La pesquisa interna que realiza el Departamento del Trabajo para intentar corroborar reportes de prensa que apuntan a la venta de favores dentro de la agencia para ayudar a solucionar los problemas que confrontan miles de ciudadanos en sus reclamaciones del desempleo no ha logrado detectar a ni una sola persona en este patrón ilegal.

Secretario del Trabajo: “No hay una varita mágica para solucionarlo todo”

Así lo confirmó este viernes el secretario del Trabajo, Carlos Rivera Santiago, en entrevista con Primera Hora.

“Al momento, está bajo investigación. Hemos escuchado a través de los medios y es de conocimiento público muchas alegaciones. Sin embargo, no tenemos un nombre particular, no tenemos una persona en particular para poder trabajarlo”, precisó.

Según trascendió en el segmento que lidera el columnista de Primera Hora, Jay Fonseca, en el programa Día a Día que se transmite por Telemundo, empleados de la agencia cobran entre $300 a $400 por solucionar los problemas que sufren miles de ciudadanos que reclaman el desempleo.

Rivera Santiago recordó que es ilegal, tanto a nivel estatal como federal, que alguien cobre por favorecer un trámite dentro de una agencia de gobierno.

Al dirigirse a la ciudadanía, afirmó que “estén conscientes que por recibir un servicio usted no tiene que pagar nada a nadie, ni pagarle $200 ni ninguna cantidad y, que esté claro el que está haciendo eso, está cometiendo un acto ilegal. Denúncielo, porque no podemos permitir que gente inescrupulosa, sea quien sea, de alguna manera se lucre de algo que el trabajador y las personas tienen derecho. Eso es inaceptable. No tenemos un nombre, pero si alguien tiene conocimiento, aprovechamos para que dé el nombre para inmediatamente poder referir a las agencias pertinentes”.

El titular expuso que ya ha tenido comunicaciones con la Fiscalía federal y con el Departamento de Justicia para colaborar en la pesquisa y lograr procesar a los responsables, si es que verdaderamente este caso de cobro por servicios se está dando en el Departamento del Trabajo.

El funcionar aceptó que estas alegaciones afectan la imagen de los empleados del gobierno y del Departamento del Trabajo.