Por más esfuerzos que lleve a cabo, el Departamento del Trabajo y Recursos Humanos (DTRH) no cuenta en estos momentos ni con el personal ni con la tecnología necesarios para poder atender de manera efectiva y rápida la totalidad del elevado volumen de reclamaciones de beneficios por desempleo y asistencias adicionales relacionadas a desempleo ocasionado por la pandemia del COVID-19 que tiene ante sí y continúa recibiendo, y así lo dejó saber el secretario del DTRH, Carlos J. Rivera Santiago, en una extensa presentación ante la Comisión de Derechos Humanos y Asuntos Laborales del Senado.

Aunque el volumen de reclamaciones de desempleo y programas suplementarios, así como de beneficios del programa de Asistencia de Desempleo Pandémico, o PUA, como se le conoce por sus siglas en inglés, ha ido disminuyendo en las últimas semanas, todavía quedaban al 21 de mayo 75,880 reclamantes con puntos controvertibles pendientes a resolver.

El secretario recordó que “antes de la pandemia, en un año regular, el Negociado de Seguridad de Empleo atendía unas 56,000 reclamaciones al año”, pero con la pandemia las reclamaciones se dispararon súbitamente a más de 500,000 en menos de un año, y luego llegaron a superar las 748,000 solicitudes.

Por si fuera poco, ese dramático aumento en las reclamaciones ocurrió en momentos en que el DTRH había perdido alrededor del 50% de su fuerza laboral, y ha enfrentado complicaciones para reclutar nuevo personal, en parte por los bajos salarios que ofrece la agencia.

“Lamentablemente nuestra fuerza laboral, muchos se están retirando y está disminuyendo, y hay áreas muy críticas o importantes. Hace falta personal, definitivamente”, afirmó el secretario. “Y las escalas tienen que mejorar, tienen que aumentar. No podemos conseguir empleomanía ni tener la mejor empleomanía con las escalas más bajas y los peores salarios”.

Además, el DTRH opera todavía con una primitiva plataforma cibernética basada en lenguaje COBOL, y su Sistema Automatizado de Beneficios (SABEN) data del año 1985. Afortunadamente, esperan remplazar pronto ese sistema con uno moderno, pero ese cambio tomaría la menos hasta el año próximo.

Por otro lado, las demoras se agravan por el hecho que algunos reclamantes no llenan correctamente las solicitudes, no responden a las llamadas del DTRH, no proveen información y documentos necesarios, entre otros asuntos.

“Los números hablan por sí mismos. Ustedes mismos, como Departamento, están sufriendo lo que sufre el pueblo. Para empezar el Departamento no tiene suficientes empleados ni empleadas, alguna gente no ha podido regresar por las mismas razones que mucha gente no ha podido regresar a sus trabajos con otros patronos, ustedes lo están sufriendo también, exactamente por las mismas razones, y por las mismas razones que ustedes les están pidiendo a los patronos que denuncien a sus empleados”, sostuvo la senadora Ana Irma Rivera Lassén, presidenta de la Comisión.

La senadora del Movimiento Victoria Ciudadana cuestionó además que “hemos creado una ficción del mundo del acceso a los servicios a través de los medios electrónicos” y se pretenda que los ciudadanos procesen sus solicitudes de manera electrónica, cuando muchos no tienen acceso a la tecnología y la internet.

El secretario reconoció las carencias de la agencia y comentó que “en el caso del Departamento del Trabajo, y lo tengo que decir, previo a mi llegada, por años, nadie se ocupó en el sentido de llevar el Departamento al nivel que debía estar, de invertir en él, de invertir en tecnología, en equipos, invertir en el recurso más importante que es su personal. Porque sin empleados, sin que estén bien remunerados, sin buenas condiciones, es imposible que el Departamento pudiese atender esta emergencia”.

“Nos tocó esta situación, única en la historia, una emergencia jamás planificada, y el Departamento yo diría que estaba en el peor momento histórico al momento de recibir esta emergencia”, agregó Rivera Santiago.

La presentación del secretario del DTRH ante la comisión senatorial se dio como parte de los procedimientos de la Resolución del Senado 122, que dispone realizar una investigación sobre el manejo y funcionamiento de los programas de ayudas por desempleo en Puerto Rico, en el contexto de la pandemia del COVID-19.

De acuerdo con los datos provistos por el secretario Rivera Santiago en su presentación, desde el inicio de la emergencia por la pandemia, en marzo de 2020, hasta el 21 de mayo de 2021, el DTRH ha recibido 748,795 solicitudes iniciales, de las cuales 402,389 eran solicitudes de beneficios de desempleo y sus programas suplementarios, y 346,406 eran reclamaciones de PUA.

Al 21 de mayo pasado, 99,195 reclamantes (32%) se mantenían activos reclamando beneficios de seguro por desempleo y beneficios extendidos. A la misma fecha, había 274,155 (68%) reclamantes que habían dejado de reclamar beneficios.

En cuanto al PUA, según los datos registrados en la plataforma FastPUA que creó el DTRH para atender ese segmento de manera más ágil, al 27 de mayo de 2021 se habían registrado 510,421 solicitudes iniciales. Otras 1,667 solicitudes iniciales estaban registradas en el programa MEUC (beneficios suplementarios de Compensación por Desempleo para Trabajadores con Ingresos Mixtos, por sus siglas en inglés).

Entre el 16 de marzo de 2020 y el 26 de mayo de 2021, se les había pagado beneficios a 277,742 reclamantes del seguro por desempleo y programas suplementarios. Mientras, 110,647 reclamantes fueron adjudicados como inelegibles.

En total, entre abril de 2020 al 26 de mayo de 2021, se han desembolsado para el pago de beneficios de seguro por desempleo y programas suplementarios $6,833 millones, así como otros $2,004 millones en pagos de beneficios de PUA y programas suplementarios.

En cuanto a las reclamaciones pendientes, al 21 de mayo de 2021, quedaban todavía 75,880 reclamantes con puntos controvertibles. Sin embargo, dado que hay reclamantes con más de un punto controvertible, a esa misma fecha el total de puntos controvertibles por aclarar estaba en 95,580.

Específicamente en el programa del PUA, al 27 de mayo pasado había 147,908 reclamaciones activas, y 362,513 reclamaciones denegadas. Del total de reclamaciones activas, hay 91,751 reclamantes activos cobrando, 119, 826 reclamantes activos que continúan reclamando semanas, y 21,095 reclamantes con puntos controvertibles.

Por otro lado, la senadora Rivera Lassén cuestionó el sistema que ofrece una “respuesta robótica” que no explica a la persona cuál es el error que debe subsanar, creando aún más desespero en aquellas personas que están angustiadas por la dificultad económica que atraviesan.

“Estamos en una situación terrible que ha aumentado, no solamente las cantidades, ha aumentado el dolor de la gente que no tiene ingresos, pero tampoco tiene acceso adecuado a las ayudas que se le están ofreciendo, porque no tiene el acceso adecuado al sistema, ustedes no tienen gente suficiente para contestar más allá del robot. El robot le va a seguir diciendo a la gente lo mismo, lo sabemos. La gente va a entrar, no sabe qué es lo que tiene que contestar, el robot no le va a contestar, por lo tanto, se quedan en un círculo vicioso. Y ahí es donde estamos”, lamentó Rivera Lassén.

La senadora Elizabeth Rosa Vélez aprovechó la vista para cuestionar el prolongado tiempo de espera en llamadas telefónicas al DTRH, y aseguró que hizo el ejercicio de llamar ella misma a la agencia para verificar el funcionamiento de esos números telefónicos.

“Me di a la tarea de comenzar a llamar desde mi celular a los números que ustedes tienen. Y nunca recibí respuesta, nunca, nunca, nunca. Y no llamé un día, ni dos, ni tres, ni cuatro, ni cinco. Estuve 10 días llamándolos a ustedes y nunca recibí una respuesta del Departamento del Trabajo que me dijera, que me pudiera contestar. Nunca”, condenó la senadora.

Aunque el secretario mencionó que el DTRH tienen dos Centros de Atención a Llamadas, uno en San Juan y otro en Ponce, allí laboran apenas 20 empleados, de manera que “debido al alto volumen de llamadas que recibimos, en comparación con la cantidad de empleados que tenemos disponibles para atender las mismas, el tiempo de espera es significativo”. El secretario agregó que ese sistema estaba pensado para “un trabajo individual, de persona a persona”, y cuando atendían unos 50,000 casos “se podía manejar. Pero cuando son 900,000, es imposible”.

El secretario dijo que han hecho esfuerzos para contratar más empleados, pero no han tenido mucho éxito, entre otras cosas por los bajos salarios.

“Solicitamos sobre 100 puestos transitorios, y de esos 100 solo pudimos entrar 33, porque las escalas son muy bajas, no ha habido forma. Ahora mismo tenemos convocatorias otra vez abiertas, pero de la misma manera no conseguimos personal. Hemos solicitado que nos aumenten las escalas, porque con esas escalas tan bajas no van a llegar”, lamentó Rivera Santiago.

Comoquiera, el secretario quiso destacar algunos aspectos positivos y resaltó que “ya han ido bajando las reclamaciones. Sí se ha logrado, a pesar de todo este panorama, se ha desembolsado $8,000 millones, es mucho dinero. Mucha gente ha recibido el beneficio. Algunos incluso implican que no consiguen empleados precisamente porque se han dado beneficios de desempleo. Así que el efecto se ha visto en la calle. Esto es un reto diario, cada día hay que buscar formas creativas, como lo hemos hecho. Esto es todos los días, ver qué situación tenemos y cómo podemos mejorarlo”.