El secretario de Justicia, César Miranda, reconoció que el gobierno de Puerto Rico incurrirá en costos altísimos por concepto de pago de abogados  y peritos para  las demandas que pudieran ventilarse relacionadas con la Ley de Quiebra Criolla y el pleito que se proponen presentar contra la  acreditadora  Moody's.

Miranda, insistió de otra parte,  en que proceden las acciones legales que se proponen radicar contra Moody's  por los múltiples  daños ocasionados tras la degradación  a tres niveles, de toda la deuda del Gobierno.

Al inquirirle al Secretario en torno a los abogados que llevarán los pleitos, indicó que utilizarán recursos internos de la agencia,  que considera de excelencia. 

“Cuando necesitemos recursos externos, los buscaremos también”, dijo.

Cuestan caros, le planteamos.

Sí, cuestan caros. Todo es caro. Lo importante es que hay que hacer el trabajo y utilizar los recursos. La manera de economizar es lo que hacemos: tenemos recursos excelentes, buenos abogados y abogadas en el área  de litigio y de investigación. Hacemos todo el trabajo de base y solo contratamos abogados externos  cuando hay áreas de peritaje.

Hay quien sostiene que la demanda no procede. 

Quien lo cuestione debe saber que estas  compañías han sido objeto de demandas. Recientemente hubo una transacción con el estado de Conneticut, en la que Moody's, Fitch y Standar & Poor  fueron demandadas y han tenido que pagar sentencias a favor de los estados demandantes. Todo depende del fundamento bajo el cual se va a demandar 

¿Bajo qué fundamentos se demandaría?

Los fundamentos van a estar condicionado al efecto de acciones infundadas en este caso, porque causan daño. La acción de Moody's es totalmente infundada. No guarda una correlación lógica con la realidad de Puerto Rico y las acciones que toman.

En este caso, es una degradación  generalizada, en lo que se conoce como  across the board, de las entidades en Puerto Rico.

“No puede ser que todas estén en igual situación  económica  para tu degradarle a  tres escalas a cada uno. No tiene tampoco sentido lógico  que tú degrades a unas instituciones como es el crédito garantizado por Cofina y el crédito constitucional,  los go's (general obligations), que  tienen garantía constitucional, sabiendo que son valores que se están mercadeando bien y con un valor estabilizado. ¿Por qué las degradas?  No tienen ningún sentido de lógica esa acción”, reiteró.

Miranda insistió en  que  cualquier entidad que actúa irresponsablemente y que causa daño por esa acción, se le puede demandar.

“Eso es un proceso que conlleva un análisis jurídico muy extenso y es lo que estamos haciendo”, puntualizó.

En términos generales, ¿qué daños?

Con este tipo de acción infundada, daños múltiples. En la medida en que eso ocasiona un aumento en la prima de interés  que Puerto Rico tiene que pagar, nos está causando un daño a todos. En la medida que esa acción infundada e ilógica pueda ocasionar una baja en el precio de los bonos de Puerto Rico, pues  también se le está causando un daño individual a las personas que han adquirido los bonos de Puerto Rico.

La realidad de esta acción de Moody's, dijo Miranda, se centra  en la acción que ha tomado el Gobierno de Puerto Rico,  al aprobar la Ley de Cumplimiento de Deuda y Recuperación de las corporaciones  públicas.

“Ellos lo admiten. ¿Y qué  ha hecho Puerto Rico? Crear para su corporación pública un instrumento que les permita pagar bajo unas condiciones más favorables, pero  que en forma alguna, el Gobierno de Puerto Rico y sus corporaciones  públicas han dicho que no van a  pagar. Es un mecanismo de pagar bien, sin estrangular la existencia misma de esa corporación”, expuso.

En torno a la demanda federal radicada por un grupo de bonistas que impugnan la Ley de Quiebra Criolla, Miranda indicó que van a recurrir  diversos reclamos, pero no soltó prenda.

“No estamos en posición de anticipar”, apuntó.