La Cámara de Representantes aprobó dos resoluciones para investigar la labor del Departamento de la Familia en el cuatrienio pasado, una de las cuales se relaciona con la acumulación de sobre 42,000 querellas sin atender y la otra con los problemas que enfrentan varios centros Head Start que estaban bajo la administración de una dependencia de esa agencia.

Las dos resoluciones son parte de un total de nueve que aprobó el cuerpo legislativo en su sesión de hoy, siete de las cuales son de investigación.

La resolución para investigar las querellas le asigna la pesquisa a la Comisión de Bienestar Social y para la Erradicación de la Pobreza e incluye un examen de la manera en que esta agencia está desempeñando sus funciones a la luz de la Ley para el Bienestar y la Protección Integral de la Niñez”.

Esta medida, al igual que la otra que involucra al Departamento de la Familia, provocó un extenso debate entre las delegaciones de los partidos Popular Democrático y Nuevo Progresista.

El PNP acusó a la mayoría popular de desarrollar una campaña de investigaciones sobre el funcionamiento de agencias gubernamentales bajo la pasada administración que dirigía Luis Fortuño.

La resolución sobre los Head Starts, ordena una investigación exhaustiva sobre la administración, manejo y desembolso de fondos federales por parte de la Administración para el Cuidado y Desarrollo Integral de la Ninez (Acuden), tras ser colocada en una lista de concecionarios de “alto riesgo”.

Otra investigación aprobada es sobre los programas de protección a testigos de delitos. Las Comisiones de lo Jurídico y de Seguridad Pública, que tienen a su cargo la misma, deberán evaluar también las condiciones del albergue de testigos.

La primera de estas comisiones tendrá a su cargo también investigar el efecto de la aprobación de la ley que eliminó la colegiación compulsoria de los abogados sobre la institución del Colegio de Abogados.

Las otras investigaciones acordadas son sobre las razones que llevaron al cierre, abandono y deterioro de múltiples espacios comerciales en Puerto Rico, y sobre el establecimiento de la Ley 212 de 2008, que dispone que toda póliza de contrato de seguro médico incluya el tratamiento de la obesidad mórbida y síndrome metabólico con la cirugía bariática.

Las medidas fueron aprobadas a viva voz y estaban pendientes, varias de ellas, de su aprobación por lista, lo que no había ocurrido pasadas las 9:00 de la noche.

A esa hora los representantes esperaban el inicio de la discusión del proyecto de ley que establecería la reforma legislativa que presentó la delegación del PPD en la Cámara.