, eso tiene implicaciones económicas por el momento […] Ellos vienen con un programa o propuesta (de cumplimiento) y nosotros la evaluamos y (notificamos si) estamos de acuerdo. Si no cumplen con esos programas o actos correctivos en el periodo (dispuesto), multa. Hasta que los llevemos al cumplimiento”, dijo Avilés, al precisar que las penalidades pueden ascender a multas de hasta $25,000 diarias por cada incumplimiento.

Hasta el momento, las únicas multas que el Negociado de Energía le ha impuesto a LUMA han sido por incumplir con requisitos de entrega de información, confirmó el presidente del organismo.

Fontanés, en tanto, aseguró que el contrato de LUMA Energy cuenta con más garras que los que se otorgan en la mayoría de las jurisdicciones estadounidenses para la operación de sistemas eléctricos pues, además de permitir la imposición de multas por parte del regulador, deja la puerta abierta a la cancelación en caso de incumplimiento sostenido.