La Oficina del Contralor reveló numerosas desviaciones de ley en el Municipio de Arecibo, incluyendo constantes déficits millonarios y uso no autorizado de fondos en programas federales, informó la dependencia mediante comunicado de prensa.

Según una auditoría que cubre los últimos 18 meses de Lemuel Soto como alcalde y parte de los primeros tres años de Carlos Molina como incumbente municipal (1 de julio de 2011 al 30 de junio de 2015), uno de los comentarios especiales del Informe señala que en enero de 2014 al Municipio se le suspendió la subvención federal del programa Head Start / Early Head Start debido a que usó $193,180 para propósitos no autorizados.

Asimismo, incumplió con las aportaciones locales para el pago del bono de Navidad ($22,981) y el plan médico ($113,439).

De otra parte, el Municipio tenía déficits acumulados de $10.35, $13.97, $15.84 y $11.21 millones para los años fiscales del 2011 al 2014, o sea un déficit equivalente al 22%, 31%, 35% y 29% del presupuesto del Fondo operacional para esos años. 

Además, acumuló sobregiros por $14.83 millones del 2012 al 2014 y los cargos bancarios correspondientes a los sobregiros por $32,505. 

Una situación similar se había señalado en el Informe de Auditoría M-14-07 del 2013. 

"El operar con déficit reduce los recursos disponibles y se afectan los servicios a la ciudadanía y los sobregiros crean una situación fiscal precaria y afecta el crédito con los proveedores", reza el comunicado.

El Informe señala también que el Municipio efectuó 221 transferencias de crédito por $1.74 millones sin las órdenes ejecutivas requeridas y de estas, se realizaron 207 transferencias de crédito entre partidas presupuestarias sin las certificaciones de los sobrantes. 

En junio de 2014 el Alcalde contrario a la ley, autorizó tres transferencias de crédito por $85,224 que rebajaron el crédito de la partida destinada al pago de obligaciones contractuales. Una situación similar se había comentado en el Informe de Auditoría M-14-07.

La auditoría de 11 hallazgos desvela además, la falta de fiscalización de los sistemas de contabilidad mecanizados, que los planes de clasificación y retribución no estaban actualizados y, el incumplimiento de la ley del Registro de Demandas Civiles y de la ley sobre el estado de las privatizaciones.

Al 30 de junio de 2015 el Municipio tenía 73 demandas civiles por $26.70 millones en los tribunales y 46 casos pendientes de resolución ante la Comisión Apelativa del Servicio Público (CASP).